Canadá confirmó a través de su Oficina para la Política Exterior que 14 funcionarios venezolanos fueron sancionados “en respuesta a las elecciones presidenciales ilegítimas y antidemocráticas celebradas en Venezuela el 20 de mayo”.
Las personas relacionados con el gobierno de Nicolás Maduro que se encuentran en la lista son:
La vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tania Díaz; el secretario de la ANC, Fidel Iriarte; la subsecretaria de la ANC, Carolys Pérez Gonzalez y el constituyente, Dario Vivas.
La esposa de Nicolás Maduro y tia de los “narcosobrinos”, Cilia Flores y la alcaldesa del municipio Libertador en Caracas, Erika Farías.
Los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Christian Tyrone Zerpa, Fanny Márquez Cordero, Indira Alfonzo Aguirre y Jhannett Madriz Sotillo; como también al vicepresidente de esa misma sala Malaquias Rodríguez.
Al rector suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y miembro de la Junta Nacional Electoral, Carlos Quintero Cuevas, y al secretario general del CNE Xavier Moreno Reyes.
Finalmente, Carlos Rotondaro Cova, el expresidente de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS), también se encuentra en la lista.
Como consecuencia, Canadá congelará sus activos, en caso de que los tengan en su territorio o sistema financiero y la prohibición para cualquier canadiense a tener transacciones o proveer servicios a los sancionados.
“Estas sanciones envían un mensaje claro de que el comportamiento antidemocrático del régimen de Maduro tiene consecuencias. El anuncio de hoy es una prueba de nuestro compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo”, dijo Chrystia Freeland, Ministra de Relaciones Exteriores.
Ante esto, Freeland aseguró que “Canadá está tan decidido como siempre a apoyar al pueblo de Venezuela en su búsqueda de un futuro más pacífico, democrático y próspero”.
Canadá también dijo que las medidas tomadas por ellos “son consistentes con los principios y valores canadienses y apuntan a mantener la presión sobre el gobierno venezolano para restaurar la democracia constitucional y el respeto por los derechos humanos y democráticos”.
“Las sanciones relacionadas con Venezuela se han promulgado en virtud de la Ley de Medidas Económicas Especiales para implementar la decisión de la Asociación formada entre Canadá y los Estados Unidos de América el 5 de septiembre de 2017”, reza el comunicado.
El pasado 29 de mayo, un grupo de expertos designado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que existe “fundamento razonable” para considerar que Venezuela ha cometido crímenes de lesa humanidad e identificó a 11 posibles responsables, encabezados por el presidente, Nicolás Maduro.
El informe, presentado en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, concluye que hay base legal para denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Con información de LaPatilla.com
