La embajada de Estados Unidos en Guatemala pidió a la Corte de Constitucionalidad (CC) resolver el caso de la minera San Rafael de una forma que esté apegada a los derechos humanos y leyes ambientales.
En agosto 2017, la CC suspendió las operaciones de la minera por señalamientos de discriminación. En la actualidad, tiene 271 días sin operar.
La embajada aseguró en un comunicado que “un clima estable de inversión depende de un marco legal claro, del respeto al estado de derecho y de la transparencia en la aplicación de la ley”.
Asimismo, recalcan que esos son los pilares para aprovechar los “abundantes recursos naturales” del país, y así lograr un clima que sea favorable para el crecimiento económico, generando más empleos y mejorarando el sustento de los guatemaltecos.
Por lo mismo, Estado Unidos a través de su embajada insta a todas las partes involucradas en ese conflicto, especialmente a las autoridades pertinentes y a las comunidades locales a que “trabajen juntas para lograr una solución transparente y de beneficio para todos”.
“Las inversiones deben adherirse a los requisitos legales, incluyendo el respeto a los derechos humanos y las leyes ambientales locales, y también deben cumplir con los convenios internacionales”, concluye el comunicado.
Con información de Prensa Libre.
