El gobierno de Donald Trump anunció nuevos lineamientos para determinar las prioridades de deportación. A partir de ahora, no solo los indocumentados con cargos criminales graves serán el blanco de su administración, sino también aquellos que hayan “abusado” de los beneficios públicos o que, “a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional”.
El Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, firmó estas nuevas regulaciones que se filtraron a la prensa el fin de semana, y definen cómo serán implementadas las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump el 25 de enero.
Aunque el objetivo del gobierno no son las deportaciones masivas, según dijo el secretario de prensa Sean Spicer, al parecer comenzarán expulsando a 1 millón de indocumentados que cometieron un crimen o representan una amenaza para la seguridad pública.
“Aquellas personas que estén en este país, representan una amenaza para la seguridad pública o hayan cometido un crimen serán los primeros en irse y buscaremos agresivamente que eso ocurra”, explicó Spicer.
Pero además de ellos, que serían la prioridad número 1, también Spicer clarificó que “todo el mundo que está aquí ilegalmente puede ser deportado en cualquier momento”. Esto representa un cambio importante en la política de deportaciones que había hasta los momentos. Su destino quedará luego en las manos de los jueces de inmigración, quienes revisarán caso por caso.
De este modo, según los nuevos lineamientos, las siguientes condiciones podrían hacer calificar a un indocumentado como deportable:
-Si has cometido delitos penales imputables
-Si has sido deportado y has regresado a Estados Unidos sin autorización.
-Si has desacatado una orden de deportación final, aunque no hayas cometido delitos.
-Si tienes una orden de deportación final y no te presentaste en la corte cuando fuiste citado.
-Si cometiste fraude o has mentido ante cualquier agente o institución del gobierno.
-Si tienes cargos penales por delitos de inmigración cometidos en la frontera (cruce indocumentado, tráfico de personas, tráfico de drogas, etc.)
-Si, a juicio de un funcionario de inmigración, supones un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.
“El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de EEUU”, se lee en el documento que firmó el Secretario de Seguridad Nacional.
Además, el gobierno de Trump ordenó la contratación de 15.000 nuevos agentes de inmigración, dotados con más poder que los agentes estatales y locales.
DACA seguiría igual (por ahora)
Trump no se ha metido con los dreamers. Las nuevas directrices no tienen efecto en el plan del presidente Barack Obama que protege provisionalmente a más de 750.000 jóvenes inmigrantes que fueron traídos al país de pequeños, quienes tienen permiso de residencia y trabajo. Sin embargo, los beneficiarios aún podrían ser deportados si es que cometen ciertos delitos o son considerados una amenaza a la seguridad pública o nacional, de acuerdo con el Departamento de Estado.
Sin embargo, el abogado de inmigración Julio Henríquez, consultado por El Planeta no recomienda a ningún indocumentado amparado por DACA salir del país. “No es una ley, y Trump la puede cortar en cualquier momento de un solo plumazo”, advirtió.
La organización local MIRA emitió una declaración al respecto de esta noticia: “La oficina local de ICE no está conduciendo redadas a larga escala como hemos visto en otros estados. Pero es importante tener en mente que, debido a los cambios de prioridades, ICE si estará en las calles más de lo que habían estado en un pasado y si están siguiendo a personas que tienen es su sistema los cuales, en el pasado, no habían perseguido. Como consecuencia, sus ejecuciones son mucho más visibles en nuestras comunidades, creando la impresión de ataque a nuestras comunidades de inmigrantes”.
Por su parte, el sindicato 32BJ SEIU dijo: “El devastador plan de deportación de Homeland Security es sólo la última evidencia de que nuestro sistema de inmigración roto continuará extendiendo el miedo en nuestras comunidades y rompiendo familias trabajadoras a menos que el Congreso actúe para arreglarlo. La 32BJ SEIU ha estado a la vanguardia en la lucha por una reforma migratoria integral, creemos que para defender los derechos de todos los trabajadores, millones de indocumentados que ya forman parte de nuestras comunidades deben ser sacados de las sombras y dados protección bajo la ley. El enfoque “deportar a todos” de la administración actual no sólo es una afrenta a nuestros valores como nación de inmigrantes, sino que ya está castigando a las familias trabajadoras que están profundamente arraigadas en nuestras comunidades”.
