La activista Samaya Santos ante la Casa Blanca, el 10 de agosto, durante la concentración contra los centros de detencióm para madres y niños indocumentados
Tucson (AZ), 24 ago (EFEUSA).- Organizaciones proinmigrantes instaron al gobierno de Barack Obama a no dilatar la liberación de madres y niños de los centros de detención de inmigrantes ordenada por una jueza, y preparan los pasos legales a seguir.
Los activistas, que aplaudieron la decisión de la jueza federal Dolly Gee de liberar a las madres con niños que pueden ser beneficiarios de un alivio migratorio, temen sin embargo nuevas demoras legales.
“Nuestra primera preocupación es que el gobierno no dilate la implementación y eso lo vamos a estar revisando con nuestros voluntarios en los centros”, expresó Víctor Nieblas, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
Aunque la jueza Gee ordenó la liberación antes del 23 de octubre próximo, el fallo aún deberá superar el escollo de una nueva apelación.
Por otro lado, los activistas analizan también los pasos legales que enfrentarán estas familias, debido a que la liberación no implica que pueden permanecer legalmente en el país.
“Ellos comienzan un proceso en las cortes de Inmigración para presentar su caso de asilo en su totalidad”, precisó Nieblas.
Resaltó la importancia de que el gobierno se preocupe por aclarar a las mujeres liberadas el proceso que deben seguir porque muchas reciben documentos en inglés que no entienden.
AILA y el Consejo Americano de Inmigración señalaron que la decisión judicial que ordena la liberación de los niños en un plazo de cinco días, de preferencia con uno de los padres, incluyendo el padre con el que fueron detenidos, debe ser un paso definitivo y la administración Obama debe actuar de manera rápida.
“Es muy posible que el gobierno apele la decisión y lo que nosotros pensamos es que debe tomar medidas inmediatas y dramáticas para poner fin a la detención de familias”, sostuvo Nieblas.
Según especialistas en leyes migratorias, algunas familias inmigrantes recibirán la orden para presentarse ante una corte a los veinte días de ser liberados, mientras para otras puede tomar más tiempo.
“Cuando reciban la orden cada familia deberá solicitar un cambio de corte dependiendo el estado donde vayan a establecerse, ahora están bajo la jurisdicción de Texas y Pensilvania”, explicó Yanci Montes, representante legal del grupo El Rescate.
La abogada indicó que la mayoría de estas madres huyeron de la violencia para pedir asilo en el país, pero aclaró que este beneficio es muy difícil de ganar.
“Los jueces exigen muchas pruebas que para algunas familias son difíciles de conseguir”, explicó Montes.
No obstante, indicó que en los casos de los menores que llegan solos la situación es diferente porque ellos pueden presentarse ante un oficial de asilo y tienen muchas más opciones para quedarse.
La Agencia de los Derechos Humanos del Comité de Servicio Unitario Universalista (UUSC) sostuvo que el fallo llega ante la oleada de protestas de defensores de derechos humanos y de los indocumentados que han expuesto la realidad que viven casi 1.400 detenidos en centros familiares.
UUSC y una coalición de organizaciones de Texas han denunciado los abusos, el maltrato y los efectos negativos que ha causado en los niños la detención en estos centros.
Rachel Gore Freed, una directiva de UUSC, cuestionó que se ha ignorado que la violencia urbana en Honduras, lo mismo que la inestabilidad en Guatemala y El Salvador, “es la mayor crisis humanitaria fuera de Siria e Irak, y que tenemos la obligación moral y legal para ayudar a estos refugiados”.
Enfatizó que en lugar de invertir dinero en la construcción de centros de detención y litigios legales, el gobierno debe desarrollar alternativas políticas que sean humanas, realistas y rentables.
El Departamento de Seguridad Interna (DHS) informó que revisará las solicitudes de las familias lo más rápido posible, lo mismo que la decisión de la juez Gee, según el diario Los Angeles Times.
Durante el año fiscal 2014, que terminó 30 de septiembre pasado, las autoridades detuvieron a 62.848 unidades familiares en la frontera sur del país, al 31 de julio pasado han sido detenidas 29.407.
De acuerdo con las autoridades migratorias hubo una reducción del 53 % en el cruce de familias.
