El martes, la administración Trump trató de disipar los temores crecientes entre las comunidades de inmigrantes por las nuevas y amplias directrices para acelerar la aplicación de la ley contra los inmigrantes ilegales, insistiendo en que las medidas no pretenden producir “deportaciones masivas”.
Los funcionarios federales advirtieron que muchos de los cambios detallados en un par de memorandos del Secretario de Seguridad Nacional John F. Kelly tomarán tiempo para implementarse debido a los costos y desafíos logísticos, y que los agentes de la Patrulla Fronteriza y los oficiales de inmigración utilizarán sus poderes adicionales con cuidado y discreción.
Sin embargo, la publicación de las directrices de Kelly, que se revelaron por primera vez en reportes de prensa durante el fin de semana, fue recibida con indignación por parte de los defensores de los derechos de los inmigrantes por temores de que las nuevas políticas darían lugar a abusos generalizados a medida que las autoridades intentan alcanzar la meta del presidente Trump de ajustar el control en las fronteras.
Trump tomó una línea dura contra la inmigración ilegal durante su campaña, a veces sugiriendo que él buscaría crear una “fuerza de deportación” nacional para expulsar a la mayor cantidad de inmigrantes no autorizados, que muchos estiman en 11 millones de personas.
En una conferencia telefónica con periodistas, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Interna trató se pronunció para evitar lo que él llamó un “sentimiento de pánico” entre las comunidades de inmigrantes.
“No tenemos el personal, el tiempo ni los recursos para ir a las comunidades y reunir a la gente y echarlas en masa en los autobuses. Eso es todo un producto de la imaginación de la gente”, dijo el funcionario, que se unió a la llamada a otros dos, todos los cuales hablaron bajo la condición de anonimato para contestar preguntas. “Esto no pretende producir redadas masivas, deportaciones masivas”.
Las nuevas directrices, destinadas a ser una hoja de ruta hacia la implementación de un par de órdenes ejecutivas Trump firmadas el mes pasado, llaman a la contratación de miles de agentes de la ley adicionales, la ampliación del grupo de inmigrantes que son prioridad para ser deportados, acelerar las audiencias de deportación y alistar la ley local para hacer arrestos.
Las políticas representan una ruptura aguda con las implementadas durante los últimos años del gobierno de Obama y podrían revertir una reducción considerable en el número de deportaciones que se había dado hacia el final de la presidencia de Obama.
Después de que las deportaciones alcanzaron un récord máximo de 434.000 en 2013, la intensa presión de los defensores de la inmigración impulsó al gobierno de Obama a implementar nuevas directrices que enfocaban la aplicación de la ley en los delincuentes. Obama anunció en noviembre de 2014 que su administración deportaría “criminales, no familias”. Muchos inmigrantes indocumentados han vivido en el país por más de una década y tienen familiares y niños que son ciudadanos estadounidenses.
El número de personas deportadas en 2015 fue algo más de 333.000, el más bajo desde 2007, según datos federales. Las estadísticas de 2016 no están a disposición del público.
Las nuevas políticas de Kelly amplían considerablemente el grupo de inmigrantes indocumentados prioritarios para ser deportados, incluyendo aquellos que han sido acusados de delitos pero no condenados, los que cometen actos que constituyen un “delito penal imputable” y aquellos que un oficial de inmigración concluye es “riesgoso para la seguridad pública o la seguridad nacional”.
La administración Trump “está usando el espectro del crimen para crear temor … en la comunidad estadounidense sobre los inmigrantes para crear una apertura para avanzar en la persecución indiscriminada de los inmigrantes”, dijo Clarissa Martínez de Castro, vicepresidenta del Consejo Nacional de La Raza. “Esta administración está diciendo: ‘Ahora, todo el mundo va a ser una prioridad’, y al diablo le importará”.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional enfatizaron que las guías de los memorandos de Kelly están estrechamente relacionadas con el lenguaje de las órdenes ejecutivas de Trump y que el secretario ha escrito los memorandos para ajustarse a las leyes federales de inmigración establecidas por el Congreso. “No estamos creando nada fuera de la ley”, dijo el funcionario del DHS.
Los demócratas y los grupos de derechos humanos criticaron a la administración. El senador Robert Menéndez (demócrata de New Jersey) calificó las políticas de “xenófobas” y sugirió que podrían dirigirse al perfil racial de las minorías.
“Es irresponsable tratar a un criminal igual que a una madre inmigrante con hijos con fines de deportación”, dijo Menéndez en un comunicado.
