Natalia Villalobos es una ciudadana estadounidense, nacida y criada en el Distrito de Columbia (DC). Cuando se graduó de la Escuela Preparatoria (o Secundaria) Emerson en 2015, planeó matricularse en la universidad, estudiar negocios y el desarrollo del niño, y utilizar esas habilidades para abrir una guardería donde los niños pequeños puedan prosperar.
Pero cuando solicitó el subsidio de asistencia de la ciudad para la matrícula que la habría ayudado a pagar por las clases en el Montgomery College en el Condado de Montgomery, Maryland, la solicitud de la joven de 19 años fue rechazada porque su madre no es ciudadana estadounidense ni residente legal permanente. Ella dice que no puede pagar la inscripción en el colegio comunitario sin la ayuda financiera, y ahora está argumentando que las reglas del programa han violado sus derechos civiles.
Villalobos, con la ayuda del Fondo Mexicano de Defensa Legal y Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés), presentó una demanda federal en el Distrito la semana pasada, alegando que el programa Beca de Asistencia para la Matrícula de DC (DCTAG, por sus siglas en inglés) discrimina injustamente a ciudadanos estadounidenses con padres inmigrantes, incluyendo aquellos que viven legalmente en Estados Unidos. La demanda reclama que las reglas de DCTAG le están impidiendo acceder a miles de dólares en ayuda pública -la ayuda disponible para la mayoría de sus compañeros- que le permitiría ir a la universidad, interrumpiendo arbitrariamente la obtención de un título universitario.
Pero Villalobos y sus abogados también dicen que algo más grande está en riesgo: el significado de la ciudadanía estadounidense y la igualdad bajo la ley.
“Las cuestiones son claras y alarmantes”, dijo Nina Perales, vicepresidenta de litigios de MALDEF. “Tienes un estudiante ciudadano estadounidense que sólo quiere la misma oportunidad que todos los demás. Legalmente, cuando empezamos a desmentir lo que significa ser un ciudadano de Estados Unidos, socavamos los principios básicos de nuestra nación”.
La demanda pone de relieve un aspecto de la maraña de desafíos que enfrentan los inmigrantes en todo el país a medida que se esfuerzan por proporcionar a sus hijos oportunidades para progresar. Se asemeja a demandas en Florida, Carolina del Sur, Georgia y Nueva Jersey, en las que ciudadanos estadounidenses con padres indocumentados han desafiado las políticas estatales que dicen que les niegan el acceso igualitario a los programas de ayuda universitaria o a las tasas de matrícula en el estado.
En este caso, una madre que huyó de los peligros en su país de origen, El Salvador, obteniendo protección temporal en Estados Unidos, encontró que vivir legalmente, trabajar y pagar impuestos en el Distrito durante más de dos décadas no era suficiente para que su hija tuviera acceso a un programa diseñado para ayudar a más estudiantes de la ciudad a ir a la universidad.
Al mismo tiempo, los que temen que los inmigrantes estén sacando recursos de los estadounidenses de bajos ingresos argumentan que los dólares de los contribuyentes deben reservarse para los ciudadanos estadounidenses y sus familias. Villalobos es una ciudadana de Estados Unidos, pero el estatus de su madre es el factor decisivo para su elegibilidad a DCTAG. (El padre de Villalobos no es parte de la familia.)
Steven Camarota, director de investigación del Centro de Estudios de Inmigración, dijo que hay algunas “demandas morales duras y competitivas” en cualquier caso que implica inmigración y la financiación de la educación superior. Por un lado, dijo, es fácil simpatizar con una persona que quiere ir a la universidad pero no puede pagarla porque pertenece a una familia de inmigrantes de bajos ingresos.
“Por otro lado, este es un momento en el que millones de estadounidenses luchan con los costos de la universidad”, dijo, señalando que algunos podrían argumentar que no tiene sentido dejar que las familias inmigrantes usen subsidios de los contribuyentes que de otra manera podrían ir a los ciudadanos de bajos ingresos.
Villalobos argumenta que ella es una de esas personas de bajos ingresos que deberían tener acceso a DCTAG. El programa financiado con fondos federales es único en el Distrito y se ha convertido en clave para el presupuesto de los residentes de la ciudad que quieren ir la universidad, proporcionando subsidios para ayudar a los estudiantes a asistir a escuelas fuera de la ciudad debido a la falta de un fuerte sistema universitario en el estado.
El Congreso creó el programa en 1999 como una manera de dar a los estudiantes de DC más opciones para la educación superior. El programa brinda a los estudiantes hasta $10.000 por año para ayudarles a superar la brecha entre la matrícula dentro y fuera del estado en universidades públicos de cuatro años en otros estados. También da hasta $2.500 por año para instituciones tales como escuelas públicas de dos años, colegios privados sin fines de lucro e instituciones históricamente negras en todo el país. Los estudiantes de DC han utilizado los fondos en más de 300 escuelas en el país.
En busca del título
Villalobos, de acuerdo con su demanda, prevé asistir a Montgomery College en el condado de Montgomery, donde podría utilizar hasta $2.500 en fondos del programa DCTAG por año para sufragar los costos. Ella dice que la ayuda es crítica para su capacidad financiera de buscar un título.
DCTAG determinó que no puede obtener la subvención, a pesar de que es ciudadana estadounidense, debido a la situación migratoria de su madre. Su madre, quien ha sido por mucho tiempo una niñera, no tiene ninguna ruta legal para solicitar la residencia permanente, ciudadanía o asilo. Las pautas de elegibilidad de DCTAG requieren que un solicitante que es un dependiente tenga padres que puedan proveer una prueba de residencia oficial en el Distrito. Sólo los ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales y asilados cumplen con ese requisito.
