La familia Pineda cena junta en la cocina de su casa móvil en Lothian, Maryland. La familia se mudó a la zona cuando Ricardo Pineda fue dado de baja del Ejército en 2014.
BALTIMORE – Durante meses, Verónica Castro le había temido al martes 4 de abril, cuando estaba programado que hiciera un chequeo con funcionarios de inmigración.
La inmigrante indocumentada no sabía si iba a ser detenida y deportada a México o podría regresar a casa con su esposo, un veterano discapacitado y sus cuatro hijos, todos ciudadanos estadounidenses que viven en Lothian, Maryland.
El martes, mientras ella y su esposo se encontraban en una oficina llena de gente en el edificio federal George H. Fallon, sus temores se disiparon en menos de 30 minutos.
Los funcionarios de inmigración le dieron a Castro un año más antes de que ella tuviera que registrarse de nuevo.
“Estoy feliz”, dijo en español, sonriendo.
“Está lloviendo, pero es un día maravilloso”, dijo su esposo Ricardo Pineda, quien sirvió en el Ejército durante seis años y alcanzó el rango de sargento. “Tenemos otro año, un año más para estar juntos, y espero más”.
Tres miembros del clero habían acompañado a la familia a la oficina de inmigración, una pequeña habitación con 11 sillas y un folleto en la pared que advertía de un miembro de la MS-13 que era buscado por asesinato en Honduras. Mientras se encontraban en el ascensor, un desconocido los notó y preguntó si había servicios religiosos en el edificio.
“Dios está en todas partes”, dijo Pineda, sonriendo.
Verónica Castro, a la izquierda, y su familia llegando al edificio federal Fallon, en Baltimore, para su chequeo con las autoridades de inmigración. Estaban rodeados de activistas.
Afuera, una multitud se había reunido para mostrar el apoyo de la familia. Entre ellos había un pastor que había viajado desde Chicago y activistas de derechos de inmigración locales que habían formado grupos después de la toma de posesión del Presidente Trump. Ellos sostenían pancartas para que la familia supiera que no estaba sola. “Te amamos”, se leía en uno. “Seguridad para todos”, se leía en otros.
Los que estaban en la multitud habían orado juntos y escuchado mientras Castro les contaba la historia de su familia. La mujer de 38 años de edad, les dijo acerca de las necesidades médicas de su marido.
Pineda, de 47 años, recibió un alta médica del Ejército y toma medicamentos para la diabetes, la depresión y el dolor en una mano que se lesionó durante un entrenamiento de combate. Les contó acerca de sus cuatro hijos, dos de los cuales tienen discapacidades. El hijo de 14 años de la pareja tiene parálisis cerebral y su hijo de 17 años se quedó con daño cerebral después de una cirugía cardíaca cuando era un niño pequeño. Su madre lo ayuda a bañarse, vestirse y caminar hacia y desde el autobús todos los días.
“Mi esposo no podría cuidar de mis hijos sin mi ayuda”, dijo Castro. “Si me deportan, mi familia será destruida”.
Castro, que entró dos veces ilegalmente al país desde México, se ha enfrentado a estos controles desde el año 2011. Es para ese entonces cuando su solicitud de libertad condicional, que permite a familiares de miembros militares solicitar su estatus legal mientras permanece en el país, fue negada fundamentada en el hecho de que años antes había utilizado una “tarjeta de cruce fronterizo obtenida fraudulentamente”.
En los meses previos a la cita del martes, ella y Pineda apelaron a los políticos y a los miembros del clero por ayuda. Temían que, a pesar del servicio de Pineda y de las necesidades médicas de sus hijos, Castro fuera arrastrada por las políticas del presidente Trump que buscan acabar con la inmigración ilegal. Sus órdenes ejecutivas han ampliado el grupo de personas vulnerables a la deportación.
En Arizona,una madre de dos hijos nacidos en Estados Unidos, se registró el 8 de febrero, como lo había hecho durante ocho años, cuando fue detenida. Al día siguiente fue deportada a México.
El mes pasado, funcionarios de inmigración arrestaron a cinco personas en Massachusetts que comparecieron para citas programadas en una oficina de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, incluyendo al menos tres que estaban buscando la residencia permanente. Una mujer, según informes de la prensa local, estaba casada con un ciudadano estadounidense y se había presentado a una entrevista de matrimonio con su esposo cuando fue detenida.
“Todos tenemos que echar un buen vistazo a en qué tipo de país vivimos”, dijo el pastor Emma Lozano, quien viajó desde Chicago para apoyar a Castro y ha apoyado a otras familias de militares que enfrentan incertidumbres inmigratorias. “Muchas familias de militares y familias de Gold Star [que perdieron a un familiar en la guerra de Iraq] también están siendo afectadas por la deportación”.
Yasemin Jamison, que estaba entre la multitud, dijo que antes de la inauguración de Trump, ella era “sólo una mamá y un terapeuta de masaje”. Ahora, la inmigrante musulmán de Turquía es una de 650 personas que hacen del condado de Anne Arundel uno indivisible.
“No recuerdo haber tenido tanto miedo antes de Trump”, dijo Jamison, quien sugirió que su padre no realizara su viaje anual a Turquía este año.
Cuando Castro y Pineda salieron del edificio, y se anunció que se les había dado un respiro, la multitud aplaudió. La gente se apresuraba a abrazarlos.
Pero aun cuando expresaron alivio, hubo un reconocimiento de que todavía había familias que estaban sentadas en la oficina de inmigración y que aún no sabían qué les pasaría.
“Estamos celebrando hoy”, dijo Richard Morales, director de políticas de inmigración de Pico, un grupo de activistas interreligiosos. “Sin embargo, sabemos que hay gente entrando en esa oficina ahora, y no están saliendo”.
Los miembros del clero que acompañaron a Castro y a Pineda dentro del edificio ya habían comenzado a planear qué hacer para los próximos meses. Dijeron que saben de siete personas en la región de Washington que tienen citas próximamente.
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media).
