Almagro está dando un primer paso en la reivindicación del cargo que ejerce, devaluado por Insulza todos estos años, mostrando que sí se puede imponer una agenda desde esa posición y que en ella no se está a merced de la que impongan los Estados miembros.
¡Éramos pocos y parió la abuela! Esa debe ser la sensación que abruma al Gobierno de Maduro a esta hora. Los eventos en Haití y la Fiscalía de Nueva York llegan días después de confirmado que la brecha en la intención de voto favorable a la oposición en las elecciones parlamentarias se ubica en 30%; y el discurso en Ginebra para asumir la silla de Venezuela en el Consejo de los DDHH ocurre con el preludio de la carta que envía el Secretario General de la OEA, Almagro, al CNE, donde cuestiona en profundidad no solo las garantías electorales ofrecidas por el organismo electoral, sino que alude en forma abierta e indisimulada al desempeño antidemocrático del Gobierno.
¿Y la economía? Empeora sin que nadie le conceda la más mínima credibilidad a las excusas del Gobierno ni a los ataques orientados a responsabilizar al sector privado, y con especial encono a Empresas Polar.
Es muy simple entender por qué nadie les cree el cuento. El país ha visto que las expropiaciones culminan en cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo, así como de merma en la producción nacional. Y el ciudadano está perfectamente consciente de que todo es importado, salvo lo que todavía producen precisamente esas empresas a las que se quiere culpar de la crisis.
En ese contexto sobrevienen dos asuntos de especial impacto en el contexto electoral del país: la carta de Almagro y el “narco-affaire” que ahora se ventila judicialmente en Nueva York.
El Secretario General de la OEA es un hombre de izquierda y seguramente desarrolló una estrecha relación con Nicolás Maduro, pues les tocó a ambos ser cancilleres de los gobiernos más que aliados, amigos, de Pepe Mujica y Hugo Chávez. Lo que dice la carta había sido expresado por muchas voces, pero nunca por la OEA; y menos por alguien con el “gravitas” que tiene Almagro en ese espacio político, donde el chavismo había encontrado neutralidad –y apoyos- en América Latina. Almagro está dando un primer paso en la reivindicación del cargo que ejerce, devaluado por Insulza todos estos años, mostrando que sí se puede imponer una agenda desde esa posición y que en ella no se está a merced de la que impongan los Estados miembros.
En síntesis, la misiva de Almagro le sube muchísimo el costo político al Gobierno venezolano y a su inexplicable determinación de evitar toda forma de observación electoral por parte de la OEA. Cuesta semejante absurdo estratégico por parte del Gobierno porque, con lo que arrojan las encuestas, el ventajismo y el fraude puntual por circuitos no da para evitar un posible triunfo opositor en las elecciones parlamentarias. Entonces, para qué pagar ese inmenso costo político internacional y perder por partida doble. Mejor hubiese sido perder las elecciones con observación. Al fin y al cabo, dado que lo primero parece inevitable, lo segundo les habría permitido mayor margen de maniobra de cara a la crisis de imagen que tiene el Gobierno por falta de desempeño democrático.
Si esto fuera poco, la epístola de Almagro coincide con un “narco-affaire” escandaloso como pocos. Ahora el Gobierno (y muchos dentro de régimen) está emplazado a decidir si toma distancia de los acontecimientos -e incluso permite que se abran averiguaciones también en el país- o intenta justificarlos y falsificarlos. En este último caso sería muy cuesta arriba que cualquier líder latinoamericano, incluso los mismos cubanos, pueda hacer algo por Maduro y su suerte, arrastrando a todos los que permanecen cómplices dentro del régimen sin expresar sus desacuerdos.
Al mismo tiempo, están las encuestas. La tendencia es de creciente deterioro en el apoyo al Gobierno (ya bastante menos del 20%). Este descontento incide en la intención de voto a favor de la oposición, sin que parezca viable para el Gobierno sacar algún partido de la coyuntura promoviendo la abstención. La ciudadanía parece dispuesta a votar y castigar al Gobierno.
¿Significa esto que el trabajo está hecho? No, nunca lo está hasta que se entra en el terreno de la movilización electoral y la defensa del voto. No siendo esta una contienda electoral nacional, sino 87 elecciones por circuitos (en algunos de los cuales la oposición carece de músculo organizativo o el Gobierno tiene capacidad de actuación en la oscuridad), los retos son complejos.
El elector debe estar consciente de cuáles son sus desafíos en la actual circunstancia. Y el más prominente es de organizarse para apoyar decididamente a los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática.
Ningún ciudadano consciente puede delegar su movilización, no la de grupos de personas a quienes puedan persuadir de votar, en manos de otro, ni siquiera de los políticos o los partidos. Es la hora de la sociedad civil y del pueblo organizado en acción electoral; y los partidos deben ofrecer para ello herramientas de apoyo. Allí radica la clave del 6 de diciembre, al margen de lo que digan los sondeos.
Al evaluar los acontecimientos en desarrollo, se visualiza lo cerca que estamos de testimoniar una derrota electoral del Gobierno. Es una misión urgente para Venezuela, demostrado como está que este régimen, además de los flagelos sociales y económicos que nos ha impuesto, exhibe una convivencia nefasta con el crimen organizado que ha crecido al amparo de la impunidad.
Leopoldo Martínez Nucete es un politólogo y consultor internacional residente en Washington, DC.
