Los asesinatos y amenazas en contra de activistas comunitarios y defensores de derechos humanos aumentan en Colombia, por lo que la Contraloría prevé que el Estado puede verse en la obligación de pagar grandes cantidades de dinero por concepto de indemnización.
De acuerdo con un estudio de la Contraloría, las medidas de protección implementadas son insuficientes pese a representar un notable esfuerzo, reseñó Semana con información de Efe.
“Aunque la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha hecho un gran esfuerzo para proteger la vida de los líderes sociales amenazados, se requiere una verdadera política de Estado en este tema”, dijo Edgardo Maya Villazón, contralor general.
El gobierno de Colombia anunció recientemente un plan con ocho medidas a favor de líderes sociales amenazados, entre ellas la protección colectiva de comunidades y la adopción de mecanismos para las zonas más afectadas.
La Contraloría detalló que entre 2012 y junio de 2018 hubo 105 demandas, por un valor de 206,4 millardos de pesos por parte de ciudadanos a los que se les negó o retiró la protección.
Unos 327 líderes han sido asesinados entre el 1° de enero de 2016 y el 30 de junio de este año, según información de la Defensoría del Pueblo.
Con información de Efe.
