Tamara Sujú : 44 personas recibieron descargas eléctricas en las partes íntimas
Una audiencia para determinar si existen bases que impliquen al régimen de Venezuela en la aplicación de torturas sistemáticas, que requieran sea denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI), se llevó a cabo el 14 de septiembre en la Organización de Estados Americanos (OEA), ubicada en Washington DC.
En la actividad participaron cuatro testigos que fueron interrogados desde distintas posiciones, pero con el mismo objetivo de aportar pruebas que vinculen al gobierno de Nicolás Maduro en prácticas inhumanas que violan los DDHH y tratados internacionales.
Tamara Sujú, directora del Instituto Casla denunció los casos de víctimas directas. “De la tortura selectiva en el gobierno de Chávez, pasamos a las torturas masivas en el gobierno de Nicolás Maduro. Estoy presentando 289 víctimas directas, testimonios de personas”, declaró. Sin embargo la estimación del total que hace, supera las 500.
La activista también aseguró que el régimen ha creados estructuras de represión, tal como el “Comando Antigolpe”. De acuerdo a las cifras que maneja, 52 personas fueron sometidas a actos lascivos violentos por parte de funcionarios, 44 recibieron descargas eléctricas en partes íntimas e incluso otros fueron obligados a ingerir comida descompuesta y excremento. “Más de 100 personas han sido torturadas con gases tóxicos y bolsas plásticas. Las torturas han sido sistemáticas”.
Julio Henríquez denunció que la unión cívico militar forma parte del aparato de represión del régimen
Por su parte, Julio Henríquez, en representación del Foro Penal Venezolano, aseguró que en el país suramericano hay asesinatos, torturas y violencia sexual. “La unión cívico militar une a civiles armados con fuerzas militares y forma parte de la represión. También se han utilizado tribunales militares para juzgar civiles”, dijo.
En la audiencia participó Francisco Márquez, activista del partido político, Voluntad Popular y directivo de la ONG Visión Democrática, quien brindó su testimonio como ex preso político del régimen y relató parte de su vivencia dentro de cuatro recintos carcelarios distintos en un lapso de cuatro meses.
“Tenía acceso limitado a mis abogados y familia. La mayoría del tiempo estuve en una mazmorra pútrida donde habían zancudos, por lo que me dio dengue, la comida era limitada. Me afeitaron y me hicieron gritar la consigna ‘Chávez vive, la lucha sigue’ y hacer orden militar”, comentó Márquez, quien también reconoció que había sido desnudado y sometido a humillaciones mientras que los grababan en video.
Francisco Márquez reveló detalles de su caso como ex preso político: “Fuimos sometidos a humillaciones”.
“Personalmente presencié dos sesiones de tortura, una que duró 30 minutos donde un pobre ser humano estaba amarrado a una reja, esposado y seis personas le cayeron a golpes”, declaró.
Johanna Aguirre, esposa de José Alejandro Márquez, asesinado presuntamente por la Guardia Nacional Bolivariana en 2014, brindó su testimonio. Su marido fue golpeado por los funcionarios solo por hacer un video de los efectivos y falleció posteriormente en un centro médico por “traumatismo craneoencefálico” – como dice su acta de defunción.
El moderador designado por la OEA para realizar el interrogatorio a los testigos en la audiencia fue Luis Moreno Ocampo, abogado argentino, primer Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, quien sentenció a integrantes de la junta militar dictatorial del país suramericano, Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a cadena perpetua, Roberto Eduardo Viola a 17 años de cárcel, a Armando Lambruschini a ocho años; y Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses.
Johanna Aguirre, viuda de una víctima de la represión en 2014. Su esposo fue asesinado a golpes presuntamente por la Guardia Nacional
“El hecho de que la Organización de Estados Americanos haya iniciado esta acción es algo histórico porque si hay algo que defiende la Carta Democrática Interamericana y la Convención Interamericana son los los Derechos Humanos de los pueblos. Lo que ha sucedido en Venezuela los últimos tres años ha sido terrible. No me cabe la menor duda de que hay crímenes de lesa humanidad, yo llevo una denuncia ante la CPI por torturas sistemáticas. La represión, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos han sido una forma de tratar de controlar e intimidar a la población venezolana”, declaró Sujú a El Tiempo Latino.
Si se considera que existen las bases para que el régimen madurista pueda ser juzgado ante la CPI, de la OEA podría emanar un informe que respalde la petición de que se inicie una investigación al respecto.
