Las cárceles y prisiones de Virginia retendrían a los reclusos hasta dos días más allá de sus penas para darle a los funcionarios federales de inmigración tiempo para recogerlos, bajo un proyecto de ley que fue aprobado por el Senado estatal el lunes.
La medida es parte de una avalancha de propuestas legislativas respaldadas por el Partido Republicano que se abre camino a través de la Asamblea General de Virginia este año y que pretende reprimir la inmigración ilegal. Ese proyecto de ley y varios otros parecen destinados a aterrizar en el escritorio del gobernador demócrata Terry McAuliffe, quien ha jurado vetarlos.
Ha medida que la inmigración rueda en la política nacional, el tema se ha trasladado a la hornilla delantera en Richmond, donde los demócratas y los republicanos han venido sacando un racimo de legislaciones. Todas, sin embargo, parecen condenadas. La Cámara y el Senado, controlados por los republicanos, han aniquilado los proyectos de ley favorables a los inmigrantes que proponen los demócratas. Pero los republicanos no tienen la fuerza necesaria en el Senado (estrechamente dividido) para anular los vetos de McAuliffe.
“El gobernador vetará este proyecto de ley y cualquier otro que obligue a las localidades a desempeñar un papel en la aplicación de la inmigración que debe ser llevada a cabo por el gobierno federal”, dijo el portavoz de McAuliffe, Brian Coy, en un correo electrónico.
El proyecto de ley que aprobó el Senado el lunes, en una votación de 21 a 19, se aplica sólo a los inmigrantes ilegales que han sido condenados a prisión en Virginia por crímenes cometidos en los Estados Unidos. Las instalaciones tendrían que mantener a los prisioneros hasta dos días más allá de sus penas. Si los funcionarios federales de inmigración no recogen a los prisioneros en ese momento, entonces son liberados.
“No estoy para barrer a la gente de las calles”, dijo el delegado Robert Marshall, republicano de Prince William, quien apoyó el proyecto de ley. Debido a que el Senado hizo una enmienda menor, la legislación vuelve a la cámara, que la aprobó antes, pero ahora debe aceptar o rechazar el cambio. Marshall espera que la Cámara de Representantes acepte la enmienda y envíe el proyecto de enmienda al gobernador McAuliffe para el final de la semana.
Otro proyecto de ley de la cámara baja, que ha sido aprobado y se está moviendo a través del Senado, prohibiría ciudades y pueblos de Virginia de adoptar ordenanzas de “ciudad-santuario” que restringen la aplicación de las leyes federales de inmigración. El proyecto de ley original, propuesto por el delegado Charles Poindexter, republicano de Franklin, también habría prohibido a las localidades contratar a proveedores de bienes y servicios del sector público que no verifiquen el estatus migratorio de sus trabajadores. Ese elemento fue desechado antes de que la medida pasara al Senado.
El Senado aprobó un proyecto de ley del Senador republicano Richard Black, representante de Loudoun, que responsabilizaría a las ciudades santuario por lesiones a personas o propiedades causadas por inmigrantes ilegales en esa comunidad. La legislación está en la Cámara.
No todas las medidas de inmigración de los republicanos avanzaron este año. Un comité de la Cámara desechó otro proyecto de ley de Poindexter que habría requerido que las escuelas técnicas públicas y las universidades cooperaran con la aplicación federal de inmigración. También fue desechada una medida del delegado republicano de Rockbridge, Ben Cline, que habría prohibido la creación de ciudades de santuario y retención de fondos estatales a las localidades que violan la prohibición.
Una propuesta republicana que todavía es viable ayudaría a algunos inmigrantes. Un proyecto de ley del delegado republicano Ron A. Villanueva, de Virginia Beach, permitiría a una estrecha clase de extranjeros obtener licencias de conducir temporales. Se aplicaría a personas autorizadas por un tribunal federal o agencia federal para estar en los Estados Unidos.
La postura de McAuliffe sobre esa legislación no está clara. Su portavoz Coy no respondió inmediatamente a una petición de comentario.
Varios demócratas habían propuesto una legislación más amplia relacionada con los inmigrantes ilegales y las licencias de conducir. Incluyeron una medida para otorgar licencias temporales a aquellas personas que probablemente serán perseguidas si regresan a sus países de origen, si así los considera un juez federal de inmigración. Otro proyecto habría concedido una licencia de un año a los que han establecido residencia, han presentado declaraciones de impuestos, se ha registrado en el Departamento de Seguridad Nacional y proporcionó prueba de seguro. Todos fueron rechazados.
También se desechó una medida del delegado demócrata de Kenneth Plum, representante de Fairfax, que habría añadido estatus migratorio a la definición de crímenes de odio, que actualmente se limita a delitos motivados por raza, convicción religiosa, color y origen nacional.
El proyecto de ley de Marshall sobre los presos desencadenó un polémico debate en el Senado. El senador republicano Mark Obenshain, de Rockingham, acusó a los demócratas de tergiversar “un simple proyecto de ley y orden”, causando alarma en las comunidades de inmigrantes y retratando a los republicanos como “gente sin corazón y odiosa”.
“Esta es una disputa política, y supongo que muchos en la izquierda política tienen interés en avivar esas llamas”, dijo. “Bastante triste”.
El senador demócrata Scott Surovell, también de Fairfax, dijo que la medida afectaría a las localidades con el costo de retener a los prisioneros más de lo necesario. También dijo que se intensificaría el temor ya agravado por las recientes redadas federales de inmigración, que pueden o no ser el resultado de una aplicación más estricta de la ley bajo el presidente Trump. (La Casa Blanca y los funcionarios federales de inmigración han dado cuentas contradictorias sobre si las incursiones reflejan un cambio de política).
En medio de temores de que Trump esté liderando una ofensiva, Surovell dijo que la asistencia a su reunión del ayuntamiento de fin de semana aumentó a 200 desde los 50 habituales.
“Un tercio de mi ayuntamiento estaba dominado por … familias asustadas por el gobierno federal aterrorizando a mi vecindario”, dijo. “No creo que debamos ser cómplice del gobierno federal que no está haciendo su trabajo”.
(Traducción El Tiempo Latino / El Planeta Media)
