Como veterano de combate de la Infantería de Marina y admirador, desde hace mucho tiempo, del General James Mattis, me entristeció anunciar este mes que no podía concederle una exención para servir como nuestro 26º Secretario de Defensa.
Expliqué que mi decisión estaba motivada no por consideraciones políticas, sino por la preocupación sobre el principio americano de control civil del ejército. Elogié las eminentes cualidades de Mattis y sus habilidades de liderazgo, mientras que afirmaba que este componente central de nuestra democracia debe importar más que cualquier individuo.
Lo que sucedió después fue revelador.
A pesar de mis consideradas palabras recibí un sermón de muchos infantes de marina alrededor del país, incluyendo hombres con los que serví en Iraq. Llamaron y escribieron cartas. Ellos tuitearon y enviaron textos. En lenguaje que no puedo repetir en este espacio, cuestionaron mi lealtad a la Infantería de Marina y a nuestro país.
Paradójicamente, su apasionada defensa de Mattis y su ira hacia mí confirmaron mis reservas sobre su nombramiento. Para mí, la reacción inmediatamente verificó la sabiduría del Congreso al establecer un período de reflexión para los ex líderes militares. El enojo que mi posición suscitó entre muchos de mis compañeros de infantería de marina demostró, aunque en pequeña escala, el peligro para nuestra democracia de que un secretario de defensa llegue al poder con la ferviente lealtad de los hombres y mujeres a quienes él daba órdenes recientemente.
Los miembros del Congreso que en 1947 consagraron en ley este período de separación, recién habían salido de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que nuestros Padres Fundadores, reconocieron que los líderes políticos debían derivar su autoridad de la voluntad del pueblo, no de la fidelidad personal de los miembros de las fuerzas armadas. Como resultado, desconfiaban de que un general decorado se quitara el uniforme y se pusiera de inmediato en un papel ostensiblemente civil. Además, estaban justificadamente aprensivos acerca de la instalación de un secretario de defensa que pudiera percibirse como parcial a un servicio sobre los demás.
Más de medio siglo después, estas preocupaciones siguen siendo muy relevantes. Deberíamos preguntarnos si la reputación de nuestro ejército como una institución altamente profesional y no partidista se vería afectada si sus líderes más respetados pudieran seguir sin problemas hacia posiciones políticas. Es por eso que, en lugar de simplemente aceptar el nominado del presidente-electo Donald Trump, es crítico que nos involucremos en un debate significativo antes de descartar este precedente bien establecido.
La última vez que a un militar retirado se le permitió dirigir el Pentágono, al gran George Marshall, Estados Unidos se enfrentaba a la perspectiva de una derrota ignominiosa en la Guerra de Corea. Incluso entonces, los líderes del Congreso especificaron que su renuncia era una excepción única a la regla. Si bien nuestro país debe enfrentar una serie de amenazas hoy, ninguno de nuestros desafíos de seguridad nacional se compara remotamente con una guerra masiva en el Lejano Oriente. Esta historia debe informar la decisión del Congreso sobre Mattis. Cuando se trata de algo tan básico como el control civil del ejército, creo firmemente que las exenciones deben concederse en circunstancias extraordinarias, no para personas extraordinarias.
Muchos de mis compañeros demócratas no están de acuerdo. Reconociendo el excepcional juicio y capacidad de Mattis, creen que podría servir como contrapeso a Trump, un antídoto parcial a la profunda falta de experiencia y disciplina de nuestro nuevo Comandante en Jefe en materia de seguridad nacional. Ciertamente simpatizo con este punto de vista. Sin embargo, estoy igualmente preocupado por el tipo de decisiones que emanarán de la Casa Blanca si, como parece probable, el asesor de Seguridad Nacional, el secretario de Seguridad Nacional y el secretario de Defensa son todos ex generales. El pueblo estadounidense debe exigir una diversidad de opiniones y experiencias -tanto militares como civiles- en la Sala Situacional.
Cuando se reanude el debate sobre la exención de Mattis en enero, estará en juego un precedente de largo tiempo. Las generaciones futuras de líderes estadounidenses -quizás en circunstancias mucho más peligrosas que las nuestras- verán cómo nos enfrentamos a esta prueba de nuestro compromiso con el control civil de los militares. El Congreso sería sabio al mantener este principio consagrado en el tiempo negándole a Mattis el derecho a servir como secretario de Defensa.
Gallego, demócrata, representa el Distrito 7 de Arizona en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Traducción: El Tiempo Latino / El Planeta Media
