El grupo de defensa de inmigrantes más grande de Maryland planea impulsar una legislación en los condados de Montgomery y Prince George que consolida protecciones para inmigrantes indocumentados, una medida similar a la que generó un amargo debate y veto ejecutivo en el condado de Howard esta semana.
Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA de Maryland, dijo el miércoles en una reunión de grupos de defensa de inmigrantes que quiere que la ley del condado refleje las prácticas que se han aplicado durante mucho tiempo en los dos suburbios liberales y étnicamente diversos, que generalmente limitan la colaboración del personal policial y correccional con las autoridades federales de deportación.
Se necesitan nuevos estatutos, dijo, mientras el presidente Donald Trump intenta reprimir a los inmigrantes indocumentados en todo el país.
“Queremos mantener a Montgomery como un condado acogedor”, dijo Torres al anunciar que planeaba hablar con miembros del Consejo del Condado la próxima semana. “Queremos aclarar y enviar un mensaje muy fuerte de que todas las agencias del Condado de Montgomery no van a colaborar con esta administración”.
El plan de Torres representa una escalada potencialmente significativa de la resistencia estatal y local a una orden ejecutiva de Trump que establece las bases para negar fondos federales a las comunidades “santuarios”.
CASA y otros defensores de inmigrantes están trabajando con los legisladores estatales para aprobar la ley de fideicomiso, que se basa en una medida de California y prohibiría a los departamentos de policía y alguaciles, por ejemplo, cumplir con las solicitudes federales de mantener detenidos a indocumentados más allá de su fecha de liberación.
Pero la perspectiva del proyecto de ley, patrocinada por el senador estatal Víctor Ramírez, demócrata de Prince George, es incierta. Todavía no se ha presentado en la Cámara de Diputados, aunque la delegada demócrata Marice Morales, del Distrito 19, ha dicho que patrocinará la propuesta.
El gobernador republicano Larry Hogan ha mostrado poco interés en limitar el alcance de la ley federal de inmigración. Poco después de asumir el cargo en 2014, revirtió la política de su predecesor demócrata, Martin O’Malley, y accedió a notificar a las autoridades de Estados Unidos cuando un inmigrante indocumentado que puede ser objeto de deportación fuese liberado de la cárcel estatal de Baltimore.
Torres dijo que el entorno político a nivel estatal hace que sea aún más importante que una legislación similar se aplique en las jurisdicciones locales.
“No sabemos si el gobernador va a firmar esto”, dijo.
Prometió que su grupo presionaría a ciudades y condados con registros previos de protección a las poblaciones inmigrantes de la aplicación de la ley federal.
Esa estrategia se quedó corta esta semana en Howard. El Ejecutivo del Condado, el republicano Allen Kittleman, vetó el jueves la legislación aprobada por el Consejo del Condado de 5 a 4 que habría codificado políticas que prohíben a la policía preguntar sobre el estatus migratorio de los sospechosos, víctimas o testigos.
A pesar de las enmiendas que suavizaron el texto del proyecto de ley -excluyendo una declaración, por ejemplo, de Howard como jurisdicción “santuario”, un término legalmente vago pero políticamente volátil- Kittleman calificó la legislación como un gesto vacío que ofrecía sólo “un falso sentido de seguridad” a inmigrantes indocumentados. Dijo que las prácticas policiales y correccionales establecidas en el condado proporcionaban más que protección adecuada.
Los funcionarios de Montgomery y Prince George también expresan su confianza en que las políticas existentes no necesitan codificarse como leyes, así como la preocupación de que hacerlo podría ponerlos en la mira de los intentos de Trump de cortar el financiamiento federal.
El Ejecutivo del Condado de Montgomery, el demócrata Isiah Leggett, ha asegurado repetidamente a los grupos de inmigrantes que no tienen nada que temer de la aplicación de la ley local, y que no vacilarán en utilizar lo que él llama la “forma de Montgomery”, un cuerpo de políticas y prácticas enfatizando la tolerancia y la comprensión.
En una conferencia de prensa fuera de la reunión de inmigración en el Silver Spring Civic Center, Leggett dijo que no estaba convencido de la necesidad de una nueva ley.
“No veo la necesidad en este momento”, dijo. “No estoy diciendo que no lleguemos a ese punto … pero no creo que todavía hayamos llegado”.
La policía de Montgomery opera bajo una directiva departamental de 2009 que prohíbe a los oficiales de “cuestionamientos indiscriminado” sobre la ciudadanía o el estatus migratorio. Cualquier arresto debe basarse en cargos estatales o locales.
La orden permite a los oficiales de Montgomery ayudar a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en casos relacionados con drogas, lavado de dinero, tráfico de seres humanos o terrorismo, pero no violaciones de la ley federal de inmigración.
“Hemos estado en esto desde hace mucho tiempo”, dijo Leggett.
La miembro del Consejo (mid-county) Nancy Navarro, demócrata de, Distrito 4, estuvo de acuerdo con Leggett de que, al menos por el momento, no se necesitaba legislación.
“Tenemos un historial muy fuerte en Montgomery, me siento cómoda donde estamos ahora”, dijo Navarro. “Pero tenemos que evaluar a medida que avanza”.
En sus comentarios al grupo, Torres señaló al miembro del Consejo (at-large), el demócrata Hans Riemer, como posible patrocinador del tipo de legislación que estaba describiendo. “Muchas gracias, Hans”, dijo.
Riemer dijo más tarde que era la primera vez que había oído hablar de la idea. Pero él dijo que lo consideraría. “Algunas personas tienen miedo de hacernos levantar la cabeza”, dijo. “No creo que puedas evitar ponerte de pie”.
El jueves pasado, Scott Peterson, portavoz del Ejecutivo del Condado de Prince George, Rushern Baker III, demócrata, dirigió preguntas a las declaraciones anteriores de Baker, que reflejan la de Leggett.
La política del condado “no cambió bajo el presidente Obama y no está cambiando bajo el presidente Trump”, dijo Baker en Annapolis el pasado 25 de enero. “Creemos que el condado está siguiendo la ley, y vamos a honrar eso”.
Torres dijo que ambos condados pueden hacerlo mejor.
“Nuestro trabajo es educarlos”, dijo.
(Josh Hicks contribuyó con este reporte).
(Traducción El Tiempo Latino / El Planeta Media).
