Una solución que podría funcionar para los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que han sido afectado debido a la cancelación de esta protección por la administración de Donald Trump, sería la aplicación para asilo político, debido a las condiciones en las que se encuentran los países originarios de estos inmigrantes, según aseguró Simón Sandoval-Moshenberg, directivo de Legal Aid Justice Center, en entrevista con El Tiempo Latino.
A pesar de que las razones originales por las que se otorgó esta medida tanto a El Salvador, como Honduras y Nicaragua han variado, para el experto, los países atraviesan por conflictos armados que justifican solicitudes de asilo. Sin embargo, esto podría significar el colapso del sistema, que ya se encuentra saturado, pues se agregarían casi 300 mil personas, que solo contarían con esta opción.
“En mi experiencia, solo alrededor del 10% califica para algún otro tipo de estatus legal, por ejemplo, si se han casado con algún ciudadano. Entonces, si fuera lo opuesto, esto no sería una crisis. Los asilos van a ser casos muy difíciles, pero es la única opción y nada pierden. Normalmente hay que solicitarlo dentro de un año de haber llegado al país, pero hay excepciones. Una de ellas es haber estado con estatus legal. Entonces, tendrán un plazo para pedirlo”, declaró Sandoval-Moshenberg.
Solo hay dos razones por las que el TPS pudo haber sido otorgado: desastres naturales o conflictos armados. En ese sentido, el abogado explicó que a pesar de que las razones que dieron origen al beneficio ya no existen, ahora países como El Salvador y Honduras, son azotados por la violencia.
“Existen grupos paramilitares que tienen control sobre grandes partes del territorio nacional. Es un conflicto armado. Tienen armamentos parecidos a los guerrilleros de Colombia, igual como era la situación en el país suramericano, pero allá se reconoció como una guerra, mientras que en estos dos últimos el gobierno de EE.UU. no los quiere reconocer como tal, porque implica ciertos derechos para las personas que vienen huyendo”.
El martes 15 de mayo, Sandoval-Moshenberg participó en una reunión organizada por la Coalición de Organizaciones Latinas de Virginia (VACOLAO, por sus siglas en inglés) en la que discutieron formas de minimizar el daño que causará la terminación del beneficio migratorio, entre otros temas de interés. “Aquí en el norte de Virginia nos va afectar más en el resto del país porque tenemos la proporción – no la cantidad- de población tepesiana más grande en todo el país. Las diferentes agencias de la zona deben tomar esto en cuenta cuando se reúnen”, dijo.
¿Cree que las declaraciones de John Kelly sobre abrir un camino a la ciudadanía a los beneficiaros del TPS se convertirán en ley?
La Casa Blanca no tiene poder sobre el TPS, porque está en manos del Congreso. Entonces, es lo mismo que dijo el presidente cuando canceló la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA, por sus siglas en inglés), que lo estaba haciendo para que el Congreso actuara. Decir que la responsabilidad es de esa institución porque no ha pasado una reforma migratoria, es evadir la culpa que cae en hombros de Trump y Kirstjen Nielsen, secretaria del Departamento Seguridad Nacional (DHS).
¿No era esta una medida temporal que debió ser vista como tal desde un principio?
Después de casi dos décadas de tener este estatus, cada 18 meses llenar el formulario y pagar la renovación, uno llega a tener una expectativa sobre cómo va a ser el futuro, claro, serán las Cortes que decidan si eso tendrá fuerza legal. Han organizado sus vidas alrededor de esto. Ellos han estado obedeciendo las reglas y cumpliendo con la ley, sin antecedentes criminales, porque con un solo crimen o dos delitos menores te quitan la protección. Muchos ya han comprado casas, algunos son pequeños empresarios, tienen compañías de construcción, son dueños de restaurantes y emplean a gente.
¿Qué novedad hay sobre la posible pérdida de estatus para inmigrantes que tienen ayudas del gobierno?
Si el inmigrante recibe beneficios, se le podría considerar como una carga pública. Ahora, si su hijo es ciudadano y recibe beneficios, no hay impacto, pero lo que el gobierno pretende hacer es que eso perjudique a los padres. DHS no ha publicado nada todavía, lo que hay son documentos filtrados. No se deben que tomar acciones drásticas como sacar s sus hijos de los “Food Stamps”. Hoy día los indocumentados no reciben estos cupones porque no califican.
