El Canciller de El Salvador, Hugo Martínez, dejó por fuera la posibilidad de apoyar la radicalización de la protesta por parte de varios grupos pro inmigrantes en EEUU, que han iniciado una fase de desobediencia civil para defender la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Diplomacia
El Tiempo Latino increpó al funcionario sobre la posición del gobierno de su país con respecto a las recientes acciones de protestas que llevaron a cabo las organizaciones pro inmigrantes CASA y United We Dream, frente a la Casa Blanca, en las que 25 líderes comunitarios y políticos fueron detenidos tras declararse en resistencia, por defender la protección legal de los beneficiarios de ambos programas.
“Nosotros siempre hemos dicho que tanto EEUU como El Salvador, somos Estados de Derecho.
Por supuesto, que en ambos países está la posibilidad de expresar las opiniones y manifestar pacíficamente, pero siempre en el marco del respeto a las leyes. Comprendemos y acompañamos todos aquellos deseos y peticiones por los derechos de la comunidad migrante, pero desde nuestra posición como gobierno”, dijo Martínez.
Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de una visita de trabajo del alto funcionario al Departamento de Seguridad de EEUU (DHS), al cual entregó una carta para solicitar a las autoridades la extensión del TPS a los salvadoreños, que vence el próximo 8 de marzo.
Sobre la posición del Canciller, Gustavo Torres, presidente de CASA, aseguró que como organizaciones locales están en todo el derecho de consumar las distintas vías de protestas para proteger a los inmigrantes. “Respetamos la posición de los representantes del gobierno de El Salvador. Ellos son un gobierno extranjero y como tal tienen su rol que mantener. Nosotros, en cambio, somos una organización comunitaria representando los intereses de los salvadoreños en este país, y como tal, ejercemos nuestro derecho a usar todas las formas de expresión democráticas que estén al alcance dentro de la ley para que los inmigrantes que han decidido quedarse en este país tengan una vida digna y justa”, declaró.
Incluso, al consultarle a la Embajadora de El Salvador, Claudia Canjura, sobre su posición como máxima autoridad permanente en Washington, DC, en relación a la lucha no violenta que emprende en las calles de DC la población beneficiaria de TPS, su equipo de trabajo se negó a que diera declaraciones al respecto y su intervención a este medio fue interrumpida.
Cambio de discurso
Esta posición diplomática se produce después de que a finales de julio el presidente Salvador Sánchez Cerén arremetiera contra la administración de Donald Trump al decir públicamente en su programa Casa Abierta, que era un “fuerte error” del republicano querer insinuar que todos los salvadoreños formaban parte de bandas criminales.
“Con la llegada del nuevo gobierno de Estados Unidos se nos han presentado nuevos desafíos, especialmente con los migrantes. Me decía el señor Canciller (Hugo Martínez) que con las últimas declaraciones (de Trump), se quiere victimizar a todos los salvadoreños migrantes; creo que eso es un fuerte error”, sentenció el presidente para entonces.
En tal sentido, el mismo Martínez dijo que los criminales formaban parte de un grupo pequeño y no iban a aceptar que los “metieran a todos en el mismo paquete”.
Sin embargo, ahora su discurso ha cambiado y se enfoca en lograr el beneficio para quienes gozan del TPS.
“Alrededor del 90% de los beneficiarios del TPS tienen un trabajo, con más de 40 horas a la semana, además aportan a la economía en rubros muy claves dentro de EEUU, como la construcción, los restaurantes, la hotelería, cuidados infantiles, servicios de salud, etc. También el 12% de esta población está compuesta por emprendedores, empresarios que trabajan por propia cuenta y dan trabajo a otras personas”, aseveró el Canciller.
Otro factor clave que destacó el ministro centroamericano, fue el aporte de los salvadoreños con este beneficio temporal a la seguridad social y Medicare, pues el año pasado estuvo por el orden de los $500 millones.
“Estamos programando otras visitas de trabajo cuando termine el receso del Congreso y vamos a seguir con esa estrategia integral, que empezamos a ejecutar en noviembre del año pasado”, concluyó Martínez, quien confirmó que 60 días antes de que expire la prórroga, DHS dará respuesta sobre la petición realizada.
