(Actualizado con número de personas asesinadas; declaraciones oficiales)
Desde el 4 de abril, en un mes de intensas protestas diarias en Venezuela, la organización defensora de DDHH, Foro Penal, ha registrado 1.708 detenciones en todo el país. El Ministerio Público confirmó al menos 31 fallecimientos y 747 personas detenidas hasta el 3 de mayo. Sin embargo, este viernes el número de personas asesinadas ascendió extraoficialmente a 37 muertos, luego del fallecimiento de dos jóvenes que superaron las heridas causadas por los cuerpos de seguridad del Estado durante la brutal represión de las manifestaciones del día previo. Los heridos superan los mil, según informó la diputada Delsa Solórzano.
Las manifestaciones se producen tres años después de las protestas de 2014 contra el régimen de Nicolás Maduro, en rechazo por la crisis humanitaria que vive el país, lo que incluye escasez de medicamentos y alimentos, así como la ruptura del hilo Constitucional, tal como denunció la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz.
El miércoles 3 de mayo Maduro entregó a el Consejo Nacional Electoral, la propuesta para realizar elecciones que convocarían a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución. Tibisay Lucena, rectora principal del organismo electoral recibió el documento después de meses sin aparecer en los medios de comunicación, evadir las elecciones regionales vencidas y negar la realización de un referéndum revocatorio presidencial. Esto causó más tensión y protestas en la calle. La oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) alertaron que se trata de un golpe a la Carta Magna.
Más represión
Dentro de los detonantes de la nueva ola de protestas, se encuentra una reciente sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual pretendía usurpar las funciones de la Asamblea Nacional, según denunciaron los diputados opositores. Aunque la sentencia fue parcialmente revertida, la organización Acceso a la Justicia estima que en 2016, el máximo tribunal de ese país, emitió más de 60 sentencias con las que anuló las competencias del parlamento y usurpó sus funciones.
Desde principios de abril, la represión se ha intensificado a diario, aumentado el saldo de muertos y heridos en aumento. El 3 de mayo en Caracas, una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana arrolló a Pedro Yaminne, un joven de 22 años, que hasta ahora se encuentra en terapia intensiva con siete costillas fracturas, un brazo y los pulmones colapsados.
El mismo día, en otra localidad de la capital, en Las Mercedes, Armando Cañizalez, músico de 17 años fue asesinado por un impacto de arma de fuego en el cuello, según informó el Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol. Al episodio se suman otros dos manifestantantes resultaron quemados en más de 70% de su cuerpo, tras la explosión de una moticicleta de la Guardia Nacional.
Reverol y otros funcionarios del gobierno de Maduro responsabilizaron de los homicidios y los hechos violentos a la oposición. No obstante, reportes de prensa local e internacional, así como las redes sociales, dejan constancia de la fuerte represión que han ejercido efectivos de seguridad del Estado con bombas lacrimógenas, perdigones y gas pimienta contra los manifestantes, edificios residenciales, centros de salud y hasta vehículos identificados como parte de primeros auxilios.
En videos y fotos que circulan a través Twitter, también se han identificados grupos paramilitares, conocidos como “colectivos”, presuntamente armados por el Estado para defender “la revolución” iniciada por el fallecido presidente Chávez. Estos grupos por lo general se movilizan en motos y causan terror entre la población, que pide la celebración de elecciones generales y liberación de los presos políticos, al tiempo que demanda atención a la creciente crisis económica, que ha desencadenado una inflación superior a 400%, según cálculos independientes, y una alta escasez de medicamentos y alimentos.
La OEA ante la crisis venezolana
El Secretario General de la Organización de Estado Americanos (OEA), Luis Almagro, había realizado la denuncia de las violaciones de DDHH en Venezuela en diversas ocasiones. Sin embargo, a juicio de José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, “estaba prácticamente solo reclamando atención de la comunidad regional, para examinar la situación, pero ahora los Estados por primera vez accedieron a convocar una reunión especial de cancilleres para hacer exactamente eso: evaluar el estado de los DDHH y la falta de libertades públicas”, dijo a El Tiempo Latino.
Con 19 votos a favor, 10 en contra, 4 abstenciones y una ausencia, en Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el miércoles 26 de abril se aprobó una reunión de cancilleres para discutir la crisis que se vive en Venezuela. Sin embargo, tal como ya lo había anunciado la ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Delcy Rodríguez, si se aprobaba el encuentro iniciaría el trámite para retirarse de la organización por considerar la convocatoria como “injerencismo” o “tutelaje”, como lo reafirmó el embajador venezolano, Samuel Moncada: violatoria de la “soberanía nacional”.
“Acusan a los países de América Latina de estar tutelados, cuando Venezuela es prácticamente un protectorado cubano, porque le han entregado las áreas más estratégicas. Son dueños de la identificación, de las notarías, registros, de la represión, la inteligencia militar, de todo”, aseveró Miguel Henrique Otero, presidente editor del diario venezolano, El Nacional, atacado por el régimen de Maduro debido a su postura crítica.
Venezuela no puede salir de la OEA
En efecto, el proceso se inició, pero esta desincorporación inédita, no puede realizarse de forma inmediata, pues habría que respetar el lapso estipulado de dos años, así como el pago de deudas atrasadas que el país tendría con la organización. Como respuesta, ante la medida ejercida unilateralmente por el régimen de Maduro, el presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, entregó un documento con un acuerdo emitido por ese ente, que detiene la desincorporación del país.
Según Borges las leyes venezolanas prohíben que el país abandone la organización si está vinculada con cualquier convenio de protección a los DDHH. “Los documentos que entregamos son una lista de los argumentos jurídicos que demuestran la ilegalidad del proceso y un acuerdo aprobado y firmado por la Asamblea Nacional de rechazo a la medida”, declaró el diputado.
En la sesión, la canciller argentina, Susana Malcorra, aseguró que la posición que asumen los Estados no es intromisión, sino una “responsabilidad colectiva” para “garantizar el funcionamiento de las democracias en la región”, porque de no actuar los países cargarían en su “conciencia” los “muertos y heridos graves” de las protestas en Venezuela.
A pesar de esta afirmación, Vivanco cuestionó la posición de Argentina porque “la canciller se equivocó durante mucho tiempo impulsando una opción de diálogo cuando todos sabíamos que el problema de Venezuela no es falta de diálogo entre oposición y gobierno. Durante todo este tiempo la situación se ha empeorado, hoy día no hay la posibilidad de realizar un Referéndum Revocatorio, hay más presos políticos y mayor concentración de poder. La Corte Suprema que opera como instrumento del gobierno”, aseguró.
Como una opción paralela, que podría beneficiar a su gobierno, el representante de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada, propuso una reunión de cancilleres, pero en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), organismo que tuvo entre sus principales promotores al expresidente fallecido, Hugo Chávez Frías. El encuentro se dio el martes 2 de mayo, pero no se alcanzó ningún acuerdo por la ausencia de siete de sus miembros.
Sobre la crisis que vive el país, Miguel Henrique Otero afirmó que “los venezolanos perdieron el miedo. Venezuela es un país que rechaza casi en su totalidad al régimen, pero tenía miedo, porque es un régimen del terror. Ahora están en la calle pidiendo elecciones generales, que se respete a las instituciones, que se libere a los presos políticos. Si el gobierno no cede la gente lo va a terminar sacando por una vía no muy convencional”, concluye.
(Editado por Jeanne Liendo, jeanne@eltiempolatino.com)
