La ola migratoria que viven los ciudadanos de Venezuela por la crisis que atraviesa el país petrolero alcanza cada día mayores proporciones. A pesar de los llamados de la comunidad internacional y las medidas tomadas por las naciones de Suramérica, la situación de los venezolanos que cruzan la frontera en un éxodo masivo, es cada vez más difícil.
Según la ONU, 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años. Huir es una salida desesperada para miles de familias. Atrás dejan a sus seres queridos mientras se ubican en lugares “más seguros”. El trayecto lo realizan en condiciones precarias. Sin ropa, sin comida y sin saber cómo serán recibidos a donde lleguen. No hay un destino final. Regresar a Venezuela no es una opción que por ahora contemplen, aun cuando en los países a los que llegan las cosas tampoco son color de rosa.
Quienes logran llegar a las ciudades vecinas enfrentan más de un desafío. El flujo en la frontera tomó por sorpresa a los países vecinos que no estaban preparados para crear políticas públicas efectivas para una inmigración de estas características, sobre todo con la agonizante relación de los gobiernos con el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Ecuador, por ejemplo, se declaró en “emergencia migratoria” y, en busca de estrategias que le permitan encontrar un balance ante la crisis, endureció sus políticas de ingreso y empezó a solicitar, desde hace una semana, pasaporte para que los venezolanos puedan cruzar la frontera con su país, cuando antes solo necesitaban la cédula. Lo mismo anunció el gobierno de Brasil que hará a partir del 25 de agosto.
Las medidas tienen preocupadas a las autoridades colombianas. Según los registros de migración, la mayor cantidad de venezolanos llega a Colombia, Perú, Chile y Argentina. A estos países han ingresado en tan solo un día hasta 6.000 inmigrantes. Aunque muchos cruzan la frontera para llegar a otros lugares o abastecerse de alimentos y enseres, la mayoría se queda. Sobre todo en Colombia, el país que más recibe a estos ciudadanos.
En Cúcuta, la ciudad con mayor flujo fronterizo, se encuentran los desafíos más grandes. En los últimos 16 meses, al menos un millón de venezolanos han ingresado al territorio colombiano y de estos, unos 800.000 han sido regularizados mientras se crean los mecanismos necesarios para atender la emergencia.
El país ha concentrado sus medidas en la identificación de esta población que se ha reubicado en diferentes departamentos, principalmente, desde el norte hasta la región andina. Las políticas migratorias han sido flexibles, pues, de acuerdo con el gobierno, se ha propuesto resolver la situación de la mejor manera. Sin embargo, el endurecimiento de las exigencias del resto de países pone a Colombia en medio de una encrucijada.
Por el riesgo de que el éxodo sea mayor y se dé en circunstancias irregulares, migración Colombia les solicitó a las autoridades peruanas y ecuatorianas crear una política en conjunto para hacer frente a la crisis migratoria. Que las demás naciones endurezcan sus políticas en estos momentos implicaría que Colombia se podría convertir en la única nación de Suramérica a la que los venezolanos puedan ingresar sin mayores restricciones.
“El llamado que hemos querido hacer es que todos los países que tienen alguna situación en este sentido -si bien es cierto no es responsabilidad de Perú, Ecuador, Colombia- trabajemos de manera coordinada, tengamos unas políticas similares para atender este fenómeno”, dijo en una entrevista radial Christian Krüger, director de Migración Colombia.
El canciller Carlos Holmes Trujillo aseguró, por su parte, que el país no le pediría pasaporte a los venezolanos. Las medidas de Colombia seguirán concentradas durante el gobierno de Iván Duque en la ayuda humanitaria necesaria para la reubicación en condiciones adecuadas de miles de familias. Colombia regularizará la situación de más de 400.000 personas que tendrían un Permiso Especial de Permanencia (PEP) durante dos años. Con esto, los ciudadanos venezolanos podrán resolver su situación académica mediante la validación de estudios, acceder a oportunidades de trabajo y ser atendidos por medios de servicios básicos insatisfechos.
Fuente: Semana