Un tribunal federal —La corte de apelaciones del 5º circuito— rechazó la petición de la administración Obama para que se permita la implementación de las órdenes ejecutivas del presidente sobre inmigración.
La decisión se decantó con dos jueces a favor del mandato judicial interpuesto y uno en desacuerdo. Este último argumentó que el presidente actuó en el marco de su autoridad ejecutiva al emitir una orden ejecutiva que se explicó como la respuesta presidencial al estancamiento en el Congreso del tema migratorio.
La puesta en práctica de la Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Legales (DAPA) y la expansión de la Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), emitida en 2012, proporcionaría protección por tres años contra la deportación y otorgaría el acceso a permisos de trabajo a unos 5 millones de inmigrantes indocumentados.
Sin embargo, este veredicto significa que el gobierno federal no puede implementar ni DAPA ni DACA en tanto la corte del 5º Circuito considera la apelación del Departamento de Justicia contra el mandamiento judicial interpuesto por el juez Hanen.
El juez federal en el estado de Texas, Andrew Hanen emitió un mandamiento judicial a mediados de febrero deteniendo temporalmente la implementación de DAPA y DACA.
Ahora la corte del 5º Circuito celebrará una audiencia para decidir si levanta la medida cautelar. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia podría solicitar de la Corte Suprema que imponga una suspensión de emergencia contra la medida. Otro grupo de jueces del 5º Circuito escuchará argumentos sobre la constitucionalidad de DAPA y DACA la semana del 6 de julio. Y mientras las cortes debaten, millones de familias inmigrantes viven en limbo. Todo porque un coro de disconformes, armados con herramientas legales, asegura que su manera de buscar una solución al tema migratorio es llevar a juicio al presidente de Estados Unidos.
Es obvio que algunos —jueces incluidos— piensan que los inmigrantes indocumentados no son “the people” a quienes se refiere la Constitución. Y ya que el tema de esa “no-people” se quedará sin resolver, entre litigios, posiblemente hasta entrado 2016, ¿qué hace la administración Obama? Culpar a los republicanos mientras mantiene la política de deportaciones más dura de cualquier presidente: ha habido más de dos millones de deportados desde que Obama llegó a la presidencia.
Pero dejando de lado la responsabilidad republicana —¿se puede hablar de “demanda legal partidista”?— está claro que Obama debe detener la maquinaria deportadora de su gobierno, con o sin las órdenes ejecutivas en efecto.
Mientras, un retraso no es una derrota para el periodista ganador del Premio Pulitzer, José Antonio Vargas, quien vive en EEUU desde los 12 años; ni para Aly Wane, un politólogo que llegó a este país a la edad de 8 años y ha vivido en Nueva York por 25 años; ni para el sociólogo Jong-Min You quien llegó a EEUU cuando contaba un año.
Ellos son ejemplo de una poderosa realidad. Los tres han solicitado la Acción Diferida.
Avendaño es Director de El Tiempo Latino
@albertoavendan1
