El miércoles 22 de marzo, un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) de Venezuela, participaron en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington DC, para denunciar la crisis humanitaria que atraviesa su país.
Sin democracia
Alí Daniels, representante de Acceso a la Justicia (AJ), una de las organizaciones presentes en la audiencia, afirma que si en algo coinciden las distintos defensores de los Derechos Humanos, es que en Venezuela no hay democracia, pues a su juicio, existe una “dictadura del siglo XXI”, que se ha encargado, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de anular todas las funciones de la Asamblea Nacional (AN), es decir, el Parlamento; que actualmente es el único Poder que no está en manos de Nicolás Maduro, quien ejerce como presidente de ese país y milita en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
En entrevista exclusiva para El Tiempo Latino, Daniels explica que el Poder Judicial, además de avalar decisiones directas del presidente de la República, es “el brazo ejecutor de las políticas del régimen” y “ahora se encarga de ser un verdugo de la Constitución. El caso más lamentable es el de la Asamblea Nacional”.
Acceso a la Justicia es una asociación civil sin fines de lucros, privada e independiente, que funciona en Venezuela desde 2010 y busca defender la democracia, la libertad, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial en el país.
De acuerdo a cifras de AJ, para el año 2016 el máximo tribunal dictó al menos 65 sentencias con las que desmanteló al Parlamento venezolano, pues inhabilitó al único Poder, además del Ejecutivo (presidentes, gobernadores y alcaldes), electo por la voluntad del pueblo. En las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, la oposición derrotó al oficialismo con casi 70% de los votos.
Este “autoritarismo legalista” -como el activista etiqueta al gobierno de Maduro-, argumenta que la AN se encuentra en desacato por diversas razones, o más bien, trabas “formalistas” impuestas. No reconocieron a tres diputados de la región indígena (dos de ellos opositores), debido a un presunto fraude electoral, por lo que ordenaron su desincorporación llevada a cabo, en efecto, por la oposición. Sin embargo, el impedimento siguió, pues el TSJ exigió que tal acción debía ser hecha por la junta directiva anterior.
“Si usted no obedece una orden judicial, hay una sanción penal, pero en ninguna parte dice que si comete desacato, entonces queda invalidado”. Para el abogado, no hay ninguna ley o norma que habilite al tribunal para anular al Parlamento, mucho menos para que “usurpe al Poder Legislativo, escuche la Memoria y Cuenta (rendición de cuentas), apruebe el presupuesto e incluso, decida qué personas se entierran en el Panteón Nacional. Antes se respetaban las formas porque tenían (los chavistas) todos los Poderes”.
El martes 28 de marzo, la sala constitucional del tribunal venezolano emitió su sentencia más reciente, en la que acusa a los diputados de oposición de “traición a la patria” e incluso los despoja de su inmunidad parlamentaria, una figura legal que los protegía de ser procesados por delitos comunes y encarcelados.
Crisis humanitaria
Además de la ejecución de órdenes de Maduro por parte del TSJ, así como la anulación y usurpación de funciones de la Asamblea Nacional de las que habla Daniels, Venezuela enfrenta graves problemas políticos, económicos y sociales, que se traducen en la mayor crisis humanitaria a lo largo de su historia republicana.
La inflación sobrepasó límites históricos, ya que de 180% en 2015, según reportó el Banco Central, superó el 700% el siguiente año, de acuerdo a datos extraoficiales del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), pues la primera institución no ha publicado más cifras desde entonces. El gobierno atribuye este fenómeno a una supuesta “guerra económica” contra el así llamado “socialismo del siglo XXI”, modelo que implementó el fallecido presidente Hugo Chávez Frías.
Sin embargo, el primer mandatario venezolano reconoció recientemente la grave situación del país al solicitar ayuda a las Naciones Unidas. “He pedido apoyo a Naciones Unidas para atender heridas económicas y sociales que golpean a nuestro pueblo por la guerra económica y la caída de los precios petroleros, para regularizar todo el tema de los medicamentos”, declaró Maduro en una transmisión (cadena) nacional de radio y televisión el viernes 24 de marzo, mientras que en las redes sociales se evidencia el hambre que padece la población. Circulan imágenes de personas comiendo de la basura y mensajes de servicios públicos para enfermos que mueren en los hospitales por falta de medicinas e insumos.
“Mi organización, junto a otras 45 ONG, enviamos una comunicación a Almagro hace dos semanas solicitando la activación de la Carta Democrática Interamericana, que nunca ha significado en ningún caso, la invasión del país. Venezuela la invocó para Honduras y nadie la invadió. Cómo es posible que un gobierno que se hace llamar democrático tenga gobernadores ilegítimos porque no hay elecciones”, dice Daniels.
Según explica el activista, si en su país “al millonario más rico le da infarto”, tendría las mismas oportunidades de sobrevivir que un mendigo, pues al llegar al centro hospitalario podría encontrarse con la noticia de que no hay medicamentos, que los equipos quirúrgicos no funcionan o peor aún: no hay médico porque emigró.
De acuerdo al Reporte sobre la represión del Estado en 2016, publicado por otra importante ONG, Foro Penal Venezolano, la “encarcelación sistemática con fines políticos es una política de Estado” en el país suramericano. Las cifras hablan por sí solas: Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de ese año, la organización registró 2.732 “arrestos políticos” por diversos “motivos que van desde el haber manifestado en una protesta”, hasta por tuitear “contra el gobierno nacional o algún funcionario público”.
Si hay algo que el vocero de AJ dice con gran pesar, es que en “Venezuela hay delegaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), así como de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y están absolutamente calladas respecto al tema humanitario”.
Venezuela después de la tormenta
Como no solo de criticar se trata, Acceso a la Justicia tiene una interesante propuesta, para una justicia imparcial en una próxima administración. Se trata de “una ley de carreras judiciales”, que exigirá que las personas postuladas para cargos de jueces, lo hagan por mérito y no por concurso de posiciones, como ocurre en la actualidad.
“En Venezuela el 73% de los jueces son provisorios, es decir, que te nombran por un fax y te despiden por un fax sin ninguna motivación ni causa. Para que esto no se repita tenemos que hacer una ley de carreras judiciales y a partir de allí podremos tener jueces independientes”, asevera Daniels, a pesar de que sabe que esta vía tomará tiempo pero es la que más conviene al país para evitar que la justicia vuelva a corromperse en el futuro.
En cuanto a la posible impunidad, luego de que su país salga de la crisis, el activista cree firmemente en una “justicia transicional que evidencie los delitos que se cometieron”, mientras se establezcan “niveles de responsabilidad de acuerdo al grado. No es lo mismo la persona que ejecuta la orden, al que la emite. No puede haber impunidad, no se trata de venganza sino de justicia. Los delitos de lesa humanidad no prescriben”.
Las ONG están dispuestas a aportar soluciones en la reconstrucción del país, pero se les debe permitir la participación, pues según Daniels, en las negociaciones del diálogo entre gobierno y oposición llevadas a cabo el año pasado, no fueron tomados en cuenta. “El diálogo fracasó”, puntualiza, sin dejar de recordar que mientras liberaron a algunos presos políticos, otros fueron encarcelados.
