Esta temporada electoral en los Estados Unidos dejó algo bastante claro: sin importar los resultados de las elecciones presidenciales, existe una proporción importante de la ciudadanía estadounidense que desea una política migratoria más restrictiva. Esto puede implicar la imposición de mayores restricciones para el ingreso de extranjeros, y posiblemente la deportación de indocumentados y delincuentes procedentes de América Latina. Aunque los latinos hacen grandes aportes para hacer de los Estados Unidos el gran país que es, pecaría de sesgado si no reconociese que algunos inmigrantes latinos muestran un menor respeto por la legislación y la sociedad estadounidense, ya sea involucrándose en actividades criminales, abusando del sistema de seguridad social, etc.
Estados Unidos, como una nación soberana, está en todo su derecho de castigar a aquellos inmigrantes que violan sus leyes de acuerdo con la legislación existente, y de generar nueva legislación migratoria de acuerdo con los intereses de sus ciudadanos. Como un salvadoreño que ni siquiera habita en los Estados Unidos, no me encuentro en posición de requerir una política de fronteras abiertas, ni de expresar algún tipo de queja si criminales procedentes de mi país son deportados. Sin embargo, existe un tema que me preocupa profundamente, y me siento obligado a llamar la atención acerca de ello. Me preocupa que EEUU lleve a cabo un cambio drástico en su política migratoria sin tomar en cuenta las consecuencias para sus vecinos en el Sur, particularmente en la región conocida como “el triángulo del norte” (Guatemala, El Salvador y Honduras), caracterizada por débiles instituciones democráticas y altos índices de violencia.
Dicha región se encuentra gravemente afectada por la actividad de pandillas, las cuales han causado importantes daños a nuestra sociedad. Dos de las pandillas más activas en el área nacieron, de hecho, en los Estados Unidos, entre inmigrantes latinos, muchos de quienes llegaron huyendo de las guerras civiles en sus respectivos países. Estas pandillas llegaron a la región centroamericana en gran parte debido a las deportaciones de la década de los noventas, aceleradas por la Illegal Immigrant Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA) de 1996 (durante el gobierno de Clinton). Las jóvenes instituciones en nuestros países, apenas recuperándose de los conflictos de los 90s, fueron incapaces de lidiar con este repentino flujo de inmigrantes con antecedentes penales y pandilleriles, llevando a la crisis de seguridad que tenemos ahora.
No es mi intención el culpar a los Estados Unidos de la actual crisis institucional en mi país (mis políticos tienen mucho que ver con eso), simplemente deseo hacer ver que una crisis institucional causada por una política migratoria bipolar puede causar un daño considerable a las ya débiles instituciones del continente, y definitivamente no es la única ni la mejor solución al problema migratorio de los Estados Unidos. ¿Por qué tiene que importarle esto a los ciudadanos americanos? Además de los obvios beneficios de mantener las buenas relaciones entre los países del contiente, considero que está en los mejores intereses de los Estados Unidos el contar con vecinos con instituciones saludables en una época cuando los enemigos de América están a la búsqueda del eslabón más débil. Con una actitud abierta al diálogo, los países de América Latina son capaces de participar en la búsqueda de soluciones que beneficien a los Estados Unidos, sin causar daños innecesarios a las ya debilitadas democracias del Sur.
Martínez es salvadoreño y Estudiante del Programa de Doctorado en Economía de la Universidad Keio. Tokyo, Japón
