El Departamento de Justicia está presionando como parte de su propuesta de presupuesto para cambiar la ley federal a fin de que las jurisdicciones locales puedan ser obligadas a detener a los presuntos inmigrantes ilegales a petición de la agencia federal.
El movimiento daría a la administración mucho más margen de maniobra para cumplir su promesa de acabar con las “ciudades santuario”, aunque seguramente encontraría resistencia de algunas agencias policiales locales que no quieren que sus oficiales se usen para hacer cumplir la ley de inmigración.
“Hacer que los estados y las jurisdicciones locales hagan cumplir la ley federal de inmigración aterroriza a las comunidades de inmigrantes y hace que toda la comunidad sea menos, no más segura, como reconocen los jefes de policía de todo el país”, dijo Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de Inmigrantes.
La medida -una pequeña porción de la propuesta presupuestaria y fácilmente confirmada por los funcionarios del Departamento de Justicia- es poco probable que se convierta en realidad. La solicitud de presupuesto aún debe ser evaluada por el Congreso, y es probable que los legisladores la modifiquen sustancialmente. Pero la solicitud demuestra cuánto más está dispuesto a reforzar el Departamento de Justicia la aplicación de la ley de inmigración.
El Departamento de Justicia también pidió más autoridad para vincular el dinero de la subvención a la cooperación de las jurisdicciones locales con la aplicación de la ley de inmigración.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva -que desde entonces ha sido bloqueada por un juez federal- amenazando con cortar el flujo de fondos federales a las “ciudades santuario”. El Procurador General Jeff Sessions envió luego cartas a nueve jurisdicciones pidiéndoles que presentaran pruebas de que se están comunicando con las autoridades federales sobre inmigrantes indocumentados o se arriesgarían a perder dinero.
Pero la ley federal limita la autoridad del presidente y del fiscal general para tomar estas acciones. La ley sólo dice que las ciudades no deben restringir el intercambio de información con la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). No se mencionan casos en los que el gobierno federal se entera de que una persona en custodia local podría estar ilegalmente en el país y pide a una jurisdicción que detenga a esa persona.
Algunos funcionarios de la ciudad son reacios a cumplir con esas peticiones de retención porque el gobierno federal no está dispuesto a reembolsarlos y se preocupan por las implicaciones legales de retener a las personas en delitos de inmigración sin orden judicial.
Los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley también temen que si se les percibe como agentes de ICE, los testigos y otros podrían estar menos dispuestos a cooperar con ellos en otros tipos de investigaciones por temor a ser deportados.
Funcionarios del Departamento de Justicia han dicho que bajo la ley actual, retener a inmigrantes ilegales bajo petición es voluntaria. Y en un memo del martes, Sessions parecía admitir que su poder en esta materia era limitado.
Declaró que las “ciudades santuario”, incluso bajo la orden ejecutiva de Trump, eran sólo aquellos lugares que violaban la ley federal, particularmente en lo relacionado al impedimento que tienen los funcionarios locales de imponer cualquier restricción al intercambio de información con ICE. Sólo esas jurisdicciones, dijo, corren el riesgo de perder fondos federales.
Sin embargo, si la propuesta del Departamento de Justicia se convirtiera en ley, todas las jurisdicciones que no cumplan con las peticiones de detención estarán en riesgo. La ley impediría que las ciudades promulgaran políticas que impidan el cumplimiento de las solicitudes legales del Departamento de Seguridad Interna, incluyendo “cualquier solicitud para mantener la custodia de un extranjero por un período que no exceda las 48 horas”.
El estado de Texas recientemente aprobó un proyecto de ley que impone multas e incluso tiempo de cárcel a las autoridades locales que no cooperan con los agentes de ICE.
Los periodistas del Washington Post Sari Horwitz, Kelsey Snell y María Sacchetti contribuyeron a este informe.
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)