La familia argumenta que el requisito de DCTAG de que los estudiantes solicitantes establezcan residencia oficial a través de sus padres excluye a las personas que son elegibles de otra manera.
“¿Por qué yo no tengo una opción?”, Dijo Villalobos. “Tengo derecho a las mismas opciones que todos los demás que viven en DC, fueron a la escuela secundaria en DC y se graduaron en DC”.
Cuando Villalobos estaba en Emerson Prep en 2015, DCTAG negó su primera solicitud. Después de aplicar por segunda vez, el programa envió una carta explicando que ella “nunca” cumpliría los requisitos de elegibilidad del programa.
“Me sorprendí”, dijo Villalobos. “Honestamente, pensé, ¿cómo puede ser eso? Soy ciudadana de Estados Unidos, debería tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, esta decisión no debería basarse en el estatus de mi madre”.
La demanda es presentada contra la alcaldesa demócrata Muriel Bowser, y la Oficina del Superintendente Estatal de Educación (OSSE). Un portavoz de la oficina de Bowser declinó hacer comentarios sobre la demanda porque está pendiente. El portavoz dijo que los residentes del distrito “deben entender que la ciudad sigue comprometida con su posición como una ciudad santuario donde ninguna persona, independientemente de su estatus migratorio, debe temer a la interacción con cualquier agencia gubernamental”.
Los funcionarios de OSSE se negaron a comentar los detalles del caso de Villalobos, citando las leyes de privacidad de los estudiantes. La organización no recopila ni mantiene datos sobre las razones por las que se niegan las solicitudes de los estudiantes al programa de becas, ni cuántos estudiantes no son ciudadanos o viven con un padre no ciudadano. En un comunicado, la agencia indicó que el programa DCTAG “ha ayudado a que la universidad sea asequible para miles de residentes en DC”.
Durante el año escolar 2015-2016, el último año para el que se dispone de datos, DCTAG cubrió algunos costos de la universidad para 4.525 estudiantes y consideró que 137 estudiantes solicitantes no eran elegibles, o alrededor del 3 por ciento.
Según Hiro Yoshikawa, profesor de globalización y educación en la Escuela Steinhardt de la Universidad de Nueva York, el caso de Villalobos, quien no puede calificar para DCTAG debido al estatus de un padre, se conecta a un creciente cuerpo de investigación, debate y litigio circulando alrededor del acceso a la educación superior.
“Casi no hay nadie en la educación superior que no esté, especialmente desde las elecciones, pensando y hablando de los estudiantes inmigrantes”, dijo Yoshikawa. “Pero nunca he oído hablar de un estudiante ciudadano que enfrenta estos desafíos.El caso de DC sugiere que hay millones más que podrían enfrentar importantes problemas de acceso a la universidad”.
Al menos cinco millones de niños estadounidenses viven en hogares de estatus mixto, según un estudio del Centro de Estudios Migratorios basado en datos del censo de 2013. La misma organización encontró que en todo el país, la proporción de niños nacidos de familias con al menos un padre inmigrante creció de 13.4 por ciento en 1990 a 25.5 por ciento en 2015.
Educación como oportunidad
Matthew Patrick Shaw, investigador de postdoctorado en Derecho y Ciencias Sociales de la American Bar Foundation, dijo que aunque Estados Unidos ha eliminado las barreras legales a la educación pública desde preescolar hasta la secundaria para los niños inmigrantes, el país aún no ha resuelto problemas de acceso a la educación superior.
“El acceso a la educación, en nuestra sociedad y en nuestros tribunales, ha llegado a simbolizar la manera en que las personas pueden ser verdaderamente perjudicadas por el gobierno”, dijo Shaw. “La educación tiene un vínculo tan claro con la oportunidad, con la autosuficiencia y con los resultados de la vida que las barreras son casi imposibles de justificar”.
Grupos como MALDEF han desafiado programas que parecen impedir que los inmigrantes y los hijos de inmigrantes tengan acceso a subsidios estatales de educación superior.
Como resultado de una demanda presentada por el Southern Poverty Law Center en 2012, un tribunal federal en Florida anuló una norma estatal que exigía a los ciudadanos-hijos de inmigrantes indocumentados pagar la inscripción como si se tratase de un estudiante fuera del estado. Ese mismo año, la Unión de Libertades Civiles de los Estados Unidos presentó una demanda en nombre de un ciudadano estadounidense a quien se le rechazó la solicitud de ayuda financiera estatal en Nueva Jersey alegando que sus padres indocumentados no eran residentes legales del estado. Una corte de apelaciones falló a favor del estudiante.
Y en 2014, un tribunal de Carolina del Sur desechó un caso de MALDEF que desafiaba las normas estatales que prohibían a los hijos de inmigrantes indocumentados acceder a la ayuda financiera estatal y que exigían que estos estudiantes pagaran la matrícula correspondiente a estudiantes fuera del estado. La organización ha impugnado la decisión con el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos del Cuarto Circuito.
Desde que se graduó de la escuela secundaria, Villalobos ha hecho unos pocos trabajo en tiendas al por menor y administrativos, se desempeñó como caminante de perros y entrenador, y trató de llevar una vida mientras junta el dinero para ir a la universidad. Ella quiere algún día abrir una guardería.
Pero la decisión de demandar, para impugnar la imparcialidad de las directrices de elegibilidad de DCTAG, no es impulsada sólo por sus preocupaciones financieras.
“Mi hermana menor se gradúa este año”, dijo Villalobos. “Si algo no cambia, ella estará en la misma situación que yo. Eso simplemente no puede suceder”.
(Traducción El Tiempo Latino / El Planeta Media)
