En docenas de reuniones “uno-a-uno” todas las semanas, un abogado de la ciudad de Philadelphia cita a padres cuyos hijos han estado recientemente encarcelados, saca su calculadora y les da otra mala noticia: una factura por el encarcelamiento de su hijo.
Aún si luego se prueba que el niño era inocente, los padres deben pagar una tarifa nocturna por la detención. Las facturas pueden llegar a mil dólares al mes, y mucho de los padres de los aproximadamente 730 encarcelados son tan pobres que solo podrían pagar cuotas de cinco dólares.
El abogado, Steven Kaplan, quien de acuerdo a las contrataciones de la ciudad tiene un sueldo y bonos de 316 mil dólares al año, más que ningún empleado de la ciudad, incluyendo el alcalde – es agente de una política socialmente arraigada que creó sus raíces alrededor del país entre los años 1970s y 80s.
El principio era sencillo: estados, condados y ciudades creían que los padres estaban deshaciéndose de la responsabilidad por su hijo delincuente y esperando que el gobierno pagara la cuenta.
De acuerdo a este pensamiento, si los padres comparten el costo financiero de la excarcelación, estarían más involucrados en mantener a sus hijos fuera de problemas.
“Es decir, ¿creemos que los contribuyentes de taxes deben pagar por estos niños malos?”, dijo Kaplan en una entrevista.
Hoy en día, a las madres y padres se les cobra la factura del encarcelamiento de sus hijos – en cárceles, centros de detención, centros de tratamiento, escuelas de entrenamiento y campamentos disciplinarios ordenados por la corte – por 19 agencias estatales de justicia juvenil, mientras al menos 18 condados individuales pueden hacer legalmente lo mismo, según mostró una encuesta del Marshall Project.
Grupos de estudiantes de derecho, abogados de defensa juvenil y otros, han comenzado a retar este sistema de pago, argumentando que es similar cobrar taxes a los padres por la pérdida de libertad de sus hijos que castigarlos con deudas. En Philadelphia, el Ayuntamiento se reunirá el viernes para considerar abolir esta práctica. En California, en donde se encarcelan más niños que en cualquier otro estado a un precio típico de 30 dólares la hora para un padre – activistas han sido exitosos en prohibir la práctica en tres condados. Dos senadores han introducido un proyecto de ley para prohibirla en todo el país.
“Apartando la cuestión emocional – tener que darle fortaleza a mi hijo, manteniéndome fuerte yo – ¿ahora van a decir ‘Por cierto, nos debes dinero’?”, dijo Tamisha Walker, una de las madres que luchó de manera exitosa para la suspensión en el Condado Contra Costa de California.
Debido a que estos padres son muchas veces de comunidades pobres, aún con los esfuerzos más agresivos para cobrarles, pocas veces tienen una ganancia significativa. En el año fiscal 2016, Philadelphia hizo monto neto de 551 mil 261 dólares de padres de hijos delincuentes, una pequeña fracción de los 81.148.521 millones de dólares que la ciudad gasta en la colocación de delincuentes, de acuerdo a los reportes de la ciudad.
Un patrón similar surge en data financiera recopilada de los 50 estados – los presupuestos operativos para los oficiales de recolección y el envío de las facturas son significativos, pero los montos de dinero recolectados de las familias son bajos.
Muchos administradores de correccionales juveniles dicen que el sistema de pago es una manera de mantener a los padres compenetrados con sus hijos, cuyos gastos de comida, ropa y medicina estuvieran pagando de igual manera.
“Aumenta al costo de entrada. Mantiene a los padres con la piel en el juego”, dijo James Bueche, quien dirige la Oficina de Justicia Juvenil de Louisiana, añadiendo que en un estado con severo problemas de presupuesto, su departamento necesita toda la ayuda que puede obtener.
Bueche y otros también han dicho que las agencias están restringidas por las leyes del estado, frecuentemente obsoletas, que responsabilizan financieramente a los padres por las transgresiones de sus hijos, desde absentismo y violación del toque de queda, hasta hurto y asesinato.
“Eran tiempos diferentes, cuando muchos padres querían esencialmente botar a sus hijos adolescentes en cortes juveniles cuando eran ingobernables e incontrolables”. dijo Linda O’Neal, directora ejecutiva de la Comisión para Niños y Jóvenes de Tennessee, acerca de la era de hace diez años cuando las leyes fueron implementadas.
“Esto se puso en el estatuto para que la corte pudiera decir … ‘OK, pero vas a tener que pagar los costos de detención’ “, dijo O’Neal. “La experiencia era entonces que los padres podrían decidir y quizás podrían después de todo lograr manejar a sus hijos en vez de tener que pagar”
Hasta hace poco esa lógica no se había examinado mucho, en parte porque los defensores juveniles defendían a los niños y no a los padres, cuyos problemas son casi siempre ignorados cuando su hijo es acusado de un crimen.
