El presidente Donald Trump prometió el miércoles que llevará su lucha contra el movimiento de las ciudades santuario a la Corte Suprema después de que un juez federal bloqueó un plan de la Casa Blanca para retener fondos de los municipios que se niegan a cooperar con los funcionarios de inmigración.
En una serie de tuits del miércoles, Trump juró que la Casa Blanca estaba lista para presentar el caso ante la Corte Suprema y criticó al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, que fue parte de las decisiones legales que bloquearon el veto migratorio de Trump a varios países de mayoría musulmana.
“Primero, el Noveno Circuito falla contra la prohibición de viajes y ahora vuelve a golpear con lo de las ciudades santuario, ambas fallos ridículos. ¡Nos vemos en la Corte Suprema!”, escribió Trump.
El juez federal de distrito William Orrick -que impuso una medida cautelar a nivel nacional contra la orden de Trump del 25 de enero- no actúa en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito, aunque esos jueces revisarían sus decisiones.
En una declaración anterior, la Casa Blanca apuntó a Orrick, diciendo que su sentencia “reescribió unilateralmente la política de inmigración para nuestra nación”.
“Este caso es un ejemplo más del excesivo alcance de un solo juez de distrito no elegido”, dijo el comunicado de la Casa Blanca.
Cuando un juez cita a Sean Spicer…
Derek Hawkins | The Washington Post
Cuando una larga lista de comentarios del presidente Donald Trump, sus subordinados y sus portavoces aparece en un fallo de la corte federal, es justo decir que sólo puede significar una cosa: una orden ejecutiva cuestionable constitucionalmente está a punto de obtener un bofetada judicial.
Eso fue verdad en marzo, cuando los jueces federales de Hawai y Maryland suspendieron el veto migratorio de Trump, diciendo que la administración había mostrado una animosidad clara hacia los musulmanes, a pesar de que los abogados del gobierno afirmaron lo contrario.
Y fue cierto el martes, cuando el juez de distrito William H. Orrick, de California, congeló temporalmente la orden ejecutiva de Trump respecto a las ciudades santuario, declarando que probablemente violaba la Constitución.
El condado de Santa Clara y la ciudad de San Francisco desafiaron la orden argumentando, entre otras cosas, que el presidente no tiene el poder de retener dinero federal.
El fallo de 49 páginas se centró en buena medida en un tema familiar para el joven gobierno: la presunción y fanfarronería de Trump y de los altos funcionarios de la administración.
Orrick apuntó a las enormes discrepancias entre lo que decían los abogados del gobierno en los tribunales y lo que decían los funcionarios de la administración en público.
Específicamente el juez se refirió a la entrevista que Trump dio a Fox News en febrero, la conferencia de prensa del Fiscal General Jeff Sessions, y también citó al secretario de prensa Sean Spicer, quien dijo sin titubear que “los condados y otras instituciones que permanezcan como ciudades santuario no obtienen fondos federales”.
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Orrick señaló las discrepancias en la interpretación de la administración de la orden ejecutiva, que ampliamente autorizó al fiscal general a retener el dinero de los subsidios a las jurisdicciones que no cooperan con los funcionarios de inmigración en las deportaciones y otras acciones de aplicación de la ley.
Al mismo tiempo, el juez dijo que el Departamento de Justicia puede retener el dinero de la subvención que se otorga en condiciones relacionadas con la inmigración, si esas condiciones son violadas. El departamento respondió a la sentencia diciendo que esencialmente podría seguir funcionando como hasta ahora.
La decisión del juez bloquea en gran medida a la administración de hacer cosas que sus abogados dijeron en la corte que la agencia no haría, tales como eliminar el financiamiento de salud de las ciudades y pueblos.
Sin embargo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos de defensa de los derechos humanos dijeron que la medida cautelar ofrecía una clara advertencia de que la orden de Trump -la tercera emitida por el presidente que ha sido bloqueada, al menos parcialmente, en un tribunal federal- es ilegal.
“Una vez más, los tribunales han hablado para defender la tolerancia, la diversidad y la inclusión de las amenazas ilegales de la administración Trump”, dijo el director político nacional de la ACLU, Faiz Shakir, en un comunicado. “Una vez más, Trump se ha extralimitado y perdido”.
En la corte, los abogados del gobierno sugirieron que las ciudades y pueblos estaban reaccionando exageradamente a la orden debido a que los funcionarios federales aún no han definido las ciudades santuario o se han movido para retenerles la financiación. Pero en la televisión y en las conferencias de prensa, señaló el juez, el presidente y el Fiscal General Jeff Sessions han amenazado con sancionar esas jurisdicciones.
“El resultado de este acercamiento esquizofrénico al decreto es que los peores temores de los condados no se disipan y los condados razonablemente temen se haga cumplir la ley en el marco de la orden”, escribió el juez. “La amenaza de la Orden y la incertidumbre que está causando interfieren de manera inadmisible con la capacidad de los condados de operar, prestar servicios clave, planear el futuro y presupuestar”.
Trump dice que las ciudades santuario ponen a los estadounidenses en riesgo al negarse a retener a los inmigrantes que han sido arrestados o condenados por crímenes graves hasta que agentes de inmigración puedan ponerlos bajo su custodia y deportarlos.
Los funcionarios de las ciudades santuario dicen por su parte que no tienen la autoridad legal para mantener a una persona después de que un juez en un caso penal ha ordenado que la persona debe ser liberada. La retención de personas por delitos de inmigración es generalmente un proceso civil, más que criminal.
El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, dijo que los abogados del Departamento de Justicia están revisando las opciones legales. “El noveno circuito está haciendo cosas un poco locas”, dijo a periodistas el martes por la noche. “La idea de que una agencia no puede poner alguna restricción razonable sobre cómo algunos de estos fondos se gastan va a ser anulada con el tiempo, y vamos a ganar en el Tribunal Supremo en algún momento”.
*Brian Murphy contribuyó con este reporte.
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media).