El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, también negó que el objetivo de las órdenes ejecutivas de Trump sean las deportaciones masivas. Más bien, dijo, el gobierno de Obama había permitido que en las acciones coercitivas en las cuales los inmigrantes eran el foco de atención los agentes federales quedaran atados de mano, “Tenían las manos esposadas detrás de ellos (los inmigrantes)”, dijo Spicer.
“El presidente quería quitarle las cadenas a los individuos en estas agencias y decir: ‘Tienes una misión, hay leyes que deben ser seguidas, tú deberías cumplir tu misión y seguir la ley’”, dijo Spicer.
Spicer en varias ocasiones durante su conferencia de prensa diaria tergiversó el número de inmigrantes indocumentados que viven en el país, citando “13, 14, 15” millones o “potencialmente más”. De hecho, el número se ha mantenido estable en los últimos años en poco más de 11 millones, después de alcanzar un máximo en 2007 en unos 12,2 millones, según un informe del Centro de Investigación Pew del otoño pasado.
Esto se debe en parte a que las medidas más estrictas de control fronterizo han aplanado el flujo neto de inmigrantes ilegales a aproximadamente cero, según el informe.
Durante su campaña, Trump dijo que pensaba que podría haber hasta 30 millones de inmigrantes ilegales. “Nadie sabe cuál es el número”, dijo.
Los primeros intentos de Trump de acabar con la inmigración, incluyendo su orden ejecutiva que prohíbe viajar a Estados Unidos a ciudadanos de siete naciones de mayoría musulmana, han provocado críticas en Estados Unidos y en el extranjero. Kelly y el secretario de Estado, Rex Tillerson, planean visitar México esta semana, donde las tensiones sobre el plan del presidente de construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México estarán en exhibición. Al mismo tiempo, el presidente de la Cámara de Representantes Paul D. Ryan (republicano de Wisconsin) liderará una delegación de legisladores que visitarán la frontera mientras el Congreso lucha con la forma de implementar la promesa de campaña de Trump.
Los memorandos de implementación de Kelly no revierten una directiva importante de la administración Obama: un programa llamado Acción Diferida por Llegadas durante la Niñez (DACA por sus siglas en inglés) que ha proporcionado permisos de trabajo a más de 750.000 inmigrantes que llegaron ilegalmente al país cuando eran niños.
Trump prometió durante su campaña “terminar inmediatamente” el programa, llamándolo una “amnistía ejecutiva” inconstitucional, pero ha vacilado desde entonces. La semana pasada, dijo que “demostraría un gran corazón” en determinar el destino de ese programa.
Las directivas publicadas el martes tratan de ampliar las asociaciones con las agencias locales de aplicación de la ley para detener a los inmigrantes indocumentados; contratar a 10.000 nuevos agentes para la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y 5.000 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza; y ampliar las deportaciones express, actualmente limitadas a aquellos que están en el país dos semanas o menos, a los que han estado aquí por un máximo de dos años.
Las disposiciones ordenan que el gobierno detenga a los inmigrantes hasta que se les conceda una audiencia ante un juez de inmigración, poniendo fin a la política del gobierno de Obama de liberar a algunos para vivir con familiares hasta sus audiencias. Los atrasos en los tribunales de inmigración han retrasado las audiencias por más de un año.
Las disposiciones también permiten a las autoridades federales procesar a los padres de menores no acompañados que entran ilegalmente en el país si se descubre que han pagado contrabandistas.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que la administración Trump está tratando de maximizar las políticas federales de inmigración que han estado en los libros durante años, pero que no fueron usadas por la administración Obama.
Algunos de los cambios, dijeron, tomarán tiempo para implementarse debido a los costos y porque algunas de las políticas deben ser anunciadas a través del Registro Federal. Los funcionarios declinaron estimar los costos para el personal adicional, incluyendo más jueces de inmigración para acelerar las audiencias, o para nuevas viviendas de detención para inmigrantes no autorizados en espera de sus procedimientos judiciales.
“Esto no sucederá mañana”, dijo el funcionario del departamento.
“El panorama general es que estamos ejecutando lo que el presidente ordenó, lo cual es consistente con lo que el Congreso puso en la ley”, añadió el funcionario. “Lo haremos profesionalmente, trataremos a todos humanamente y con dignidad, pero vamos a ejecutar las leyes de los Estados Unidos”.
(Traducción El Tiempo Latino / El Planeta Media)
