Millones de inmigrantes que podrían beneficiarse de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama se encuentran en medio de la incertidumbre y confusión por la compleja batalla judicial que enfrentan las medidas del mandatario.
“Yo no entiendo nada. Lo único que sé es que cada vez más se pierden las esperanzas para que salgamos de las sombras”, expresó a El Tiempo Latino, Scarlet, una inmigrante boliviana, residente en Fairfax, quien prefirió no dar su apellido.
Ella es madre de dos niños nacidos en este país y —al igual que unos 3 millones de padres indocumentados con hijos ciudadanos o residentes permanentes— podría beneficiarse de la Acción Diferida para Padres (DAPA) anunciada por Obama en noviembre.
Las medidas del presidente Obama se enfrentan a una compleja batalla judicial que muy pocos entienden.
El martes 26 un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de New Orleans rechazó un pedido del Gobierno para levantar el bloqueo de las órdenes ejecutivas impuesto por el juez de Texas Andrew Hanen.
Sin embargo, ahora la expectativa está puesta en una audiencia en el mismo tribunal que se realizará el 6 de julio para revisar otra apelación.
“Lo que sucede es que hay varios recursos a los que el Gobierno ha recurrido para apelar la suspensión temporal”, explicó Edgar Aranda-Yanoc, de la Coalición de Organizaciones Latinas de Virginia (VACOLAO).
Hay que entender que existe una demanda de fondo presentada por 26 estados en la corte de Texas contra la constitucionalidad de la medida. A inicios de febrero, estos estados pidieron al juez Hanen que aprobara un interdicto (preliminary injunction) para suspender las medidas migratorias mientras se resuelva la demanda de fondo. Hanen emitió el interdicto y el programa se suspendió temporalmente antes de entrar en vigor.
Una de las primeras reacciones del Gobierno fue apelar en la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans con una medida de emergencia. Ésta es la que fue rechazada el martes. El Gobierno dijo que no llevará esta causa a la Corte Suprema. Se concentrará en otro recurso que sometió: la apelación a los méritos del interdicto, cuyos argumentos se oirán el 6 de julio. “La pregunta será si hubo una base legal para que Hanen girara el interdicto”, dijo Aranda-Yanoc.
La vía legal continúa. Aún no se ha tratado la demanda de fondo y se espera que ésta llegue a la Corte Suprema.
Reacción en la calle
Activistas pro inmigrantes llamaron a los indocumentados a no perder la calma frente a la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans de mantener la suspensión temporal de las medidas migratorias del presidente Barack Obama para regularizar a unos 5 millones de personas sin papeles.
“Esto nos retrasa, pero no nos derrota… Esta decisión no es la palabra final”, manifestó el director ejecutivo de la organización America’s Voice, con sede en Washington DC.
El martes 26 de mayo, la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito —una de las más conservadoras del país— rechazó la petición del Gobierno para levantar el bloqueo temporal del alivio migratorio que anunció en noviembre el presidente Barack Obama para un grupo de jóvenes indocumentados y para los inmigrantes que tuvieran hijos ciudadanos o residentes permanente.
La suspensión temporal la dictaminó en febrero el juez federal de Texas, Andrew Hanen, a petición de 26 estados encabezados por Texas, que han interpuesto una demanda contra las acciones ejecutivas del mandatario.
El martes, un panel de tres jueces —dos nombrados por presidentes republicanos y el tercero por un demócrata— fallaron 2 a 1 para no aceptar el pedido del Gobierno y así continuar con la suspensión de las medidas migratorias, que de no ser por el bloqueo de la corte hubieran entrado en vigor el 18 de febrero y el 19 de mayo.
Una de las medidas expande el programa federal DACA que protege a los jóvenes indocumentados. La otra es DAPA, que beneficia a los padres que tienen niños ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
La resolución del panel no sorprende pero frustra a los activistas. “Esta decisión era previsible. En cierta manera era de esperarse que este panel de jueces negaran el pedido de emergencia del Departamento de Justicia”, expresó Edgar Aranda-Yanoc, presidente de la Coalición de Organizaciones Latinas de Virginia (VACOLAO).
Por su parte Sharry dijo que “confiamos que cuando lleguemos a tener un panel de jueces que decidan en base a una clara lectura de la ley y no en sus inclinaciones ideológicas, los inmigrantes y sus familias ganarán”.
Contra esta decisión de la corte de apelaciones, el Gobierno puede interponer una medida cautelar de emergencia ante la Corte Suprema, dijo Aranda-Yanoc.
Cabe recordar que la suspensión temporal de los programas fue emitida como una medida cautelar mientras se resuelve la demanda inicial que sometieron los 26 estados contra el Gobierno en la corte que preside Hanen.
El juez Hanen no ha indicado aún cuando dará su fallo sobre el caso inicial que cuestiona la constitucionalidad de las acciones ejecutivas. Cuanto más demore en responder, más se dilata el proceso.
Se anticipa que Hanen falle a favor de los demandantes, por lo que el próximo paso para el Gobierno sería apelar nuevamente en la corte de Nueva Orleans. De no tener una respuesta favorable —como se cree— entonces se llevaría el caso de la demanda a la Corte Suprema, algo que puede favorecer a Obama, dado que el máximo tribunal emitió un fallo en 2012 que respaldó la discrecionalidad del Gobierno en la aplicación de las leyes de inmigración.
La batalla también es contra el reloj. “Se sabe que si llega a la Corte Suprema, la ley estará a favor de las medidas presidenciales, pero todo es cuestión de tiempo”, dijo Aranda-Yanoc.
