El tema migratorio, especialmente en nuestra agenda bilateral con los Estados Unidos, es uno que el Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén considera de carácter prioritario de nuestra política exterior. En coherencia con ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha puesto en marcha, desde noviembre de 2016, una estrategia integral para la protección de los derechos de nuestros hermanos, pero también para abogar por su estabilidad en esa nación.
Esta estrategia, que incluye acciones y alianzas a nivel nacional y regional y, por supuesto, ante autoridades locales, estatales y federales de los Estados Unidos, se encuentra ahora en una etapa crucial, en la que estamos redoblando esfuerzos alrededor de dos gestiones de relevancia para más de 200 mil salvadoreños.
Me refiero, por un lado, a la solicitud de una nueva prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio del cual gozan unos 190 mil compatriotas, que llegaron a la Unión Americana antes de los terremotos de 2001 en El Salvador; y, por otro lado, a las gestiones para encontrar una solución a los “dreamers” (soñadores), jóvenes que llegaron siendo niños a este país y que, desde 2012, están amparados al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
En el caso del TPS, hablamos de un segmento que, durante más de 16 años, ha vivido en armonía con las comunidades que los han acogido y en pleno respeto a sus leyes, contribuyendo a su dinámica social, cultural y económica. De hecho, se estima que el 90% de los salvadoreños con TPS son parte de la fuerza laboral de la nación, el 50% de ellos son sujetos de créditos, y realizan tributos anuales por unos 500 millones de dólares a MediCare y a la Seguridad Social.
Precisamente, en la solicitud formal que presentamos el pasado 24 de agosto, ante el Departamento de Seguridad Nacional de dicho país, hemos expuesto todo este invaluable aporte, que esperamos sea bien ponderado por las autoridades respectivas. Y de igual forma, con el Congreso estamos abogando para que puedan valorarse otras alternativas, para que por esta vía se pueda lograr un estatus regular permanente para nuestros connacionales.
En el caso de los “dreamers”, se trata de unos 30 mil jóvenes compatriotas, que emigraron antes de cumplir los 16 años, han crecido en los Estados Unidos, se han formado o siguen formándose en sus instituciones educativas, y la mayoría de ellos están aportando ya su conocimiento en el mercado laboral.
La finalización del DACA, en un plazo de seis meses, no supone una deportación inmediata de esta población, sino que llama al Congreso estadounidense a buscar una salida legislativa en ese periodo. Esa es otra razón de que estemos enfilando gran parte de nuestros esfuerzos hacia congresistas y senadores, de manera que podamos abonar en esta tarea de asegurar su permanencia en dicho país.
En todo este contexto, nuestras últimas visitas a Washington D.C. han sido fundamentales también para afianzar las alianzas que hemos venido desarrollando para lograr nuestro objetivo, con organizaciones que trabajan por los migrantes, autoridades locales, iglesias, e incluso empresarios que emplean a salvadoreños TPS.
Ese es el espíritu con el que esta semana nos encontramos nuevamente en la capital estadounidense, en una visita a la que hemos invitado a sumarse a diputados de la Asamblea Legislativa, para que con una sola voz continuemos esta importante labor que, como hemos dicho, demanda la unidad de todos los salvadoreños.
Es así, sumando esfuerzos y con verdadero compromiso, que seguiremos trabajando incansablemente por la estabilidad de nuestra población TPS y sus familias en El Salvador, así como de nuestros jóvenes soñadores.
