WASHINGTON – El Departamento de Justicia dijo el martes que tomaría el “raro paso” de pedir al Tribunal Supremo que anule el fallo del juez y permita a la administración Trump desmantelar un programa que otorga permisos de trabajo a inmigrantes indocumentados criados en Estados Unidos.
La administración de Trump dijo que apeló la medida cautelar del juez -que dice que el programa de la era de Obama debe continuar por ahora- en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito.
Pero el Departamento de Justicia también solicitará a la Corte Suprema a finales de esta semana que intervenga en el caso, una acción inusual que le permitiría al gobierno eludir por completo al Tribunal del Noveno Circuito en su intento de eliminar gradualmente el programa de Acción Diferida para Llegadas durante la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) a partir de marzo.
“Desafía la ley y el sentido común” que un “Tribunal de Distrito único en San Francisco” haya detenido los planes de la administración, dijo el fiscal general Jeff Sessions en un comunicado. “Ahora estamos dando el raro paso de solicitar una revisión directa sobre los méritos de esta medida cautelar por parte de la Corte Suprema para que este problema pueda resolverse rápida y justamente para todas las partes involucradas”.
La semana pasada, el juez de distrito de los Estados Unidos William Alsup en San Francisco emitió una medida cautelar que paraliza los planes de finalizar el programa mientras se encuentra pendiente una demanda en contra de la decisión de la administración Trump.
El juez ordenó al gobierno reanudar la renovación de DACA y autorizaciones de trabajo para los 690.000 inmigrantes que tenían ese estatus cuando Sessions anunció el final del programa el 5 de septiembre. Funcionarios de seguridad interna dijeron el sábado que cumplirían con la orden judicial y reanudarían la aceptación de solicitudes para renovar permisos de trabajo para los inmigrantes, también conocidos como “soñadores”.
El fiscal general de California, Xavier Becerra (D), quien presentó una de las demandas federales que llevaron a la medida cautelar, dijo el martes que confiaba en que los tribunales superiores respetarían la orden del juez.
“La acción ilegal de la Administración Trump para terminar con DACA afecta la vida y el sustento de cientos de miles [de] Soñadores, sus colegas, nuestras universidades, nuestros negocios y nuestra economía”, dijo Becerra en un comunicado.
Como señaló Sessions, es raro pedirle a la Corte Suprema que intervenga antes de que los tribunales inferiores hayan completado su trabajo. Los jueces podrían tomar el caso si deciden que es lo suficientemente importante, o confiar en su patrón habitual de espera hasta que el tribunal de apelaciones haya actuado.
Hasta que el Departamento de Justicia no presente su solicitud específica ante la Corte Suprema, es difícil predecir con qué rapidez actuarán los jueces. El departamento no solicitó a la Corte Suprema una suspensión de la decisión de Alsup, lo que habría provocado una acción más rápida por parte de la corte.
El destino de los beneficiarios de DACA está en el corazón de una disputa legislativa en Capitol Hill que podría resultar en un cierre del gobierno a fines de esta semana. El presidente Trump dice que el presidente Barack Obama excedió su autoridad cuando creó el programa DACA en 2012, y que el Congreso debe aprobar leyes que protejan a los soñadores para que se les permite quedarse.
Trump ha expresado su simpatía por los inmigrantes, que fueron traídos a los Estados Unidos por sus padres como menores de edad y no violaron la ley a conciencia. Pero también está presionando por la seguridad fronteriza y otras medidas como parte de cualquier acuerdo legislativo.
La sentencia de Alsup dice que California y otros demandantes han demostrado que probablemente serían exitosos en sus afirmaciones de que la revocación del programa que ha estado vigente los últimos seis años por parte de la administración Trump fue “caprichosa” y no cumplía con las leyes federales.
El juez dijo que los estados, los inmigrantes y las universidades públicas enfrentaban pérdidas significativas si un tribunal determinaba que la administración había actuado de forma incorrecta al cancelar el programa.
Los abogados del gobierno han argumentado que Trump tenía la autoridad para rescindir DACA en septiembre, y que los tribunales no tenían el poder de revisarlo bajo la ley federal.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) criticó duramente a la administración Trump por apelar la decisión, señalando que fue “la última acción de un inquietante patrón de acciones hostiles contra jóvenes inmigrantes en todo Estados Unidos”.
Lorella Praeli, la directora de políticas migratorias de ACLU, dijo que Trump no logró negociar un acuerdo con el Congreso que proteja a los inmigrantes.
El martes, más de 300 inmigrantes que tienen protecciones de DACA fueron a Capitol Hill para presionar a los senadores republicanos clave para que aprueben una legislación que les otorgue la ciudadanía de los EE.UU. Los líderes demócratas en el Congreso quieren incluir protecciones para los soñadores en cualquier acuerdo de gasto que se apruebe antes de que venza el financiamiento del gobierno el viernes.
“Los republicanos de hoy tienen una opción: seguir el liderazgo de Donald Trump o salir y entender que no está bien lo que está sucediendo”, dijo Ambar Pinto, una residente de Alejandría de 24 años cuyos padres la trajeron a Estados Unidos desde Bolivia cuando tenía 12 años. “Necesitan tomar una decisión. Ya no podemos esperar. Tienen que hacerlo ahora”.
Pinto tiene protección DACA, pero dijo que su hermano de 17 años no tenía la edad suficiente para presentar una solicitud antes de que la administración Trump finalizara el programa.
Robert Barnes y Matt Zapotosky contribuyeron con este reporte.
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)
