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Los últimos gritos de Anastacio Hernández habían atraído a una multitud.
El inmigrante indocumentado gritó en español “ayúdame” y “no hice nada” mientras más de una docena de agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos lo golpeaban con bastones y le daban descargas eléctricas con una pistola (Taser) una y otra vez.
Cuando el hombre estaba ensangrentado e inconsciente, los agentes de la Patrulla Fronteriza voltearon su atención a un puente peatonal cercano, donde los espectadores sorprendidos miraron y grabaron con pequeñas cámaras, dijo un testigo.
“Escuché a alguien pasar decir ‘la imigra’”, dijo al Washington Post Ashley Young, una de las personas que tenía una cámara esa noche, usando la frase en español para referirse a los agentes de inmigración. “Miré a mi alrededor, y dos oficiales cruzaban el puente para ahuyentar a la gente, para asegurarse de que la gente dejara de mirar”.
Los agentes de inmigración estaban agarrando las cámaras de las personas una a una, dijo Young, y preguntando: “¿Qué grabaste?, vamos a borrarlo”.
Young tomó una decisión rápida antes de llegar al final de la fila: “Me metí la tarjeta SD en mis pantalones”.
La historia de la muerte de Hernández en 2010 en la frontera entre Tijuana y San Diego, respaldada por el video en esa tarjeta, ejemplifica la brutalidad de los agentes que patrullan la frontera y la impunidad con la que actúan, dicen los abogados que está a favor de una reforma de la Patrulla Fronteriza.
Estados Unidos resolvió el pleito con la herencia de Hernández el mes pasado, aceptando repartir un millón de dólares a sus cinco hijos y a su pareja, Maria Puga. La batalla podría haberse prolongado durante años en los tribunales, dijo el abogado de la familia, pero estaban preocupados porque el presidente Trump podría convertir la muerte de Hernández en un asunto político en medio de los esfuerzos por fortalecer la seguridad fronteriza.
Sin embargo, ninguno de los agentes involucrados ha sido despedido, disciplinado o “dejado de ganar un centavo de su salario”, por una paliza que le rompió cinco costillas de Hernández, dañó su columna vertebral y finalmente lo mató, según Eugene Iredale, abogado de la familia, que afirma que el inmigrante fue esposado mientras era golpeado.
“En 90 minutos, este caso ejemplifica el rango de deficiencia y mala conducta que tipifica la acción de la policía que maneja la aplicación de las leyes migratorias”, dijo Iredale al Washington Post. “Estos agentes están haciendo esto delante de Dios y del mundo”.
Visa pasada
Hernández cruzó a los Estados Unidos a los 15 años y vivió los siguientes 27 años como inmigrante indocumentado.
En mayo de 2010, la policía de San Diego detuvo al hombre de 42 años después de que intentara robar carne y tequila de una tienda de comestibles, según un reporte de PBS, que dijo que los artículos pudieron haber sido para la celebración del Día de la Madre. Las computadoras del departamento de policía mostraron que estaba ilegalmente en el país y fue deportado a México sin incidentes.
Pero dentro de unos días, estaba en el teléfono con su esposa. La extrañaba a ella y a sus cinco hijos pequeños, dijo. Él y su hermano iban a intentar cruzar de nuevo a los Estados Unidos.
No llegaron lejos. Los sensores en el suelo detectaron sus pasos en el fin de semana del Día de los Caídos, dijo PBS, y fueron acorralados por agentes de la Patrulla Fronteriza. Por segunda vez en un mes, Hernández fue procesado para ser deportado.
Cuando llegaron a la estación de la Patrulla Fronteriza, un agente le dijo a Hernández que botara una jarra de agua que llevaba. Pero Hernández comenzó a verter el agua, y el agente pensó que estaba siendo irrespetuoso, dijo Iredale al Washington Post. El agente “le quitó la jarra de las manos de Anastacio, lo hizo girar, lo condujo a una pared y allí le dio patadas en las piernas”, dice el documento de arreglo entre las partes, “golpeando sobre tornillos metálicos implantados en el tobillo de Anastacio producto de un viejo accidente. Cuando Anastacio se quejó de dolor, (el agente) lo empujó contra la pared y lo esposó”.
Dentro de la estación, Hernández se quejó de su pierna y dijo que necesitaba un médico, dicen los documentos del acuerdo. En cambio, un supervisor ordenó que Hernández fuera devuelto a México inmediatamente ─bajo la custodia del mismo agente que le había pateado la pierna, dice el acuerdo.
Lo llevaron a un punto de desembarque en el lado mexicano de la frontera y comenzaron a quitarle las esposas, según un comunicado del Departamento de Justicia.
“Supuestamente porque Anastacio bajó las manos, en lugar de detrás de su cabeza, el agente agarró a Anastacio por detrás”, dijo el acuerdo. Hernández empezó a luchar y patear a los agentes, y ellos respondieron. Dos agentes comenzaron a “golpearle con bastones”, según los documentos de la corte. Se balanceaban tan violentamente que golpearon a otros agentes, dijo Iredale. Esas fueron las únicas lesiones a los agentes de la Patrulla Fronteriza.
