La prueba de Martin Méndez comenzó cuando escribió una historia sobre agentes de policía mexicanos arrestando a un hombre que resultó herido en un accidente.
El título del artículo, publicado en febrero de 2016 en el periódico Novedades Acapulco, dice: “Gendarmes, abusan y violan los derechos de los ciudadanos”.
Un mes más tarde, varios hombres se presentaron en la casa de Méndez en Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, en México. Lo asaltaron y amenazaron con matarlo. Durante meses fue acosado, perseguido y obligado a esconderse. Los oficiales federales mexicanos también llamaban a menudo a su teléfono personal.
La serie de hechos descritos por el abogado de Méndez, Carlos Spector, ocurrió el mismo año en que un número récord de 11 periodistas fueron asesinados por su trabajo, según Reporteros sin Fronteras, que considera a México como el país más mortífero para los medios de comunicación en el hemisferio occidental.
Méndez decidió que la búsqueda de asilo en Estados Unidos era su única opción. En febrero cruzó la frontera con El Paso, donde su abogado lo entregó a los funcionarios de inmigración estadounidenses. Lo llevaron bajo custodia, y desde entonces él ha estado encerrado.
Spector dijo que Méndez, el hombre de 26 años sin antecedentes penales y quien no constituye una amenaza para la seguridad pública, no pertenece a la cárcel.
“Él hizo una entrada legal que buscaba asilo”, dijo Spector al Washington Post. “Se está enviando un mensaje a los solicitantes de asilo de que serán encerrados al venir legalmente al país”.
En marzo, Spector dijo que Méndez pasó lo que se denomina un “examen creíble del miedo”, que las autoridades estadounidenses usan para determinar si la vida de un solicitante de asilo está realmente en peligro. Pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, o ICE, se ha negado liberar a Méndez. Los funcionarios dicen que no pudieron probar que no hay riesgo de que se escape y que tiene lazos sustanciales en la comunidad.
Spector dijo que Méndez tiene un primo en el sur de California, un ciudadano estadounidense que ha aceptado llevarlo a vivir con él.
Grupos de derechos humanos se han manifestado a favor de Méndez, instando a los funcionarios a que lo liberen y le permitan vivir en Estados Unidos como solicitante de asilo.
“Este periodista, que ha sido perseguido y amenazado de muerte en su país, debe poder presentar su caso por asilo político de manera libre y digna ante un juez de inmigración”, dijo Emmanuel Colombie, jefe de la oficina de Reporteros sin Fronteras en América Latina.
Spector dijo que podría tomar de dos a tres meses antes de que Méndez tuviera una audiencia inicial frente a un juez de inmigración.
El proceso de asilo es largo, lo que significa que Méndez podría estar en la cárcel por años, dijo Alan Dicker, de Hope Border Institute, una organización con sede en Nuevo México.
“Si un juez decide que no recibe asilo y tiene que apelar, todavía tiene que permanecer en la cárcel durante todo ese proceso”, dijo Dicker a Courthouse News Service.
Leticia Zamarripa, portavoz del ICE en El Paso, dijo que Méndez llegó el 5 de febrero al puerto de entrada de Paso Del Norte, donde fue puesto bajo la custodia del ICE. Posteriormente, fue detenido en el Centro de Procesamiento de El Paso.
Un funcionario del ICE dijo que las decisiones sobre si los solicitantes de asilo deben ser puestos en libertad se hacen caso por caso. Cada solicitud de asilo es revisada a fondo, dijo el funcionario.
Spector dijo que el encarcelamiento de su cliente es emblemático de un problema más amplio de cómo las personas que abandonan sus países de origen por temor a la persecución son tratadas después de que lleguen a los Estados Unidos.
“Lo que le ha ocurrido a él, le ha sucedido a los demás”, dijo Spector. “Ahora es normal encerrar a las personas como criminales si huyen de la persecución, lo que es una violación de la ley internacional y estadounidense … Lo que simboliza es la criminalización del proceso de asilo”.
Un nuevo informe del Hope Border Institute y del Borderland Immigration Council encontró que los solicitantes de asilo a menudo eran detenidos arbitrariamente después de que llegaran, incluso si cumplían ciertos requisitos, como mostrar vínculos familiares y comunitarios. El informe, titulado “Discreción para negar”, documentó historias de varios solicitantes de asilo que fueron rechazados, detenidos o separados de sus hijos menores de edad.
Un ejemplo es una mujer guatemalteca que solicitó asilo por abuso de violencia doméstica y llegó a un puerto de entrada en El Paso en agosto de 2016 con su hija de 5 años. Según el informe, la mujer pasó una prueba, pero fue detenida durante meses mientras su hija fue colocada en un hogar de crianza temporal.
Michael Friel, portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, dijo al Washington Post en enero que las políticas no han cambiado con respecto a los procedimientos de asilo, que se basan en el derecho internacional destinado a proteger a algunas de las personas más vulnerables y perseguidas.
Treinta y cinco reporteros han muerto en México desde 2010, según Reporteros sin Fronteras. La organización coloca a México el puesto 149 de su Índice Mundial de Libertad de Prensa, que lista a 180 países.
El mes pasado Cecilio Pineda, un reportero independiente del mismo estado de dónde es Méndez, fue asesinado por dos hombres armados en una motocicleta.
Recientemente, Miroslava Breach Velducea, periodista y editora del diario Norte en la ciudad fronteriza mexicana de Juárez, fue baleada ocho veces fuera de su casa mientras estaba en su automóvil con uno de sus hijos, informó las periodista del Washington Post, Samantha Schmidt. La frase “ser un chismoso,” fue encontrada en un pedazo de cartón enrollado.
Poco después de su muerte, el propietario de Norte decidió poner fin a la publicación.
*Max Bearak contribuyó con esta historia.
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media).
