Mientras la naufragante ley de procedimiento de la JEP se jugaba su última oportunidad en el Senado, el país daba un paso adelante a favor de la protección de sus páramos. El Capitolio saliente aprobó la iniciativa con la que los 36 ecosistemas del territorio nacional deberán ser tratados con mecanismos especiales que garanticen su preservación. Paradójicamente, la protección de los sistemas ecológicos y las especies animales en el país no ha sido una tarea fácil. Los colectivos ambientalistas han defendido la preservación de los páramos y otros ecosistemas naturales como los humedales, logrando pequeñas victorias que han llegado como cuentagota.
Los páramos viven en medio de una salvaje fragilidad. Aunque se imponen, han quedado a merced de la mano del hombre y en ellos se realizan actividades como la minería, ya prohibidas por la Corte Constitucional. Estos ecosistemas poseen condiciones geológicas estratégicas, pues cuentan con subsuelos que esconden minerales como el petróleo, carbón, arena silícea, oro y zinc. Sus características los hacen susceptibles a la aprobación de títulos mineros que ya han sido restringidos por la sentencia C-035 de 2016. Sin embargo, el precedente no ha sido suficiente.
La ley de páramos, que hoy tiene vía libre para su implementación, buscará en este sentido dar respuestas técnicas y jurídicas. De ellas se encargarán los Ministerios de Ambiente, Minas y Agricultura. El proyecto fue aprobado con unanimidad por todas las bancadas que participaron en la creación del texto final en un ejercicio de concertación con comunidades de diferentes regiones en el país. “El agua es una responsabilidad que no podemos eludir y por eso lo que queremos es transformar o reconvertir las actividades de alto impacto que pongan en riesgo los páramos”, explicó Carlos Eduardo Guevara, uno de los ponentes del partido Mira.
Desde hace ocho años, la bancada de ese partido presentó el proyecto que se aprueba casi después de una década. Junto a otros congresistas como Luciano Grisales, trabajaron en los lineamientos del proyecto que hoy tiene luz verde. Al tiempo, las instituciones ambientalistas y los expertos le insistían al Senado la necesidad de avanzar con la iniciativa que, entre otras cosas, fijaría las reglas para controlar la explotación minera en estos ecosistemas.
La urgencia no era menor, el territorio colombiano posee el 50 por ciento de los páramos en el mundo, en los cuales se produce al menos el 70 por ciento del agua que utilizan los colombianos. Tomar medidas más estrictas a las que ya existían, ayudaría a darle un respiro a la asfixiante lucha de las poblaciones que habitan en ellos. Las comunidades indígenas han abanderado una batalla por la protección de estas zonas, denunciando actividades de extracción de hidrocarburos y agricultura a gran escala y defendiendo su derecho a seguir practicando actividades de carácter ancestral que no representarían un riesgo alto para los ecosistemas.
Fuente: Semana
