Kai Ambos puede ser el extranjero que mejor conoce el sistema de justicia transicional en Colombia. El catedrático alemán ha visitado el país desde hace décadas y ha estudiado de cerca la recién creada Jurisdicción Especial para la Paz. El año pasado fue nombrado como uno de los cuatro expertos internacionales que serán Amicus Curiae del Tribunal para la Paz.
Ambos es catedrático de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Comparado y Derecho Penal Internacional en la Alemania en la Georg-August Universität Göttingen (GAU), director del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la GAU y juez del Tribunal Especial para Kosovo; antes se desempeñó como juez del Tribunal Provincial de Göttingen.
SEMANA habló con él en su oficina en la Universidad de Göttingen.
Hace unos días, en Colombia se vio una escena sin antecedentes. Los miembros de las Farc acudieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). ¿Ese tipo de actos son normales en estos procesos?
Es difícil comparar el proceso colombiano con otros. Sin duda ver a la cúpula de una guerrilla desmovilizada en un tribunal es impresionante. Incluso en Europa despertó mucho interés. Desde el punto de vista simbólico es un acto muy importante. Significa que las Farc aceptan someterse a la justicia y que reconocen a la JEP como tribunal. En todo caso, desde el punto de vista jurídico, este hecho no tiene mucha trascendencia por el momento, pues apenas es el inicio de la actuación. Solo que muchas veces para la sociedad estos hechos tienen más valor que los momentos técnicos del proceso.
Usted dice que es difícil comparar el proceso que vive Colombia con otros en el mundo. ¿Por qué?
Porque el proceso colombiano es único en cuanto a su diseño. Nunca antes se había implantado un tribunal paralelo a la justicia nacional de esa manera. Se trata de una justicia autónoma. Por otro lado, la JEP logró -en principio- incluir todas las partes del conflicto. Esto es una particularidad que ha generado mucha expectativa y esperanza en la comunidad internacional y en la academia.
Pero ese último punto se ha desvirtuado poco a poco. La Corte Constitucional retiró la competencia frente a los terceros y el Congreso frente a los militares. ¿Qué piensa de esos cambios?
Hay que decir que desde la firma de la paz hasta hoy se ha disminuido la competencia de la JEP y eso tiene implicaciones profundas. La idea de incluir todas las partes buscaba analizar de fondo el conflicto armado y no solamente tener unos chivos expiatorios, como ha sucedido en otros procesos. Ahora el debate tendrá que darse sobre los militares, que fueron excluidos por el Congreso. Sin embargo, no hay que olvidar que la Corte Constitucional debe pronunciarse sobre las reglas de procedimiento en las que se incluyó esa norma.
¿Qué pasaría si esa exclusión de los militares es avalada por la Corte?
En consecuencia la JEP se convertiría en un tribunal para las Farc. Aunque los militares podrían acudir a ese tribunal de manera voluntaria. Sería una realidad contraria a la idea original de un acuerdo entre dos partes del conflicto. En ese sentido, la gran idea del componente judicial del Acuerdo se habría debilitado mucho. El sistema perdería esas características que lo hacían excepcional. Colombia ya no sería ese modelo que muchos quieren estudiar. Si se siguen haciendo cambios se podría decir que la JEP podría pasar de ser un león a ser un ratón.
¿Eso quiere decir que se incumplirían los estándares internacionales, por ejemplo frente a la CPI?
No necesariamente. Los estándares internacionales tienen que ver más con los contenidos que con la institucionalidad. Es decir, por ejemplo, la prohibición de amnistiar crímenes internacionales o la necesidad de un mínimo de sanción. Pero un Estado es libre de desarrollar la institucionalidad que prefiera. A la Corte Penal Internacional o a la Corte Interamericana no le preocupa si a los militares los juzga la JEP o la Corte Suprema, desde que efectivamente sean juzgados. Lo que no puede hacer la justicia colombiana es dejar impunes los crímenes internacionales que se cometieron en el país.
En general, ¿cómo ve la importancia del componente judicial en estos procesos de justicia transicional?
En Colombia, “país de los abogados”, se suele ver a la justicia como la solución a todos los problemas. Pero la verdad es que la justicia, y mucho menos la penal, puede resolver los problemas sociales, económicos etc. de un país. Tampoco la justica transicional viene del cielo a hacer milagros a pesar de que contiene un concepto más amplio de justicia, yendo más allá de un derecho penal de pura venganza.
¿Cuáles son los escenarios jurídicos de los militares si aceptan o rechazan ir a la JEP?
No me puedo pronunciar específicamente porque soy Amicus Curiae de la JEP. Pero en términos generales puedo decir que para las partes, la mayor seguridad jurídica está en la jurisdicción especial. Se trata de una institución que tiene el aval de la Corte Constitucional y el apoyo de la comunidad internacional. Y en ese contexto, es un error estratégico sacar a los militares de allí.
Usted es juez del tribunal de Kosovo, que busca juzgar los crímenes que se cometieron en la guerra independentista que se libró en ese país. ¿Cómo es ese proceso?
El tribunal se estableció hace más de 2 años. Los magistrados fuimos nombrados en febrero de 2017, pero no tenemos todavía casos pues hacer imputaciones esta la responsabilidad de nuestra fiscalía que es totalmente autónoma. No es comparable con Colombia porque en Kosovo no hay un verdadero sistema de justicia transicional, sino que se aplica el derecho penal ordinario e internacional. No hay ninguna negociación, no hay amnistías, no hay algo como la “pena alternativa”. Ahora los magistrados estamos trabajando en nuestras reglas y prácticas de funcionamiento para que estemos bien preparados cuando vienen las primeras imputaciones.
Fuente: Semana
