La diputada Karina Sosa quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores en la Asamblea Legislativa de El Salvador, llegó a Washington la semana del 8 de febrero para sostener una serie de reuniones con legisladores del Senado y de la Casa de Representantes en el Congreso de Estados Unidos, donde predominó el tema de los inmigrantes salvadoreños y centroamericanos que tienen pendientes procesos de deportación.
“En este contexto de las deportaciones hemos tomado una serie de medidas para implementar en coordinación con el gobierno de El Salvador, la cancillería, y los parlamentos de la región centroamericana donde emitimos un pronunciamiento en el que manifestamos nuestra preocupación y exhortábamos a que se respetara los derechos humanos de nuestra población migrante”, dijo la diputada Sosa en rueda de prensa la tarde del martes 9, en la sede de la embajada de El Salvador en Washington.
En la visita de tres días que incluyó reuniones con congresistas como Luis Gutiérrez (D-Illinois) y otras figuras del Caucus Hispano del Congreso, la funcionaria que asistió en solitario a la capital nacional, dijo que su mensaje es como portavoz del grupo parlamentario conformado por diferentes partidos políticos de su país y los otros congresos.
Una de las encomiendas que según Karina Sosa trajo como petición de sus colegas salvadoreños y centroamericanos es que los congresistas visiten la región, no sólo El Salvador, sino también Honduras y Guatemala para ver las condiciones que están impulsando las migraciones irregulares desde el Triángulo Norte de Centroamérica, donde hay una seria crisis en materia de inseguridad pública, desempleo y extrema pobreza.
Para la funcionaria es “importantísimo” tomar acción como país, pero también como región y agregó que la iniciativa con sus colegas del istmo es porque la serie de deportaciones que se esperaba tuvieran lugar desde enero de este año, luego que trascendiera por una filtración a The Washington Post, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su brazo operativo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, pondrían en marcha ese plan dirigido contra los grupos familiares de centroamericanos que llegaron durante los años 2014 y 2015 y los que no calificarán para ningún alivio migratorio.
“Estamos claros de las decisiones que puedan tomar los países en relación a sus asuntos de seguridad en su marco legal. Sin embargo tenemos un fuerte compromiso como funcionarios públicos de acompañar y procurar que se respete los derechos humanos de nuestra gente”, dijo.
Si bien El Salvador ve como positivo que gracias al apoyo de organizaciones pro inmigrantes y de asistencia legal se haya impedido la deportación de una veintena de personas que eran requeridas para ser expulsadas del país, de este grupo sensible, también reconoció que los vuelos fletados de deportados siguen llegando con regularidad a El Salvador.
Para una muestra en el año fiscal 2015 las estadísticas de la Oficina de Inmigración de El Salvador reflejan que hubo 21.752 salvadoreños deportados desde Estados Unidos, un número inferior a los 28.142 que hubo el año 2014.
Sin embargo, un dato importante es que ese mismo año, 2014, las deportaciones por vía terrestre procedentes de México fueron 22.317, pero para el año que recién finalizó los retornos forzados desde México se disparó a 30.645, lo que indicaría que el trabajo de retención está operando desde el país azteca.
La situación de inseguridad y violencia descontrolada en El Salvador —donde se registró más de 1.000 homicidios en 2015 catapultándolo como el país más violento del hemisferio occidental, con tasas de muertes violentas que superan las 100 por cada 100.000 habitantes— es una de las causas que han impulsado una estampida de madres y menores de edad que hacen el recorrido para llegar a Estados Unidos de forma irregular.
Guatemala y Honduras no se quedan atrás con el tema de la inseguridad ciudadana y la evidencia quedó demostrada en el verano del año 2014 cuando miles de madres con niños y menores de edad no acompañados coparon los albergues en la frontera sur con México.
Esa crisis despertó una alerta en el gobierno federal de Estados Unidos y las organizaciones pro inmigrantes al llegar a calificar la situación como una “crisis humanitaria de los niños migrantes”.
Las organizaciones hicieron fuertes reclamos para que se pusiera más atención a la inseguridad ocasionada en gran parte por las temidas pandillas MS-13 y Mara 18 en los tres países (Guatemala, Honduras y El Salvador). También para que prestarán más atención a los carteles de la droga y otras bandas que han acosan la región, y que se diera refugio a los grupos familiares que huyen por seguridad a Estados Unidos.
A la fecha el gobierno federal ha flexibilizado y puesto en marcha una serie de planes de contingencia, como ampliar las peticiones de refugiados para menores de edad y de asilo para grupos familiares, que provengan de esos tres países.
Las organizaciones pr inmigrantes y un nutrido grupo de congresistas también han solicitado al presidente Barack Obama que se ofrezca un Estatus de Protección Temporal, (TPS, por su siglas en inglés) para esas familias que han llegado huyendo de la violencia en estos países.
Sin embargo esta petición tiene que venir de los mandatarios de los propios países centroamericanos.
