Bertha Oliva, vocera del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), denunció este martes 5 de diciembre presuntas violaciones a los DDHH en su país, como consecuencia de la suspensión de las garantías constitucionales ante actos vandálicos y violentos ocurridos tras conocerse la controversial ventaja de Juan Orlando Hernández (42,98%) sobre Salvador Nasralla (41,39 %).
Cifras extraoficiales
Madrid: “Las manifestaciones han sido cruentamente reprimidas por la Policía Militar y el Ejército Nacional de Honduras”
En una rueda de prensa organizada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en Washington DC, la activista denunció vía videoconferencia, que hasta la fecha su organización ha contabilizado 38 manifestaciones reprimidas de 118 realizadas, 13 asesinatos a su juicio llevados a cabo por la Policía Militar (PM) y el Ejército Nacional, 51 heridos de los cuales hay siete de gravedad en su mayoría en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.
“Un joven que perdió un ojo debido al disparo de la PM recibió visitas que han alarmado a los médicos, porque tienen temor de que como no murió, identifique al militar que le disparó. Me detengo en este caso, porque así como este hay muchos, en los que se ha generado persecución cuando ven que las personas no fueron asesinadas”, declaró Oliva.
De acuerdo a las cifras de la organización, se han realizado 832 detenciones en total, de las cuales 501 habrían ocurrido durante el toque de queda, 127 en manifestaciones, 57 por escándalo público, 148 por robo agravado y tres por terrorismo. Hasta ahora registraron tres allanamientos. Las cifras son extraoficiales, pues aseguran que existe un cerco mediático para no difundir los número que hay detrás del conflicto en el país centroamericano.
El llamado que hacen desde COFADEH al presidente de EEUU, Donald Trump, y a las autoridades estadounidenses es a que no reconozcan la victoria de Hernández del Partido Nacional y que le retiren la ayuda militar a su gobierno.
“Estas múltiples violaciones de DDHH no han llevado a ningún proceso de investigación. No ha habido ningún actor por parte del Estado, la Fiscalía no ha empezado a investigar los asesinatos y desapariciones. Como no hay investigación, tampoco sanción. Se mantienen en impunidad estos crímenes que desarrollados por parte de agentes de seguridad y militares”, sentenció Ariel Madrid, coordinador el área legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.
Elecciones controversiales
Honduras vivió un proceso electoral el pasado 26 de noviembre en el que a juicio de Madrid, no se cumplieron las condiciones que exigían al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Demandaban la actualización del censo electoral, participación de representantes de diversos partidos políticos, la segunda vuelta de elecciones, el voto electrónico, entre otras.
Inicialmente el ente había dado como ganador a Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición, candidato que apadrina el exmandatario, Manuel Zelaya, destituido por la Suprema Corte de Justicia de Honduras acusado de traición a la patria y otros delitos graves.
La diferencia daba un margen de 5% sobre Hernández, quien ya venía de ejercer un período presidencial y que a juicio del activista violó la Constitución, que prohíbe la reelección. Sin embargo, el político fue capaz lanzar su candidatura para el segundo período gracias a un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que permitió la acción política.
El izquierdista Nasralla pidió inicialmente revisar 1,006 actas de escrutinio especial, luego subió su exigencia a 5,200 y este martes 5 de diciembre, decidió solicitar la revisión de 18,103.
“Sugiero al Tribunal Electoral revisar las 18,103 actas incluyendo cotejar firmas de cuadernillos y recuento de votos para que todo el mundo quede conforme; si no les parece esto vamos a una segunda vuelta entre JOH y Salvador Nasralla que según el pueblo ganó”, tuiteó el opositor a través de su cuenta @SalvadorAlianza.
Estado de sitio
Sobre la suspensión de las libre circulación en los horarios estipulados, Jorge Ramón Hernández, Ministro Coordinador del Gobierno de Honduras, dejó claro en su anuncio público que “el decreto Ejecutivo ordena detener a toda persona encontrada fuera del horario de circulación establecido por la autoridad o que de alguna manera sea sospechoso de causar daño a las personas o sus bienes. A todo detenido se le leerán sus derechos y se deberá llevar un registro de cada retén o recinto policial y militar del país con los datos de identificación de las personas detenidas, haciendo constar su estado físico”.
Por su parte, Heidy Alachán, dirigente de la Asociación de Jueces por la Democracia y la Coalición contra la Impunidad, informó que se presentó un Amparo contra el decreto que habilitó el estado de sitio en el país y los funcionarios que participaron en su proclamación.
“La gente se empezó a movilizar desde el 26 de noviembre cuando se anunció ganador al candidato opositor en lo que denominaron la caravana de la victoria. Hemos registrado 92 lugares del país donde se han sostenido tomas o manifestaciones públicas dentro de sus territorios. Habían 16 de 18 departamentos movilizados, lo que provocó casi un paro nacional de transporte”, aseveró.
Las calles del país centroamericano fueron escenario de acciones violentas en días pasados entre simpatizantes y detractores de ambos candidatos. Lo que inició como celebración terminó por convertirse en actos vandálicos y saqueos. Oliva, a pesar de que aseguró que no tiene afiliación política, afirmó que el gobierno de Hernández ha infiltrado personas para causar el caos y la violencia.
“Las manifestaciones han sido cruentamente reprimidas por la PM y el Ejército Nacional de Honduras. A pesar de que solo se suspendió la libre circulación, se han afectado otras garantías como la libre expresión y la libertad de domicilio, debido a los allanamientos”, dijo Madrid.
Versión del TSE
David Matamoros, presidente del TSE, anunció el sábado 2 de diciembre su disposición para “negociar” con la oposición en cuanto a las exigencias, sin embargo debido a los cambios continuos en las condiciones, hasta ahora no se ha pronunciado nuevamente al respecto.
Sobre el problema técnico que hubo en el servidor que transmitió los datos al ente electoral, cuestionado por la oposición como parte de un presunto fraude, Matamoros declaró que este evento no provocó modificación alguna en los resultados.
“Cuando el sistema no estaba funcionando no había posibilidad de que ingresara ninguna información, porque es un tema técnico y además los partidos tienen las actas y la decisión de poner un servidor a cada partido que tuvieran las actas nos garantiza que nada se ha modificado”, dijo a la prensa, mientras que aseveró que la Unión Europea hizo su labor como veedor todo el día.
