Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) bombardearon docenas de tiendas 7-Eleven antes del amanecer del miércoles para entrevistar a los empleados y entregar notificaciones de auditoría, llevando a cabo lo que la agencia dijo que era la operación más grande dirigida a un empleador desde que asumió el presidente Trump.
ICE dijo que sus agentes se presentaron en 98 tiendas y realizaron 21 arrestos, describiendo la operación como una advertencia a otras compañías que pueden tener trabajadores no autorizados en su nómina.
“Las acciones de hoy envían un fuerte mensaje a las empresas estadounidenses que contratan y emplean una fuerza de trabajo ilegal: ICE hará cumplir la ley, y si se descubre que infringe la ley, se le hará responsable”, dijo Thomas D. Homan, un alto funcionario de la agencia, en un comunicado.
Homan caracterizó la operación como el nuevo frente de una campaña más amplia contra la inmigración de la administración Trump y su esfuerzo por aumentar las deportaciones. Los agentes de ICE han realizado un 40 por ciento más arrestos en el último año.
“Las empresas que contratan trabajadores ilegales son un factor de atracción para la inmigración ilegal y estamos trabajando arduamente para eliminar este imán”, dijo la declaración de Homan. “ICE continuará sus esfuerzos para proteger empleos para los trabajadores estadounidenses mediante la eliminación de ventajas competitivas injustas para las empresas que explotan la inmigración ilegal”.
ICE dijo que envió agentes el miércoles para entregar notificaciones de auditoría y realizar entrevistas a las 6:00 a.m., cerrando temporalmente las tiendas 7-Eleven en Washington, DC y en 17 estados: California, Colorado, Delaware, Florida, Illinois, Indiana, Maryland, Michigan, Missouri , Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Texas y Washington.
7-Eleven, una compañía basada en Irving, Texas, tiene más de 60.000 tiendas en todo el mundo, según su sitio web. En un comunicado, la compañía dijo que no era responsable de las decisiones de contratación de los propietarios de franquicias individuales.
“Los franquiciados de 7-Eleven son dueños de negocios independientes y son los únicos responsables de sus empleados, lo que incluye decidir a quién contratan y verificar su elegibilidad para trabajar en los Estados Unidos”, dijo la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico.
“Como parte del acuerdo de franquicia de 7-Eleven, 7-Eleven exige que todos los propietarios de negocios de franquicias cumplan con todas las leyes laborales federales, estatales y locales”, continúa el comunicado. “7-Eleven toma en serio el cumplimiento de las leyes de inmigración y ha rescindido los acuerdos de franquicia de los franquiciados condenados por violar estas leyes”.
ICE describió la redada del miércoles como una operación de refuerzo posterior que se basó en una redada en 2013 que resultó en el arresto de nueve propietarios y gerentes de la franquicia 7-Eleven. Los acusaron de “conspirar para cometer fraude electrónico, robar identidades y ocultar y albergar a inmigrantes ilegales empleados en sus tiendas”, según la agencia.
ICE dijo que todos menos uno se declararon culpables y se les ordenó pagar más de 2.6 millones de dólares en salarios atrasados a los trabajadores.
El año pasado, ICE dijo que realizó 1.360 auditorías de empleados, realizando más de 300 arrestos por infracciones penales y administrativas. Las empresas recibieron la orden de pagar 97.6 millones de dólares en confiscación judicial, multas y restitución, dijo la agencia, y 7.8 millones de dólares en multas civiles.
“Haremos más de este trabajo y dedicaremos más recursos para asegurarnos de que las empresas cumplan con la ley”, dijo Dani Bennett, vocera de ICE. “Esto es una demostración de nuestro compromiso con la aplicación de la ley”.
Los propietarios y gerentes de las tiendas tendrán tres días para proporcionar a la agencia información sobre el estado migratorio de sus empleados, dijo Bennett.
El enjuiciamiento de empresarios que contratan trabajadores ilegales suele ser difícil para el gobierno, ya que los propietarios de las empresas suelen insistir en que fueron engañados por empleados que utilizan números de seguridad social falsos.
Los que apoyan una aplicación más estrictas de leyes de inmigración quieren que todos los empleadores utilicen el sistema E-Verify del gobierno, que verifica los formularios de elegibilidad de empleo I-9 de los empleados, los números de seguro social y otra información de identificación con bases de datos federales. Los críticos dicen que E-Verify es propenso a errores y una expansión innecesaria del poder del gobierno.
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)
