El 18 de abril inició un ciclo de protestas en Nicaragua causadas por unas reformas al sistema social propuestas por el gobierno del presidente Daniel Ortega. A pesar de que fueron revocadas el 22 de abril, las manifestaciones continuaron por la cantidad de vidas que la prepresión había cobrado.
Hasta la fecha, las cifras muestran más de 300 muertes y mil 200 heridos. Se han visto atrocidades contra miembros de la Iglesia, masacres en poblaciones y diálogos fallidos. Muchos advierten que es una situación similar a la que vivió Venezuela en el año 2017 e inclusive hay gran miedo a “terminar igual”.
La rebelión de abril en Venezuela comenzó a raíz de la ruptura del hilo constitucional después de que el Supremo se atribuyera las funciones de la Asamblea Nacional, con mayoría opositora. Las manifestaciones se mantuvieron por 3 meses, cobrando la vida de 157 personas. Sin embargo, la protesta cesó sin lograr los objetivos planteados, entre los cuales estaba el adelanto de elecciones, como es el caso de Nicaragua.
A pesar de la similitud en los hechos, en los métodos de represión y en los regímenes, aún el caso de Nicaragua puede resultar distinto, e inclusive Venezuela podría dar un vuelco.
¿Por qué ambos países no han logrado los objetivos hasta ahora?
Las transiciones de un régimen autoritario a un Estado democrático deben cumplir ciertos requisitos. Si bien las protestas son un aspecto esencial, al igual que el apoyo de la comunidad internacional, es necesario generar un quiebre en el bando opresor, en este caso el régimen de Maduro y Ortega respectivamente, para que disminuya el costo que tendrían que pagar al salir del poder.
Esto se debe hacer mediante negociaciones que a su vez permitan la transición, pero sólo sería efectivo de cumplirse las dos condiciones mencionadas previamente. Así lo ratifican expertos en materia de estrategia y movilización política, como Benigno Alarcón, Juan Manuel Trak y John Magdaleno, quienes sostienen que a pesar de que ambos países se han sentado a dialogar en sus respectivos escenarios, no bajaron el costo de salida de los gobernantes las veces que la oposición ha logrado quebrar internamente los regímenes.
Asimismo, Alarcón especificó que en el caso venezolano, la oposición únicamente se ha sentado a negociar en los momentos en los que tienen “la soga al cuello”, considerando además que en los puntos políticos que la coalición se ha visto más fuerte, no han considerado convocar un diálogo.
El miedo al cisne negro
Si bien es cierto que los manifestantes en ambos países tienen razones suficientes para salir triunfantes de sus respectivas situaciones, hay que considerar que el bando opresor “también juega”.
En este tipo de escenarios es común que el régimen en cuestión provoque un “cisne negro”, una situación que cambia el rumbo del conflicto. Por ejemplo, las protestas en Venezuela comenzaron a mermar con el anuncio de una Asamblea Nacional Constituyente por parte del gobierno que, al ser instaurada, se convertiría en un supra poder, como lo establece la Constitución de ese país.
Además, no se realizó según los lineamientos establecidos. Se impusieron unas elecciones en las cuales los resultados no concordaban con los que tenía Smarmatic, empresa proveedora del Poder Electoral, quitando así la confianza que podían tener los venezolanos en el sistema.
En este punto, el régimen de Nicolás Maduro encontró cohesión dentro de sus bases, dejando pocas posibilidades a la oposición venezolana que quería recuperar fuerzas mediante un diálogo, pero se encontró con un gobierno fortalecido.
En la actualidad, el venezolano prefiere emigrar porque no avizora un escenario mejor. La oposición está completamente dividida, el costo de salida del régimen sigue siendo más alto que el de represión y la desesperanza ahoga cualquier tipo de iniciativa a las protestas. El único escenario positivo que tienen es la presión internacional que sin otros factores, poco podrá surtir efecto.
En el caso de Nicaragua aún no han tenido un “cisne negro” que les cambie el escenario político. Sin embargo, la salida para Ortega no luce favorable en ningún escenario, por lo que prefiere reprimir inclusive a gremios religiosos, si es necesario. Asimismo, al caso no se le ha dado la atención por parte de la comunidad internacional con la fuerza necesaria para aumentar el costo de represión.
Aunque el gobierno de Estados Unidos haya sancionado a algunos funcionarios del régimen de Ortega, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha puesto un foco importante y al menos 12 países de la región han mostrado preocupación, las acciones de la comunidad internacional no han ayudado a presionar lo suficiente, como tampoco se ha podido generar un quiebre importante en el régimen de Ortega.
