México, 12 mar (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que el proceso de discusión que está llevando a cabo la Organización de los Estados Americanos (OEA) para reforzar los derechos de los indígenas plantea “demasiados obstáculos” para que estos participen activamente y se escuche su voz.
A través de un comunicado, la asociación sostuvo que “la notificación tardía de las reuniones de este año y el muy limitado apoyo financiero para que los representantes indígenas puedan asistir a las negociaciones en Washington” imposibilitan que sean tenidos en cuenta de forma “efectiva” de cara a la nueva Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Además, a estos impedimentos se le añaden “las presiones para concluir rápidamente la negociación de numerosas cuestiones pendientes”.
Ayer, la OEA concluyó la segunda de las cuatro reuniones que tiene planificadas para este año, destinadas a concluir esta declaración regional, en la que lleva trabajando “casi dos décadas”.
La declaración, una vez acabada, fortalecería el cumplimiento de la normativa de la misma materia aprobada por las Naciones Unidas en 2007, explica AI.
Asimismo, se podría “apoyar el fortalecimiento del sistema regional de Derechos Humanos en relación con las necesidades específicas de los pueblos indígenas de las Américas”.
Por ello, al hablar de la legislación que afecta a sus derechos, se requiere “la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en todas las decisiones”, y que sus voces “sean escuchadas y consideradas adecuadamente”.
“Si los estados miembro de la OEA quieren mostrar un compromiso real hacia los derechos de los pueblos indígenas tienen que aprovechar esta oportunidad para trabajar en colaboración con ellos”, indica la organización.
AI aprovechó para especificar que las mencionadas dificultades se vuelven más “inquietantes” si se tiene en cuenta los “continuos esfuerzos” de algunos de los estados para “debilitar” el proyecto de declaración.
En este sentido, la organización muestra su preocupación por los intentos de algunos de ellos por “condicionar la aplicación del instrumento internacional a la legislación nacional”, que puede ser “inadecuada” e incluso “discriminatoria” para los pueblos indígenas.
También señala los impedimentos que entraña el empeño de algunos actores de “volver a discutir normas y principios ya aceptados en las sesiones de negociación previas”.
No obstante, considera positivo que en el proceso de discusión de la nueva declaración se haya establecido que la anterior de las Naciones Unidas sea “el estándar mínimo de protección de los Derechos Humanos”.
