WASHINGTON.- La administración Trump liberó a unos 100.000 inmigrantes atrapados en la frontera entre México y Estados Unidos en los 15 meses transcurridos desde que el presidente asumió el cargo, según muestran las últimas cifras del gobierno, a pesar de las repetidas promesas de poner fin a las políticas de “captura y liberación” del presidente Barack Obama.
Los funcionarios de seguridad interna dicen que tuvieron que liberar a los inmigrantes, más de 37.500 menores no acompañados y más de 61.000 miembros de familia, debido a fallos judiciales y leyes federales que prohíben las detenciones prolongadas de niños, así como por la falta de camas de detención.
La cantidad de personas atrapadas cruzando la frontera ilegalmente cayó a un mínimo de 46 años después de que Trump llegara a la Casa Blanca, lo que llevó al entonces secretario de Seguridad Nacional John Kelly, ahora jefe de gabinete de la Casa Blanca, a declarar que la práctica de “atrapar y liberar” había terminado
Pero luego de que las aprehensiones se dispararon en los últimos meses, llegando a 50.000 en marzo, Trump pidió enviar a la Guardia Nacional a la frontera mexicana y, por segunda vez, prometió dejar de liberar a los migrantes mientras esperan los procedimientos de deportación, algo que que puede llevar años.
Funcionarios federales dicen que están limitados por una ley contra la trata de personas de 2008 que prohíbe la repatriación de menores no acompañados a países distintos de México y Canadá sin una audiencia, así como un acuerdo legal de 1997 que limita cuánto tiempo pueden detenerse los niños indocumentados. Las autoridades dicen que aproximadamente la mitad de los que cruzan la frontera provienen de América Central. El gobierno a menudo libera a padres e hijos porque las instalaciones de detención no tienen suficiente espacio para mantenerlos bajo custodia.
“La administración Trump tiene las manos atadas”, dijo Katie Waldman, vocera del Departamento de Seguridad Nacional.
Otro factor que obstruye el proceso de deportación es que más inmigrantes buscan asilo ahora que en el pasado. Conforme a la ley federal, el gobierno no puede deportar a los solicitantes de asilo antes de que se escuchen sus casos en los sobrecargados tribunales de inmigración; muchos son liberados bajo fianza para vivir y trabajar en los Estados Unidos.
Los números muestran la casi imposibilidad de encerrar a cada persona atrapada cruzando ilegalmente, independientemente de la política de la Casa Blanca.
Mientras los defensores dicen que la gran mayoría de los que cruzan la frontera simplemente están huyendo de la violencia de pandillas y el tráfico de drogas, o buscan una vida mejor en los Estados Unidos, la administración Trump dice que liberarlos crea un riesgo para la seguridad pública.
“Aquellos que violan nuestras leyes de inmigración han seguido explotando vacíos legales en detrimento de nuestra seguridad nacional y la seguridad del pueblo estadounidense”, dijo el portavoz de Seguridad Nacional, Tyler Houlton.
Terminar con la política de “atrapar y liberar” se suponía que era la prioridad número dos de Trump en materia de inmigración, después de cerrar la frontera con México. Como candidato, Trump criticó a Obama por no detener el flujo de personas que cruzan la frontera y de liberar a miles de ellos a la espera de los procedimientos de deportación. Días después de asumir el cargo, Trump emitió una orden ejecutiva que decía que los inmigrantes deberían ser detenidos hasta que pudieran ser enviados fuera del país.
Pero eso no sucedió. Cuando Trump convocó a la Guardia Nacional la semana pasada, la Casa Blanca dijo en un comunicado que el gobierno desde el año fiscal 2016 había arrestado a 167.000 padres y niños, pero luego liberó a la mayoría, junto con más de 107.000 menores no acompañados.
Un desglose de las cifras solicitadas por The Washington Post mostró que las cifras fueron ligeramente más altas. Alrededor de 200.000 familias y menores no acompañados fueron liberados bajo Obama. A pesar de la disminución inicial en los cruces fronterizos, más de 98.000 fueron liberados bajo Trump, según estadísticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que libera adultos y familias, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que toma custodia de menores no acompañados y los coloca con un padre o tutor.
“Creo que el presidente se ha dado cuenta de que tenemos una Constitución y un Tribunal Supremo que rigen cómo y cuándo se puede detener a las personas”, dijo Gregory Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
Los grupos conservadores que apoyan los esfuerzos de Trump para reducir la inmigración ilegal se han quejado durante meses de que continúa liberando a los que cruzan la frontera.
Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas del Centro de Estudios de Inmigración, dijo en diciembre que “los contrabandistas han descubierto que los tribunales han atado las manos de ICE y que ICE no tiene el dinero para el espacio de detención. La política de atrapar y liberar todavía está en efecto”.
La Casa Blanca dijo que muchos menores liberados, de los cuales casi el 70 por ciento son adolescentes, no se presentaron a las audiencias de deportación.
“Los ciudadanos extranjeros ven lo fácil que es ingresar a los Estados Unidos, y lo difícil que es para las autoridades federales de inmigración sacar del país a los extranjeros que ingresan ilegalmente”, dijo la declaración de la Casa Blanca la semana pasada. “… En ausencia de soluciones duraderas … solo podemos esperar que el flujo de inmigración ilegal en nuestro país continúe”.
Pero los miembros liberales del Congreso y los grupos de derechos civiles dicen que no hay razón para detener a menores y familias.
“Está claro que la Administración Trump preferiría encarcelar a mujeres embarazadas, niños y otros inmigrantes vulnerables a pesar de que existen alternativas más seguras y más humanas”, dijo en un comunicado Michelle Lujan Grisham, demócrata por Illinois, presidenta del caucus del Congreso. “Esto es incorrecto, costoso y traiciona nuestras creencias y principios más profundos como pueblo”.
Obama intentó crear una alternativa a la política de “atrapar y liberar” con un programa de refugiados que otorgaba residencia legal a los menores que tenían un padre en el país legalmente. Pero Trump canceló ese programa el año pasado.
Su decisión de desplegar la Guardia Nacional es alabada por aquellos que tienen un visión dura contra la inmigraciones, quienes dicen que le corresponde al Congreso financiar las solicitudes de Trump de construir un muro fronterizo y contratar más jueces de inmigración, y cambiar las leyes que limitan el tiempo de detención de los menores.
“El Congreso simplemente necesita dar un paso al frente”, dijo R.J. Hauman, director de relaciones gubernamentales de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense, que favorece la reducción de la inmigración legal e ilegal. “Estas personas quieren ser detenidas porque saben que serán liberadas en el interior del país”.
Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada de gobierno en la Universidad George Mason que ha estudiado el tráfico de inmigrantes, dijo que los posibles migrantes podrían ser disuadidos por la presencia de guardias nacionales. Pero en última instancia, dijo, basarán sus decisiones en si otros continúan ganando al ser liberados en los Estados Unidos.
“Inicialmente dirán, ‘Esperemos'”, dijo. “Uno lo va a intentar, y luego 10 lo intentarán. Y si no se ven afectados, entonces continuarán”.
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)
