La oposición venezolana ha convocado a una nueva jornada de protestas en todos el país para el fin de semana y los días siguientes, lo que amenaza con acrecentar las tensiones en el país petrolero, sumergido en una profunda crisis política y económica.
Los líderes de la oposición, agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), llamaron a la población a concentrarse en sus comunidades este viernes, mientras que una “marcha silenciosa” fue convocada para el sábado 22 de abril. Otra actividad está prevista para el lunes 24 de abril, indicó el diputado Freddy Guevara, del partido Voluntad Popular.
Las protestas antigubernamentales tanto en Caracas como en el interior del país han sido fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado con el uso de gases lacrimógenos y perdigones (balas de plástico). En algunas localidades, las jornadas se han extendido hasta pasada la media noche.
La coalición opositora busca mantener la presión en las calles para demandar al gobierno del presidente Nicolás Maduro que se reestablezca el orden constitucional y se convoque a elecciones generales. El llamado es también a protestar contra la represión policial y de los grupos armados, afectos al partido de gobierno, contra las manifestaciones y que, según medios locales, han dejado un saldo de ocho personas muertas y decenas de heridos. De acuerdo con la ONG local Foro Penal Venezolano, 1.000 personas han sido detenidas desde que comenzaron las protestas, a principios del mes de abril.
En respuesta, el presidente Maduro dijo que “el diálogo es el único camino para, a través de la palabra, construir la paz”. También señaló que a través de diversos canales ha recibido mensajes para retomar el diálogo.
El mandatario insiste en que la oposición ha orquestado un plan, junto a Estados Unidos, para sacarlo del poder por la fuerza. Este jueves pidió abrir una investigación a la empresa de telecomunicaciones Movistar, a la cual acusó de sumarse “a la convocatoria golpista del 19 de abril”.
El 20A
Este jueves, las calles de Caracas volvieron a ser escenario de una jornada de protestas contra el gobierno del presidente Maduro, aunque en menor magnitud que la manifestación del día previo.
A primera hora de la mañana del jueves, los manifestantes empezaron a concentrarse lentamente en los distintas zonas de Caracas para luego trasladarse hacia la principal autopista, la avenida Francisco Fajardo, e intentar llegar nuevamente a la Defensoría del Pueblo. Diversos reportes de la prensa local señalaron que las fuerzas de seguridad del Estado reprimieron a los manifestantes que se encontraban en varios puntos del suroeste y este de la capital. En horas de la noche, se registraron fuertes disturbios en el oeste de Caracas.
El miércoles al menos dos personas fallecieron y decenas resultaron heridas en las distintas manifestaciones que tuvieron lugar en Caracas y el interior del país. Carlos Moreno, de 19 años, falleció de un disparo en la cabeza cuando iba desde la plaza de La Estrella, en San Bernardino, a a jugar fútbol con unos amigos. En San Cristóbal, estado Táchira, Paula Ramírez, de 23 años, también falleció de un disparo en la cabeza mientras corría escapando de hombres armados, presuntamente vinculados al gobierno, que atacaban la manifestación.
El Ministerio Público ha confirmado que imputará a un hombre por el asesinato de Ramírez. El presunto asesino es Iván Pernía y, dijo el viceministro de Seguridad Ciudadana, Néstor Reverol, que estaba vinculado al partido de oposición Vente Venezuela.
El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, dijo que un militar había sido asesinado por un francotirador en medio de una protesta en San Antonio de los Altos, estado de Miranda, a unos 30 kilómetros de Caracas.
Decenas de personas también resultaron heridas como consecuencia de la brutal represión de la PNB y la GNB. Reportes locales de prensa indican que casi 300 personas fueron heridas entre miércoles y jueves.
Represión
La ola de protestas, la más grande desde 2014, se desató después que el Tribunal Supremo de Justicia se atribuyera las funciones de la Asamblea Nacional, contralada por la oposición. Aunque la decisión se revirtió a los pocos días, la coalición opositora señala que la mayoría de sus decisiones han sido desconocidas. Días más tarde, la Contraloría General de la República, inhabilitó por 15 años al gobernador de Miranda y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, lo que le impide participar en elecciones.
