La posibilidad de purgar una condena mínima de cárcel por confesar que cometieron los delitos de peculado (malversación de fondos) y lavado de dinero llevó ayer a los exempleados de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Herrera, a negociar con la Fiscalía General un juicio abreviado.
Un día antes, en el primer día del juicio, el Ministerio Público pidió al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador un juicio rápido para el expresidente Elías Antonio Saca; Élmer Charlaix, exsecretario privado; Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones, y César Funes, extitular de la Secretaría de la Juventud, porque hicieron una confesión extrajudicial en la Fiscalía.
Con ello, el exmandatario y Charlaix lograron que una condena que pudo ser de hasta 27 años de cárcel se redujera a 10 años; mientras que Rank y Funes solo tendrían que purgar cinco años de reclusión.
Fuera de ese acuerdo quedaron Herrera, acusado de peculado; Rodríguez y Pablo Gómez (quien se desempeñaba como auxiliar contable), quienes enfrentan los cargos de peculado y lavado de dinero.
Los defensores de los tres imputados señalaron que, a finales de julio, le solicitaron a la Fiscalía que se les hiciera un procedimiento abreviado a sus clientes pero hasta ayer en la mañana no les respondía.
Este miércoles, después de que los abogados de los exempleados administrativos explicaran a los jueces cómo desvirtuarían las acusaciones que les hace el Ministerio Público, pidieron al Tribunal un plazo de tres horas para negociar un juicio rápido con los fiscales.
Cuando se reanudó la audiencia, una de las abogadas de la defensa de los exempleados, Francis Vaquero, solicitó media hora al Tribunal mientras el abogado Roberto Claros y la Fiscalía llegaban a un acuerdo del proceso abreviado, pero este solo otorgó 15 minutos.
Al reinstalarse el juicio, las partes informaron a los jueces de la decisión tomada respecto a Herrera y Rodríguez Arteaga. Claros pidió a los jueces que el juicio se suspendiera hasta el lunes mientras los imputados rendían la declaración en sede fiscal, pero su petición fue negada, pese a una revocatoria, porque los juzgados señalaron que esas diligencias eran de carácter extrajudicial.
La Fiscalía pidió para el primero una pena de tres años de prisión y una de seis años para el segundo (tres por peculado y otros tres por lavado de dinero).
Gómez es el único de los siete imputados a quien se le sigue un juicio ordinario por decisión personal, según el abogado Claros.
“La decisión ha sido personal. A la edad de ellos y en las circunstancias en las que se encuentran hay que hacer una valoración de algunos derechos y valores, en este caso, el derecho de la libertad ha sopesado más que el derecho al honor”, señaló Claros al referirse al proceso que enfrentará Herrera y Rodríguez Castellano.
Pese al trato de dos de los exempleados de la Presidencia con la Fiscalía, Tania Pastor, parte del grupo de defensores, señaló que la negociación realizada por sus clientes no asegura que sean culpables.
Por ElSalvador.com
