El jueves 30 de marzo, la Escuela de Asuntos Internacionales Elliot (Elliott School of International Affairs) llevó a cabo la “Iniciativa Brasil”, un encuentro entre estudiantes y especialistas que abordó el caso de corrupción dentro y fuera del país latinoamericano, conocido como “Lava Jato”, perpetrado por la transnacional Odebrecht y que arrastra consigo a políticos de diversas latitudes.
En el evento estuvieron como ponentes invitados, Mónica Arruda, profesora adjunta de la Universidad de Georgetown y Bruce Zagaris, abogado de la firma Berliner Corcoran & Rowe LLP (BCR), este último asesor de particulares, empresas y gobiernos en asuntos internacionales, quien lleva un seguimiento especial sobre el impacto global del caso brasileño.
La investigación
Lava Jato es el nombre que lleva la investigación más grande sobre la red criminal de corrupción, originada en Brasil por la empresa transnacional Odebrecht, con un conglomerado de compañías en las áreas de ingeniería, transporte, defensa y energía en distintos países de América Latina.
“Es una investigación que empezó hace tres años sobre actividades sospechosas de compañías que proveían servicios a Petrobras (estatal petrolera de Brasil). Hubo un gran flujo de efectivo que involucraba a empresas pequeñas que no tenían experiencia en el área y no se justificaban los montos de dinero”, explica Arruda.
Las indagaciones por parte de la policía federal descubrieron el 22 de marzo de 2016, que “Odebrecht era responsable del pago de sobornos y contribuciones ilícitas a campañas políticas”, en las que se vieron involucrados el ex presidente, Luiz Inácio Da Silva y Dilma Rousseff, entre otros personajes públicos.
Según datos que expuso la profesora, hasta ahora se ha recaudado más de 3 mil millones de dólares de Petrobras en tres años. El representante de la empresa, Marcelo Odebrecht, se encuentra en prisión desde 2015, al principio sin voluntad de querer contribuir con la justicia, pero al año siguiente firmó un acuerdo “de reducción de condena con autoridades brasileras, estadounidenses y suizas”.
“El acuerdo de cooperación reveló que Odebrecht pagó sobornos por $788 millones (2001 – 2016) y Braskem -perteneciente al consorcio-, pagó $250 millones (2006 -2014) a oficiales públicos y partidos políticos en Brasil y otros 11 países”, esgrime la catedrática.
El impacto que generó el caso se refleja en la decisión del Fiscal General, Rodrigo Janot, quien sometió al Tribunal Supremo de Justicia 83 investigaciones en las que “participan 170 agentes políticos (con jurisdicción legal privilegiada) y solicitó que otros 211 casos de investigación sean transferidos a los tribunales inferiores”. A esto se suman los testimonios grabados en videos y cientos de pruebas materiales que suministraron 78 ex ejecutivos de la compañía.
Impacto global
Bruce Zagaris asegura que el caso global de Odebrecht y Braskem es el más grande registrado en cuanto a corrupción de trasnacionales. “Brasil recibió 80%, EE.UU. y Suiza 10% cada uno por concepto de multas impuestas a Odebrecht”. Particularmente, el dinero pagado a Estados Unidos como penalidad fue resultado del flujo de capitales ilícitos a través del país, luego de que se llevaran a cabo reuniones en Miami.
Perú rescindió de un contrato con el consorcio del Gasoducto Sur Peruano Pipeline (GSP) -perteneciente en su mayoría a Odebrecht- e investiga el pago de $29 millones en sobornos. “El presidente Toledo, recibió presuntamente $20 millones y el gobierno ofrece 35 mil dólares por información que permita arrestarlo. Los dos presidentes anteriores también estarían implicados”, expresa Zagaris.
En cuanto a Panamá, con la filtración de documentos (Los papeles de Panamá), salieron a la luz pública presuntas vinculaciones del actual presidente, Juan Carlos Varela con compañías “de fachada” (offshore), que habrían recibido dinero proveniente de Odebrecht. También hay dos ex presidentes involucrados.
“El 7 de febrero el Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, alegó que Juan Manuel Santos recibió alrededor de $1 millón para su campaña presidencial de 2014 por parte de Odebrecht, a través de un tercero que trabajaba para la compañía”, dice el abogado, mientras que recuerda que el país suspendió un contrato por $862 millones que buscaba “hacer más navegable el Río Magdalena” y por el cual ahora está bajo prisión el ex viceministro de Transporte, “quien admitió que recibió $6.5 millones en sobornos para ese proyecto”.
En Argentina y Guatemala también hay investigaciones abiertas vinculadas al escándalo de corrupción. Ecuador manifestó su voluntad de indagar al respecto y solicitó información a Brasil en diciembre, mientras que en México se descubrió que Odebrecht tenía subcontratistas que no contaban con la capacidad financiera y técnica para desempeñar los trabajos asignados.
Por su parte, oficiales de Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, Venezuela y Brasil firmaron un acuerdo para combinar esfuerzos con equipos de investigación bilateral y multilateral que permitan hacer más hallazgos en el caso “Lava Jato”.