Pero activistas por la familia han tomado cada vez más la posición de que los pagos por detención conllevan nuevos obstáculos para personas jóvenes que ya están luchando por ser exitosos – y buscan volver a la misión del sistema de justicia de hace un siglo de mejorar los resultados ayudando a los niños a aprender de sus errores.
“Esta es una familia que necesita apoyo, y en su lugar ¿lo que vamos a hacer es hacerlos pasar por una presión económica mayor?”, dijo Jessica Feierman, Directora Asociada del Centro de Ley Juvenil, un grupo nacional de activismo basado en Philadelphia. “Los padres no eligen que sus hijos vayan a la cárcel”.
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La manera en la que agencias cobran a madres y padres por el encarcelamiento de sus hijos varían bastante en cada estado, pero la base es la misma: una factura mensual, comúnmente entres los bajos cientos de dólares, que cubre algunos pero no todo los costos reales del encarcelamiento del hijo.
El catálogo del Programa “Cost of Care” (Costo del Cuidado”) de Florida muestra dos manos agarradas de un adulto y un niño con el texto: “Un esfuerzo conjunto entre padres y el Estado mejora la calidad de vida para nuestros hijos. Juntos podemos reducir el crimen juvenil”.
Para calcular el monto que se debe, al menos una docena de estados usa la métrica existente: la guía estándar del cuidado de niños.
Otros estados operan con una “unidad de reemboloso parental” que cobra a los padres una suma fija. Los que retienen a jóvenes en instalaciones privadas tienden a cobrar las tarifas más altas.
Cuando los padres no pagan la primera vez, el estado puede enviarles agencias de recolección, agregarles interés, embargar 50 por ciento de sus salarios, incautar sus cuentas de banco, intervenir su retorno de taxes, suspender su licencia de manejo o declarar desacato judicial. Virginia, por ejemplo, usa varios de esos métodos para tratar de recolectar el dinero de los padres, según informaron oficiales estatales y padres al Marshall Project.
Usualmente se ofrece proceso de capacidad-para-pagar, a través del cual los padres pueden proveer comprobantes de ingresos y documentación de sus gastos para que se disminuya el costo.
Pero casi siempre requiere navegar por un gran laberinto de papeleo y raramente pasa antes de que se involucre un juez o una tercera persona. En muchos casos puede ser simplemente una correspondencia o reunión entre los padres y un representante de la agencia del estado como Kaplan.
No todos los estados toman acciones para el reembolso. Maryland busca apoyo de los padres a los hijos solo en determinadas circunstancias, como para costear los gastos de colocación en un centro médico privado. El Distrito de Columbia no recolecta ninguna tarifa.
Anders Jacobson, Director de la División de Corrección de Jóvenes de Colorado, en el que no se cobra a padres, dijo que cualquier sistema de justicia juvenil que funcione bien depende de que los jóvenes regresen a un hogar estable. Poner a los padres en deuda, dijo, afecta su habilidad de mantener el pago de la luz y la nevera con comida. Ese tipo de hogares ya están lidiando con costos adicionales por el crimen del joven, señalaron los padres, incluyendo las tarifas por llamadas telefónicas,l a gasolina para ir a visitarlos a largas distancias y miles de dólares en restitución y defensa pública.
Los padres y activistas dicen que el objetivo del encarcelamiento no es atacar los problemas de la familia tal como esta practica lo hace. Argumentan que los centros de detención deberían existir para un propósito social más grande de seguridad pública y para lograr que los jóvenes que cometieron una ofensa vuelvan al buen camino, por lo que deben ser responsables todos los contribuyentes.
“Yo pago los taxes toda los años – eso no es supuestamente lo que debe pagar el sistema de justicia?”, dijo Alison Devine, el padre de un ex delincuente en Philadelphia.
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Cuando el hijo de Mariana Cuevas fue liberado de una cárcel en California, luego de haber estado detenido en un centro juvenil más de 300 días por un homicidio que no cometió, el defensor público, Jeffrey Landau, pensó que su trabajo estaba hecho. El caso lo habían cancelado y su cliente estaba libre.
Pero luego en una cena de celebración, Cuevas, una limpiadora de casas en el Área de la Bahía, sacó una bolsa de plástico llena de facturas y le mostró a Landau que el estado había tratado de recolectar cerca de 10 mil dólares por la cárcel del hijo y solo había podido pagar 50 dólares al mes.
“Claro, te robaron a tu hijo por un año”, dijo Landau impactado, “pero esto es lo que cuesta”.
Motivados por historias como las de Cuevas, defensores juveniles del Centro Legal Comunitario del Este de la Bahía en Berkeley se unieron con estudiantes de la Universidad de California en la Escuela de Derecho de Berkeley para empezar a recolectar data del condado para determinar si este pago requerido era rentable.