Hernández perdió el conocimiento y quedó con muerte cerebral cuando llegó al hospital. A los pocos días le quitaron el soporte vital.
De acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), “el forense de San Diego clasificó la muerte de Hernández como un homicidio”. Hernández tuvo un ataque al corazón durante la confrontación con agentes fronterizos, y había señales de que había sido golpeado en todo su cuerpo: “tenía varios dientes sueltos, moretones en el pecho, el estómago, las caderas, las rodillas, la espalda, los labios, la cabeza y párpados, cinco costillas rotas y la columna dañada”.
Se produjeron investigaciones penales e internas. Cinco años después de la muerte de Hernández, el Departamento de Justicia anunció que no perseguiría cargos federales de derechos civiles o civiles contra los agentes involucrados en la muerte de Hernández. Al limpiar los agentes, el comunicado de prensa del Departamento de Justicia destacó el hecho de que Hernández tenía metanfetamina en su sistema y enfermedad cardiaca preexistente.
Pero una demanda contra el gobierno por parte de la familia de Hernández era inminente. Y la brutalidad de la muerte de Hernández había conmocionado a las comunidades a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.
La muerte de Hernández activó a la comunidad de inmigrantes y puso de relieve las denuncias de abuso por agentes de la Patrulla Fronteriza.
PBS emitió un documental llamado “Cruzando la línea en la frontera”, que incluyó un segmento de 23 minutos sobre el caso de Hernández. Las protestas fueron noticia. Y el país tomó en cuenta de que la muerte de Hernández estaba entre una cadena de ocho muertes relacionadas con la Patrulla Fronteriza en menos de dos años. Ningún agente fue acusado en ninguno de los casos.
Después del caso de Hernández, “más familias se presentaron, y pudimos traer esos casos a D.C.”, dijo Andrea Guerrero, de Equality Alliance, que aboga por los derechos de los inmigrantes. “Fue el caso que condujo a las investigaciones del Congreso, que llevó a revisiones de toda la agencia sobre el uso de la fuerza y provocó que se dictaran nuevas directrices de uso de la fuerza”.
Puga y su familia surgieron como defensores, llamando al gobierno de los Estados Unidos a cambiar las políticas de inmigración y los procedimientos de disciplina y a equipar a los agentes con cámaras corporales.
“Nosotros, junto con otras familias, hemos estado luchando por más de cinco años en busca de justicia”, dijo Puga en un video dirigido a la Patrulla Fronteriza en 2016 que fue publicado en YouTube. “… He hablado con familias y sé el gran dolor que sienten, que es el mismo que el mío, por haber perdido a un ser querido y por no poder encontrar justicia”.
Los críticos dicen que la Patrulla Fronteriza había escapado del escrutinio que otras agencias de cumplimiento de la ley han enfrentado durante el debate nacional sobre el uso de la fuerza contra minorías raciales.
“Ya sea el resultado de una infusión de cortesía y gentileza entre la policía, del hecho de que los departamentos simplemente no quieren ser demandados, la mayoría de los departamentos de policía locales han hecho un esfuerzo concertado para mejorar la forma en que manejan casos que involucran a minorías raciales y étnicas”, dijo Iredale. “Esa no es la dinámica entre las agencias federales que hacen cumplir las leyes migratorias”.
La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reenvió las preguntas sobre el caso y su impacto a la oficina del fiscal de Estados Unidos en Phoenix. Cosme López, un portavoz de la oficina, dijo: “Puedo confirmar que estamos manejando este caso, pero actualmente no ofrecemos ningún comentario”.
El acuerdo entre las partes se produce cuando la administración de Trump ha tomado medidas para construir un muro en la frontera mexicana y aumentar el número de agentes de patrulla fronteriza.
La administración ha dado a los funcionarios de inmigración más poder para detener y deportar a los inmigrantes ilegales. Como escribió el periodista del Washington Post David Nakamura en febrero, el Departamento de Seguridad Nacional tiene “planes para que la agencia contrate a miles de agentes adicionales, expanda el grupo de inmigrantes que son prioridad para ser deportados, se aceleren las audiencias de deportación y enganchar a la policía local para que ayude a hacer arrestos”, planes que “reemplazarían a casi todos los emitidos bajo administraciones anteriores”.
Grupos de derechos humanos y demócratas han calificado la expansión de “xenófoba”, escribió Nakamura, y han dicho que el fortalecimiento de la agencia de cumplimiento de las leyes migratorias podría conducir a que incrementen los casos en que las minorías sean sospechosas de delito por su raza u origen.
El miedo de la familia de Hernández, dijo Iredale, es que el progreso que se ha hecho desde la muerte del inmigrante sea cancelado en la carrera por construir un muro fronterizo y expandir la Patrulla Fronteriza.
“Lo que estamos viendo ahora es que los agentes tienen la sensación de que las restricciones están apagadas”, dijo Iredale. “Creo que, psicológicamente, eso se tradujo en un sentido generalizado de que pueden hacer lo que quieran”.
ICE no necesita agentes adicionales, dijo Iredale. “Necesitan una mejor formación, una formación adecuada y necesitan una mejor disciplina”.
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(Este artículo fue publicado originalmente en inglés el 29 de marzo de 2017).
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)
