WASHINGTON – La capital de la nación se está uniendo a un frenesí de ciudades muy demócratas que gastan millones de dólares para evitar que el presidente electo Donald Trump cumpla con la promesa central de su campaña de deportar inmigrantes ilegales.
La alcaldesa del Distrito de Columbia (DC), la demócrata Muriel Bowser, anunció el lunes planes para conceder subvenciones a abogados defensores y organizaciones sin fines de lucro para representar a cualquiera de los 25.000 inmigrantes ilegales que se enfrentan a la deportación.
El fondo también ayudará a los inmigrantes indocumentados en DC a que soliciten asilo, y proporcionará representación para aquellos que residen en la ciudad legalmente con tarjetas de residencia permanente (o green cards) para quedarse definitivamente mediante la obtención de la ciudadanía estadounidense.
En un comunicado, Bowser dijo que la ciudad está replicando su estatus como una ciudad santuario, puesto que la policía de Nueva York ya ha recibido instrucciones de no cooperar con las autoridades federales que trabajan para deportar a los residentes.
“Debemos asegurar que todos los residentes del Distrito (de Columbia) puedan aprovechar sus derechos federales y constitucionales”, dijo Bowser. “Si los cambios en la aplicación de inmigración y los problemas surgen, la población inmigrante de DC tendrá nuestro apoyo y el apoyo de la comunidad legal de DC”.
El anuncio de Bowser coloca a DC junto a Chicago, Los Ángeles, San Francisco y el estado de Nueva York, donde los alcaldes demócratas, los gobernadores y las legislaturas han aprobado o prometido crear fondos similares de defensa pública-privada para los inmigrantes indocumentados.
En Washington, Bowser lanzará la iniciativa desembolsando 500.000 dólares del presupuesto de su oficina a un nuevo Programa de Subsidios para Servicios Legales de Justicia para Inmigrantes. Organizaciones sin fines de lucro, privadas, asociaciones y bufetes de abogados en Washington serán todos elegibles para ganar el dinero de la subvención. Los grupos pueden comenzar a aplicar el 23 de enero, el primer lunes que Trump estará en la Casa Blanca.