Descubrieron que casi no lo es. En los años fiscales 2014-2105, el Condado de Alameda, que incluye Oakland, gastó 250 mil 938 dólares para recolectar 419 mil 830 dólares de los padres. Un reporte interno del contado lo llamó “poca ganancia financiera”. Para el pasado Marzo, a la luz de estos descubrimientos, los oficiales del condado habían suspendido la práctica. Luego la prohibieron categóricamente perdonando la deuda de casi tres mil familias.
“Desde un nivel macro no estábamos ni siquiera conscientes de que esto existía, pero hiere a muchas personas en situación vulnerable”, dijo Richard Valle, miembro de la Junta de Supervisores del Condado de Alameda.
“Estos padres se merecen el crédito- ellos vinieron al podio y alzaron su voz”. Valle también dijo que no se han eliminado servicios para los jóvenes en el centro juvenil a pesar de la pérdida de ingreso.
Luego en Octubre, la campaña basada en Berkeley ganó otra suspensión en el Condado de Contra Costa y la deuda de Cuevas fue congelada. Los oficiales del lugar han considerado hacer compensaciones a algunos padres que ya han pagado las tarifas de detención.
En agosto, el Juez Stephen Reinhardt de la Corte de Apelaciones de E.E.U.U. para el 9no Circuito opinó enérgicamente a favor de Maria Rivera, una madre que vendió su casa y se fue a bancarrota para pagarle al Condado Orange más de nueve mil 500 dólares por el encarcelamiento de su hijo.
“No solo esa política obliga a los miembros más pobres de la sociedad a pagar los costos de instituciones públicas, operando como ‘un tax agresivo’ “, escribió Reinhardt, “pero se aprovecha de las personas cuando se encuentran más vulnerables”.
El año pasado en Philadelphia, los defensores juveniles conocieron las prácticas de recolección de la ciudad a los padres de clientes. Alertaron a un grupo de estudiantes de derecho de la Universidad Temple, quienes llevaron el tema a la atención de los asistentes de la oficina del Alcalde Mayor Jim Kenney, Demócrata.
Heather Keafer, portavoz del Departamento de Recursos Humanos de Philadelphia, dijo que los estudiantes hicieron “argumentos convincentes” y que el departamento le ha pedido al estado de Pennsylvania una revisión legal acerca de si el abandono de la práctica sería permitida bajo las regulaciones estatales y federales existentes”, dijo Keafer.
Kathaleen Gillis, portavoz del Departamento de Recursos Humanos del estado dijo que el tema está aún bajo revisión, en parte porque la decisión no debe hacerse solo para Philadelphia si no para todos los condados y las prácticas varían bastante.
Ya que la decisión del estado puede tomar meses, el Jefe del Ayuntamiento de Philadelphia, Kenyatta Johnson llamó a una audiencia el viernes. “Todo esto me recuerda a Ferguson”, dijo Johnson, trazando una estrecha línea entre la práctica de cobro a los padres y el debate alrededor de las presuntas tarifas depredadores el sistema judicial general – un tema controversial en Ferguson, incluso antes cuando el asesinato de un adolescente afroamericano desarmado por un oficial en 2014 trajo tensiones entre la policía y la comunidad.
Steven Kaplan, de 62 años de edad y que ha vivido en Philadelphia durante toda su vida, se llamo a si mismo “el abogado de apoyo a niños más experimentado en America”. Comenzó recolectando de madres y padres de niños encarcelados en 1998, cuando un amigo – en ese momento alcalde y futuro gobernador de Philadelphia, Ed Rendell – le ordenó a hacerlo. Rendell no contestó a multiples solicitudes para sus comentarios acerca de la práctica.
Kaplan va a ser probablemente reemplazado por una agencia de recolección cuando se venza su contrato el 31 de Marzo, dijo Keafer en un email el jueves. El abogado quien actualmente obtiene bonos de hasta 160 mil dólares con base en los montos que recolecta de los padres, no comentó.
Uno de esos padres era Jonelle Mills, una madre soltera y conserje cuya hija adolescente ha estado entrando y saliendo de un centro juvenil por más de dos años. Mill dijo que Kaplan la ha facturado por casi 3 mil dólares por esas estadías y ahora la ciudad le esta embargando su sueldo. También dijo que su hija regresó a la casa “institucionalizada” y agresiva físicamente.
“Para que acabo de pagar exactamente?, dijo. “Está claro que no pagué ningún tipo de rehabilitación”.
Para Kaplan esa era la pregunta equivocada. Por 18 años, dijo en entrevistas previas, los padres han sido obligados a pagar el lugar donde viven sus hijos – aún si éste es la cárcel.
“El mantenimiento de un hijo es el mantenimiento de un hijo”, dijo. “Realmente no importa si el niño vive con la mamá, el papá, Tía Betsy, o conmigo -Tío Steve- encarcelado”
Esta investigación fue escrita por el Marshal Project, una organización periodística sin fines de lucro que cubre el sistema de justicia de E.E.U.U
(Traducción El Tiempo Latino / El Planeta Media)
