El Estatus de Protección Temporal, que ampara a cerca de 300,000 centroamericanos y 58000 haitianos, no ha cambiado. Por ahora. Sin embargo, recientes declaraciones del secretario de Seguridad Nacional y de la embajadora de EE.UU. en El Salvador han causado alerta e incertidumbre sobre el futuro de este programa.
Los permisos de TPS para Honduras y Nicaragua vencen en enero de 2018, mientras que los de El Salvador expiran en marzo de 2018. El tratamiento que se dio a Haití podría ser un indicador de lo que pasaría con el resto. ¿Qué pasó con Haití? El permiso fue renovado, pero sólo por 6 meses (en vez de 18 meses como es costumbre) y con una advertencia del Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly: “Esta extensión de seis meses debería permitir a los beneficiados con el TPS de Haití que viven en Estados Unidos obtener documentos de viaje y tomar otras medidas necesarias para su partida definitiva del país, y también proporcionar al gobierno haitiano el tiempo necesario para prepararse para la futura repatriación de todos los actuales amparados con el TPS”.
Es decir, se podría interpretar que se trata de una concesión final, algo que es coherente con el discurso anti-inmigrantes que ha defendido Donald Trump desde que se lanzó como candidato presidencial.
“No es la intención de la ley tener una duración permanente, sino temporal”, dijo John Kelly el miércoles pasado junto al jefe de Estado haitiano.
Por su parte, la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, quien defendió la línea de Trump, dijo a los periodistas en una rueda de prensa que “ya ha pasado mucho tiempo desde que nacieron esos instrumentos migratorios”. La funcionaria agregó: “Quiero destacar que TPS comienza con la palabra ‘temporal’ y no solamente para El Salvador, sino para todos los demás países que obtuvieron TPS luego de desastres en su país para aliviar un poco las consecuencias de ese desastre”, insistió la funcionaria.
Conversamos con Abel Nuñez, abogado de inmigración y activista comunitario, quien trabaja para la organización Centro de Recursos para Centroamericanos (CARECEN) con sede en Washington DC, quien aclaró algunas dudas sobre el TPS.
Explíquenos con detalle qué es el TPS y por qué se otorga
El Estatus de Protección Temporal es un permiso que ofrece el gobierno de Estados Unidos a nacionales de ciertos países, que les permite vivir y trabajar en Estados Unidos legalmente, por un tiempo determinado. Generalmente este permiso dura 18 meses, tiempo después del cual se puede renovar.
Por casi dos décadas, y de manera ininterrumpida, los nicaragüenses, hondureños y salvadoreños se han amparado bajo esta protección. En el caso de los haitianos, el permiso ha estado disponible por siete años.
Los países amparados bajo el TPS tienen muchas similitudes: todos son muy pobres y sus ciudadanos han recibido la protección justo después de haber sufrido los embates de desastres naturales. En el caso de Nicaragua y Honduras fue en 1999, tras el huracán Mitch; para El Salvador fue en el 2001 después de los dos terremotos, y para Haití en 2010, siguiendo el huracán Matthew que devastó la isla.
¿Qué pista nos da el tratamiento que ha tenido la administración de Trump con el TPS de Haití?
Según las regulaciones de la agencia USCIS, tres meses antes del vencimiento del TPS debe abrirse una convocatoria a los nacionales de estos países para aplicar a la renovación del TPS. El vencimiento más próximo era de Haití, y en efecto se hizo la convocatoria, pero esta vez sólo para extender por 6 meses, y con la advertencia de que deberían pensar en regresar.
¿Qué panorama existe para los centroamericanos?
Creo que hay tres alternativas probables: la primera es la optimista, de extenderlo por 18 meses. La segunda es la pesimista, que consistiría en la eliminación del programa, y la tercera sería algo en el medio que es lo que se hizo con Haití, de sólo extenderlo por seis meses, como una estrategia para que la gente prácticamente arregle su situación y se prepare para regresar a su país de origen. Lo que ha pasado con Haití es un termómetro.
¿Qué capacidad tienen estos países de recibir a sus nacionales deportados?
Ninguna capacidad. Estamos hablando de países muy pobres que no han resuelto su situación de pobreza en años y que en vez de mejorar, en muchos casos empeora. Las peticiones de asilo a México, por ejemplo, han subido exponencialmente. Estos países no tiene cómo acoger a tanta gente. Recordemos que estaríamos hablando de más de 300,000 personas y posiblemente sus familiares, porque después de tantos años ya hay muchos que tienen descendientes.
¿Hay algo que se pueda hacer a nivel legislativo?
No creo. Esta es una decisión a nivel ejecutivo, y es un decreto presidencial. Estamos hablando de que la renovación ha sido algo casi automático por dos décadas, en las que han pasado tanto presidentes demócratas como republicanos. Con el caso de Haití se han enviado cartas y se han movido piezas a nivel legislativo pero poco ha sucedido.
¿Qué pasaría si se acaba el TPS?
A nivel legal, las personas de estos países pasarían a ser indocumentadas y, por ende, deportables. Pierden sus beneficios y permisos de trabajo. A nivel práctico, habría consecuencias muy lamentables, gente que perdería su trabajo y que se verá a mudarse al sector informal de la economía, empleadores que perderían a sus trabajadores, familias separadas, disminución del poder adquisitivo de comunidades enteras.
¿Hay personas con antecedentes criminales entre los protegidos con TPS?
No. Como condición para ser aceptados, todos los solicitantes deben someterse a un chequeo de antecedentes penales.
Es imposible predecir qué va a pasar con el TPS. Una cosa sí es cierta: por primera vez el poder ejecutivo de Estados Unidos declara que las condiciones por las cuales se dio el TPS han cambiado lo suficiente o ya no existen. En el caso de Haití, a pesar de que es uno de los países más pobres del hemisferio occidental, esa condición de pobreza ya existía antes del terremoto. Y el Secretario de Seguridad Nacional lo ha dicho claramente. Habrá que esperar unos meses para saber más.
