Las fotos, los videos, las grabaciones y todas las historias que se han vuelvo virales sobre la separación de las familias que cruzan la frontera, han dado un giro en las acciones del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Tras la firma del decreto del mandatario estadounidense, que pretende dejar de separar familias de inmigrantes en la frontera, se espera que los padres puedan reunirse con sus hijos mientras enfrentan un proceso migratorio o criminal.
En el marco de la oposición a su política de “tolerancia cero” hacia la inmigración ilegal, Trump se vio acorralado por las presiones tanto nacionales como internacionales, que lograron con fotografías y videos virales, que el gobierno federal tomara una decisión frente al tema.
Ésta separación de familias que inició a principios de mayo en la frontera con México y que afecta a más de 2.300 menores inmigrantes, ha sido materia de crítica constante por violación de derechos humanos.
Lo que en realidad propone esta medida del gobierno estadounidense, es reunir a las familias en centros de detención donde los menores tendrán que vivir en un ambiente hostil y en condiciones no aptas, mientras esperan a que sus padres se enfrenten a un juez federal.
De acuerdo con Juan González, ex asesor del ex vicepresidente Joe Biden, Estados Unidos venía construyendo un mensaje coherente en temas de derechos humanos, respeto y humanidad que ahora se empezó a quebrantar. “Esta administración no ha pensado muy bien cómo coordinar su respuesta al fenómeno del incremento de migración hacia la frontera. Es una falta de responsabilidad por parte del gobierno de Trump”.
“¡Es el colmo!”, dijo González al referirse a la única solución que propone el actual gobierno de mantener a las familias juntas, pero en prisiones federales, mientras sus padres pasan por el proceso legal.
Violación de derechos
Por su parte Juan Carlos Hidalgo, analista político para América Latina, dijo que la política de cero tolerancia viola los derechos humanos de los menores porque “van a permanecer internados y como criminales”. A los inmigrantes no se les permite entrar a los Estados Unidos, sino que se les retiene por infringir la ley y deben esperar por su audiencia de deportación.
Ena Peña, cónsul general del Salvador en Washington, DC expresó que la situación que se vive en la frontera ha afectado a varias familias salvadoreñas que ahora se enfrentan a un proceso de reunificación. “Nos duele mucho y estamos bastante consternados con la situación, pero igualmente trabajando duro para llevar a buen término todas las reunificaciones familiares de esos niños que se han visto separados”, dijo Peña.
El proceso que tenía un inmigrante al querer ingresar a los Estados Unidos era pasar por un oficial de la frontera quien primero debía averiguar la situación por la que el individuo deseaba entrar, es decir, si la persona estaba huyendo de su país y deseaba buscar asilo. Para este proceso, existen leyes que permiten que los detuvieran por un periodo corto, luego los dejaban libres, les instalaban un grillete y les citaban a corte.
El ex asesor González dijo también que ésta administración lo que ha hecho es criminalizar la búsqueda de la esperanza y de la libertad.
Paralelamente, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció que las víctimas de violencia de género no califican para asilo (Ver historia en la Pag. A3). Es decir, estamos hablando de las miles de familias que vienen huyendo de su país a buscar un refugio en los Estados Unidos, y ahora no tienen esperanza alguna debido a esta nueva medida.
La sentencia de la Fiscalía toma precedente sobre decisiones previas, lo cual implica que personas con casos pendientes de asilo podrían perder la protección que actualmente confiere los Estados Unidos.
Hidalgo afirma que el dato que la administración Trump dio a conocer sobre las personas que buscaban asilo y no se presentaban a corte ha sido hiperbolizado. “Creó un bache que permiten que la gente abuse del sistema y se quede de ilegal en los Estados Unidos”.
Al cancelar éste amparo migratorio, los inmigrantes no podrán optar por una salida o beneficio del gobierno estadounidense. Lo que esto sugiere es que ahora el gobierno federal no sólo procesará a un inmigrante por tema migratorio, sino se le presentarán cargos criminales, el de ingresar al país de forma ilegal se tomará como un crimen inicial para ser procesado ante un juez.
“Nosotros en la administración de Obama cuando llegaba alguien, sino tenían un argumento creíble para asilo, pasaba por un proceso de deportación, pero no los tratábamos como criminales”, expresó el ex asesor del ex vicepresidente Joe Biden frente a los cargos criminales que ahora se imputan a los inmigrantes.
Retroceso significativo
La cónsul Peña dijo que “el deber del Consulado es vigilar el cumplimiento del debido proceso para garantizar que ningún derecho de los menores de edad sea violentado”.
Por su parte Hidalgo puntualizó: “ya no pueden entrar solicitando asilo, entonces tienen que entrar de manera ilegal, se les considera como criminales y es por eso que se les detiene”.
La decisión de la administración de Trump representa un retroceso significativo sobre los avances que se lograron en las últimas décadas en defensa de los inmigrantes, y una de las razones que admitió la Casa Blanca para optar por esta medida es para enviar un mensaje “disuasivo y preventivo” a los inmigrantes que estén en camino hacia los Estados Unidos y darles a entender que una de las consecuencias que enfrentarían si intentan cruzar la frontera de forma ilegal, sería la separación de sus familias, y así, evitar que esta situación siga sucediendo.
Por ahora el mandatario estadounidense continúa presionando al Congreso con el fin de aprobar medidas migratorias y obtener la financiación del muro, unas de sus grandes promesas de campaña.
