La promesa del Presidente Donald Trump de sacudir un poco las cosas en Washington nos ha llevado de nuevo a un territorio familiar poco placentero: hablar del juicio político y la obstrucción de la ley. Esta vez involucra la investigación acerca de la relación de la campaña de Trump con Rusia. Pero, tal como fue con Richard Nixon y Bill Clinton, es necesario entender la intención de los Padres Fundadores cuando crearon el remedio del juicio político, y cómo los alegatos de obstrucción se ajustan al marco constitucional para hace rendir cuentas a un presidente de una conducta indebida en su cargo.
Los artífices establecieron el juicio político como un último recurso; un control que se pudiera utilizar para lidiar con la conducta indebida de un presidente cuando todos los otros mecanismos hubieran fallado. El juicio político no puede y no debe hacerse precipitadamente, y no debería hacerse por razones sin fundamentos que sugieran que los políticos están tan solo compitiendo por ventajas políticas, más que protegiendo los valores constitucionales.
Mientras los procedimientos para un juicio político parezcan más apresurados en juzgar o impulsados por un partido, menos credibilidad tienen a la larga. Los ejemplos de Clinton y Nixon ofrecen lecciones cruciales acerca de la importancia de no acelerar las cosas, y asegurarse de que el público esté confiado de que la gravedad de la conducta alegada justifica el remedio extraordinario y fundamentalmente antidemocrático de que el Congreso remueva a un presidente de su cargo.
El episodio de Clinton ofrece un ejemplo admonitorio. En 1998, la oficina del abogado independiente Kenneth Starr dedicó meses a investigar la posibilidad de que Clinton hubiera mentido bajo juramento acerca de la naturaleza de su relación con Mónica Lewinsky y de que esta manera obstruyó la justicia tratando de ocultar y destruir evidencia de dicha relación, de acuerdo con la referencia de Starr al Congreso para los procedimientos del juicio político,
Sin embargo, el fracaso de la Casa de Representantes a la hora de realizar su propia búsqueda de pruebas y la dependencia únicamente en los hallazgos de Starr, hizo que fuera más fácil para Clinton y sus defensores atacar al juicio político, calificándolo como un juicio apresurado y alegando que no se hubiera probado adecuadamente la conducta indebida que involucraba el abuso del poder oficial por parte del Presidente. El Senado rápidamente desechó el asunto cuando se hizo obvio que no contaba con los votos suficientes de los dos tercios para una condena.
Mientras más decisiva sea la investigación, mayor es el chance de que el pueblo americano confíe en ella. En el caso de Nixon, el proceso que llevó a su renuncia tomó más de dos años, y la extensión de las irregularidades que esas investigaciones revelaron eran imponentes. El Comité Judicial de la Casa de Representantes y un Comité electo del Senado llevaron a cabo hallazgos de pruebas de manera meticulosa, los cuales pusieron al descubierto la evidencia de que Nixon había grabado cada conversación en la Casa Blanca.
Tres días después de que la Corte Suprema ordenó a Nixon que entregara docenas de conversaciones grabadas, el Comité Judicial de la Casa de Representantes aprobó tres artículos para el juicio político, incluyendo una acusación de que Nixon había obstruido la justicia al pagar dinero secreto a los ladrones de Watergate. Doce día después, Nixon renunció. Desde ese momento, las personas de ambas partes han tenido confianza en la justicia de ese resultado.
Muchos partidarios de los dos lados están muy ansiosos acerca de una rápida resolución de la investigación de la campaña de Trump – los Demócratas para remover al Presidente de su cargo y los Republicanos para exonerarlo. Actuar tan rápidamente no solo es arriesgarse a una investigación descuidada e incompleta, pero también somete el resultado a reclamos, ya sea acerca de encubrimientos o de revertir el resultado de una elección que se realizó tan solo unos meses atrás.
La selección de Robert Mueller como abogado especial para dirigir la investigación acerca de la posible coalición entre la campaña de Trump y agentes rusos representa un buen modelo a seguir por parte de la Casa de Representantes. Como ex director de la FBI, Mueller asume la tarea con una reputación impecable de integridad, tal como lo hizo Archibald Cox cuando fue seleccionado como abogado especial para el caso de Watergate. Si Mueller conduce la investigación como se espera, de manera rigurosa e imparcial, el público probablemente tendrá gran confianza en el resultado, sea cual sea.
El juicio político requiere pruebas de un significante abuso de poder o una brecha en la confianza pública. La obstrucción de la justicia, o incluso el intento de obstruirla, personifica ese tipo de ofensa, implicando un ataque a un sistema cuya integridad el Presidente ha jurado defender.
Por contraste, los Presidentes John Tyler y Andrew Johnson enfrentaron constantes amenazas a juicios políticos, principalmente porque eran notablemente impopulares. La Casa de Representantes intentó fallidamente en tres ocasiones enjuiciar políticamente a Tyler por no hacer más que proteger la autoridad del presidente de vetar legislaciones y designar oficiales. A pesar de que Johnson llegó a estar a un solo voto de ser condenado en el Senado, la mayoría de los historiadores han desestimado su juicio político por haber sido mas impulsado por partidismo que por bases apropiadas para un juicio político y una remoción.
El juicio político es algo muy serio, quizás lo más serio que un Congreso debe contemplar luego de la decisión de ir a la guerra. Cualquier investigación de juicio político debe ser conducida con cuidado y preferiblemente a través de un apoyo bipartidista. Aquellos ansiosos por que comience deben recordar: si no se hace de manera correcta la primera vez, puede que no haya otra oportunidad.
