El proceso de exhumaciones de cerca de 50 víctimas de una masacre perpetrada por el Ejército salvadoreño, en 1981, avanzan “sin ningún tipo de fisuras”, aseguróel 18 de noviembre el juez que autorizó las pesquisas, Mario Díaz.
“Yo veo como una obra de arte este proceso, porque no tiene ningún tipo de fisuras legales”, con la presencia de la Fiscalía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Policía y representantes de las víctimas, dijo Díaz, juez de Paz de Meanguera (este del país), a la prensa.
Detalló que durante las primeras excavaciones, que iniciaron el pasado 14 de noviembre, no se han dado “discrepancias” entre las partes, como en 2015, cuando ordenó la suspensión de las exhumaciones por prácticas “revictimizantes” de las autoridades.
“Se está trabajando en equipo, no hay problemas en este momento, no hay discrepancias como surgieron con anterioridad” porque los participantes son “personas especializadas en el derecho internacional de los derechos humanos”, acotó.
Responsabilidades
Los resultados de las nuevas exhumaciones de unas 50 víctimas de una masacre de 1981 perpetrada por el Ejército salvadoreño serán prueba “contundente para enjuiciar a los responsables”, aseguró por su parte una ONG de víctimas.
El representante de la organización no gubernamental Tutela Legal “María Julia Hernández”, Wilfredo Medrano, dijo que la organización, que acompaña el proceso de exhumación, espera que el Sistema Judicial y la Fiscalía “se den cuenta de que efectivamente la masacre de El Mozote es un hecho de lesa humanidad y, por tanto, se debe castigar a los culpables”.
“Tenemos muy buenas expectativas de este proceso porque cada vez se está estableciendo la verdad de los hechos y la magnitud de los acontecimientos; además esto permitirá que la verdad jurídica salga a la luz”, manifestó Medrano.
El representante de la asociación indicó que esperan que tanto los “tribunales respectivos como la Fiscalía General de la República fortalezcan la investigación y presenten los requerimientos respectivos en contra del alto mando que en 1981 ejercía el poder militar en este país”.
Medrano enfatizó que dicha masacre fue un hecho de lesa humanidad y que fue cometido a población civil que “no tenía nada que ver con el conflicto armado que enfrentaba el país y que fueron víctimas de asesinos vestidos de militares”.
El Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, del departamento occidental de Morazán, a unos 22 kilómetros del lugar donde se perpetró la masacre, ordenó la “reapertura de este proceso penal” y anuló el sobreseimiento dictado en 1993.
El lunes 14 de noviembre, un equipo de forenses, encabezado por tres miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), inició las exhumaciones en un sitio del caserío El Mozote y dos del caserío La Joya, en los que se esperan recuperar los restos de al menos 26 civiles de entre 1 y 67 años, ejecutados por el Ejército salvadoreño al inicio de la guerra civil que se prolongó entre 1980 y 1992.
Las exhumaciones se extenderán hasta el próximo 9 de diciembre y abarcarán 11 lugares distintos en el perímetro donde se cometió la masacre.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades de élite del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños.
Desde 1992, han sido recuperados los restos de 400 personas que murieron allí.
Durante los doce años de guerra, en los que se enfrentaron la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder como partido político, y el Ejército de El Salvador, financiado por Estados Unidos, murieron unas 75.000 personas y desaparecieron otras 8.000 según cifras oficiales.
