El lunes 23 de octubre, una delegación de doce activistas pertenecientes a tres organizaciones pro inmigrantes llegaron a Washington DC desde los estados fronterizos California, Nuevo México, Arizona y Texas para asistir a una serie de reuniones con representantes del Congreso en defensa de la ley que daría una solución al estatus de los soñadores, mejor conocida como “Dream Act”.
La iniciativa es parte de una colaboración entre Southern Border Communities Coalition (SBCC), United We Dream y America’s Voice. “Vivo en una comunidad fronteriza donde ha habido varias propuestas para tratar de darnos una solución como jóvenes migrantes, pero también incluyen muchísimas cosas que nos afectarían, como construir el muro y enviar más agentes, pero ya en la zona hay muchos. Incluso han ocurrido muertes y hay personas lastimadas por ellos, pero no existe ningún tipo de acciones en su contra. Queremos que pase una Dream Act que sea limpia. No es justo que nos estén usando a los dreamers para su juego político”, declaró Itzel Guillén de SBCC San Diego, California.
La activista se mostró optimista con los posibles resultados de la ley, que beneficiaría no solo a los 800 mil soñadores reportados en todo el país, sino a un número mayor, si se toman en cuenta otros inmigrantes que entrarían en el grupo. El número podría llegar a 1.3 millones, según aseguró a El Tiempo Latino, Vicki Gaubeca, estratega de comunicaciones y política de SBCC.
Gaubeca aseguró que una propuesta más inclusiva abarcaría a 1.3 millones de dreamers beneficiados con la nueva ley
“Mi mensaje para los dreamers es que no pierdan la esperanza, estamos luchando en Washington DC para que nuestras comunidades sean escuchadas. Les pido a los demás en el país que alcen sus voces para que hablen con sus legisladores y les cuenten sus historias, que digan por qué necesitan el Dream Act y cómo les ayudaría a ellos y a sus familias. No se desanimen y sigan luchando por sus sueños”, aseguró Guillén.
Sobre la renovación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su siglas en inglés), Gaubeca dijo que hubo gente afectada por el paso del huracán en Florida y al sur de Texas que no pudieron hacer el trámite a tiempo, pero a pesar de la contingencia no se les otorgó una prórroga.
“Hoy día hay 22 mil personas que están riesgo de ser deportadas porque no pudieron renovar su DACA a tiempo. Urge una solución, porque son individuos que han contribuido a la economía y la cultura de EEUU, en realidad han crecido aquí. Ven este país como propio. Tenemos mucha esperanza de que la ley pueda pasar. No queremos que los deporten”, dijo Gaubeca.
Las reuniones pautas en DC, incluyen a representantes del Congreso tanto demócratas como republicanos, a quienes le expondrán sus perspectivas sobre la ley, que tiene diversas propuestas dentro de la institución, pero que a juicio de Gaubeca, es contradictoria en algunos aspectos, pues asegura que al menos una de cada cinco personas que son beneficiarias del programa, viven en la región fronteriza y se verían afectadas por las políticas de seguridad en las zonas. “Urge que sea limpia y lo más rápido posible”.
“El programa que fue establecido en 2012 le daba estatus legal a los beneficiarios por un período renovable de dos años, autorización para trabajar, incluyendo participación en el programa de Seguro Social a 800 mil inmigrantes ilegales en su mayoría adultos, la política fue establecida de manera unilateral, controversial y con preocupación legal, después de que el Congreso rechazara propuestas legislativas similares para darle beneficios al mismo grupo. Ese salto abierto de las leyes es un ejercicio inconstitucional de la autoridad del Ejecutivo”, declaró Jeff Sessions, a principios de septiembre, al anunciar el fin de DACA.
El Fiscal General también dijo para entonces que la medida unilateral por parte de la administración Obama, contribuyó al repunte de la inmigración ilegal en la frontera sur del país con consecuencias humanitarias, mientras que privó de trabajo a ciudadanos estadounidenses, pues a su juicio, los empleos fueron tomados por los inmigrantes.
Por ahora, se espera que el Congreso tome una decisión al respecto, con marzo de 2018 como fecha límite, antes de que este grupo se vea afectado. En un comunicado emitido el mes pasado por el Departamento de Seguridad Nacional se dio a conocer que a partir de septiembre se detuvo la recepción de nuevas peticiones y aplicaciones asociadas al programa.
