El censo estadounidense de 2020 incluirá una pregunta sobre el estatus de ciudadanía, una decisión que ha causado mucha controversia. Quienes la rechazan, en especial los demócratas, alegan que intimidará a los inmigrantes y los desalentará de responder, causando menos exactitud en los datos.
Pocas horas después de que la decisión fuera anunciada por la administración de Trump, el fiscal de California, Xavier Becerra, demandó al U.S Census Bureau porque considera que esta pregunta sobre ciudadanía es “inconstitucional”.
Una coalición de secretarios de Justicia estatales exhortó al Departamento de Comercio a no incluir esa pregunta. “Agregar una pregunta de ciudadanía en esta fecha tardía socavaría fatalmente precisión del Censo 2020”, escribieron. Del mismo modo, “esta medida perjudica a los estados y a nuestros residentes”.
La jefa del bloque demócrata en la cámara baja, Nancy Pelosi, dijo el martes que la inclusión de la pregunta “provocará miedo y desconfianza en comunidades vulnerables. Las comunidades tradicionalmente sujetas a recuentos insuficientes sufrirán una subrepresentación, exclusión financiera y retraso aún mayor”.
El Departamento de Justicia ha señalado que la pregunta permitiría mejorar el cumplimiento de la Ley de Derechos Electorales.
Los datos del censo, que se recopilan cada 10 años, se utilizan para rediseñar los distritos de la Cámara y las asignaciones de fondos, por lo que la inclusión de esta pregunta, según sus adversarios, pondría en peligro una representación política precisa, la financiación de escuelas locales, atención médica y servicios vitales para las familias americanas.
Localmente, el sindicato SEIU 32BJ emitió un comunicado expresando que la decisión del Secretario de Comercio Wilbur Ross de agregar una pregunta ampliamente criticada sobre el estado de ciudadanía en el Censo de los EE. UU. 2020 es “otro ejemplo de las reformas de la administración Trump, impregnadas de valores supremacistas blancos, que tienen la intención de dividirnos y dañar a las comunidades de color. Este es un intento claro de intimidar a inmigrantes y personas de color de la clase trabajadora, al mismo tiempo que proporciona un medio para privar del derecho al sufragio y privar a estas comunidades de los recursos de los que dependen”.
Por su parte, el director ejecutivo del Lawyers’ Committee for Civil Rights and Economic Justice, Iván Espinoza Madrigal, opinó en un comunicado que “politizar el censo de esta manera socava el propósito mismo del censo. Las preguntas sobre ciudadanía pueden haber sido parte del censo en la era de Jim Crow y hasta la década de 1950, pero hoy necesitamos soluciones del siglo XXI”.
La redacción final del cuestionario del censo debe ser presentada ante el Congreso antes del 31 de marzo.
