Los legisladores de California, involucrados en una batalla de alto perfil con la administracion de Trump acerca de su posición respecto a las “ciudades santuarios” y “soñadores (dreamers)”, ya han aprobado una medida que busca proteger los derechos de vivienda de inmigrantes indocumentados.
La legislación pasó una Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes, la cual prohibe a arrendatarios reportar, e incluso amenazar con reportar, el status de inmigración de sus inquilinos a las autoridades como forma de acoso, retaliacion o manera de forzar desalojo. El proyecto de Ley tambien permite a inquilinos recibir compesación de daños si el arrendatario es encontrado culpable de estas acciones.
Los que apoyan esta medida dicen que fueron motivados por un aumento en los niveles de acoso a inmigrantes indocumentados por parte de arrendatarios.
“Estábamos escuhando por parte de inquilinos que sus alquileres iban a subir, que la calefacción del agua no se iba a arreglar o que iban a ser desalojados”, dijo el miembro de la Asamblea de California, David Chiu, Demócrata, quien apoyó el proyecto de ley junto con el Centro Occidental de Ley y Pobreza.
“Les dijeron que si no hacían lo que se les pedía, las autoridades de inmigracion los iban a contactar”, dijo Chiu en una entrevista. “El hecho de que estamos en una era en la que los inmigrantes están bajo riesgo de ataque y en la que las amenzas de deportación son extremadamente reales, en este contexto, hemos visto a ciertos arrendatarios aprovecharse de la situacion para presionar a mayores costos de alquiler o desalojos”.
El Senado estatal también voto para hacer de California un estado satuario. La medida podría proteger a inmigrantes indocumentados de posibles deportaciones, prohibiendo a las agencias de ley local, incluyendo policias escolares o departamentos de seguridad, cooperar con oficiales federales de inmigración. La medida también previene que la autoridades pregunten acerca del status de inmigración de las personas.
Los legisladores pasaron ambas medidas la semana pasada.
La Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes también prohibe a los arrendatarios, incluidos aquellos que tomen control de un edificio con inquilinos existentes, deslojar a alguien por razones como negación a un nuevo chequeo de crédito o no proveer un número de Seguridad Social.
“Lo que habíamos encontrado es que los arrendatarios que habían estado alquilando a inmigrantes por muchos años derrepente encontraron excusas para aumentar la renta o establecer pretextos para un desalojo”, dijo Chiu.
La medida daría a aquellos inquilinos cuyos arrendatarios revelaran o amenzaran con revelar su status, el derecho de demandar por 6 a 12 veces la renta mensual.
“Nos dimos cuentas que necesitábamos tener algún tipo de penalidad o si no los arrendatarios simplemente tendrían este tipo de comportamientos impunemente”, dijo Chiu.
“Particularmente debido a las rentas tan altas a lo largo de California, queríamos asegurarmos que existiera algún freno para que los arrendatarios no llegaran a un peor comportamiento”.
El proyecto de ley pasó 56 a 20 y espera la firma final por parte del gobernador Jerry Brown, Demócrata.
