Dos peritos ratificaron en el quinto día del juicio del caso Saca la forma en que el exmandatario de El Salvador Elías Antonio Saca, tres de sus exfuncionarios y dos exempleados de Casa Presidencial (Capres) habrían desviado los más de 300 millones de dólares de fondos públicos.
La tarde del lunes brindó su declaración al respecto el perito financiero Víctor Osorio, quien confirmó ante el Tribunal Segundo de Sentencia que el dinero que salió de la Presidencia durante la administración Saca fue depositado en 16 cuentas bancarias de Élmer Charlaix y dos empleados de Capres.
Charlaix recibió en ese entonces $17 millones 273 mil dólares de cuentas de la Presidencia en dos cuentas personales, cantidad que justificó como capital de trabajo, detalló el experto.
Mientras, Francisco Arteaga, exempleado de Capres, recibió en 12 cuentas a su nombre la cifra de 258 millones 148 mil dólares de fondos públicos, según el perito.
Osorio agregó que cuatro agencias publicitarias recibieron 7 millones de dólares y luego los enviaron a las cuentas de Saca y sus empresas.
Mientras, Francisco Arteaga, exempleado de Capres, recibió en 12 cuentas a su nombre la cifra de 258 millones 148 mil dólares de fondos públicos, según el perito.
Osorio agregó que cuatro agencias publicitarias recibieron 7 millones de dólares y luego los enviaron a las cuentas de Saca y sus empresas.
Según el Órgano Judicial, entre los testigos llamados a declarar en el proceso se encuentran empleados bancarios, quienes “intervinieron en las operaciones de cobro de cheques y el manejo que se les daba a éstos”, de la Tesorería y Contabilidad del Ministerio de Hacienda y de la Corte de Cuentas.
En un movimiento legal inesperado, Saca y 5 de sus 6 excolaboradores procesados aceptaron confesar en un “juicio abreviado” la forma en la que extrajeron y lavaron los fondos públicos a cambio de penas mínimas de entre 3 y 10 años de prisión.
En el caso del exempleado de la Presidencia Pablo Gómez, quien no aceptó negociar su confesión y enfrentar el proceso “común”, la Fiscalía utilizará a 31 testigos en su contra y “todas” las pruebas admitidas desde la etapa de instrucción.
El expresidente salvadoreño relató el pasado 9 de agosto que para respaldar el desvío de los fondos emitió un reglamento que le daba la facultad de catalogar como secreto de Estado la información relacionada con los movimientos de dinero.
“Dicha normativa me permitía asegurar la aparente legalidad en el manejo de los fondos públicos, aprovechar su uso y apropiármelos en beneficio personal y de otras personas”, sostuvo el exjefe de Estado.
Fuente: El Salvador
