El gasto público de El Salvador al cierre del primer semestre de 2018 sumó $ 3.233,6 millones, 10,2% más que en la misma fecha del año anterior; sin contar las erogaciones que corresponden a pensiones, el desembolso de dinero fue hasta 14% más equivalente a $ 375 millones, indican los datos del Banco Central de Reserva (BCR).
Ante esto, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) se mostró preocupada porque en lugar de mejorar, la situación fiscal del país sigue deteriorándose.
La entidad hizo hincapié en que el gasto de los primeros seis meses de este año es incluso más alto que el promedio registrado en años en los que hay elecciones; pues según sus cálculos, la tasa de crecimiento promedio del gasto público en años sin comicios electorales es de 6,6% y sube a 7,94% cuando los salvadoreños deben votar.
“Estamos visualizando que es urgente ordenar las finanzas públicas pero los datos que estamos viendo hasta junio muestran lo contrario”, aseguró Luz María Serpas, del Departamento de Estudios Económicos (DEC) de Fusades.
De acuerdo con el “tanque de pensamiento”, los resultados del Sector Público No Financiero (SPNF) hasta junio de 2018 indican que al aumentarse en $ 220,4 millones (8,5%) continuó la inercia en los gastos corrientes y con $ 121,3 millones, el déficit fiscal de este año; es decir, la diferencia entre los ingresos y gastos del Estado, casi triplicó los $ 42,4 millones registrados en el mismo periodo de 2017.
Serpas explicó que aunque los ingresos tributarios crecieron $ 175 millones y que la reforma de pensiones facilitó un “alivio” de $ 77,6 millones menos en los gastos del primer semestre de 2018; “otros renglones del gasto siguen incrementándose” y hacen necesario un ajuste de alrededor del 3% del Producto Interno Bruto (PIB).
Fusades estima que considerando los gastos incurridos en la primera mitad del año y las proyecciones de desembolsos para el segundo semestre, incluidas las modificaciones en subsidios que incluye el llamado Plan 10 del Ejecutivo, existe el riesgo de que el déficit fiscal de este año sea mucho más alto que el del anterior y ronde 3,1% de la producción nacional.
“Si hay una reforma de pensiones y el déficit sube quiere decir que los recursos se están gastando en mayor medida, eso va a presionar la deuda y puede llevar al país a perder la oportunidad de consolidar la situación fiscal”, aseguró el también economista del DEC, José Andrés Oliva.
Los datos detallan que el desequilibrio fiscal continúa presionando la deuda del país al alza, que al cierre de diciembre 2017 ya representaba 71,6% del PIB y a junio de 2018 sumó más de $ 18 millardos.
“De no tomar medidas fiscales, la deuda del país solo puede aumentar y encaminarse a la insostenibilidad”, aseguró el organismo en un boletín institucional.
Para Fusades, lograr grandes acuerdos políticos y un compromiso fuerte y decidido del gobierno y otros actores del sector público y privado son requisitos para mantener una situación fiscal sana.
A modo de recomendaciones de corto plazo, la Fundación insistió en que antes de finalizar septiembre, cuando se presenta el presupuesto en la Asamblea Legislativa, los parlamentarios deben retomar la discusión sobre la gestión de la deuda pública a fin de autorizar la emisión de bonos que permitan pagar una parte del capital de la deuda interna y externa que vence entre 2019 y 2024.
También reiteró la necesidad de discutir y aprobar las reformas a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (Ley AFI) para poder implementar a la brevedad el presupuesto por programas con enfoque de resultados, que dicho sea de paso, el mismo Ministerio de Hacienda ya confirmó que para el de 2019 no logrará presentar con el nuevo método.
“La eficiencia del gasto se ve desde la presentación de un buen presupuesto”, dijo Serpas. Mientras no se presente un presupuesto por enfoque de resultados, “el país se va a ir resagando. No se va monitoreando la efectividad del gasto público porque no se puede vincular con los resultados que se han tenido”, agregó la economista.
Fusades también recordó que la Asamblea debe discutir y aprobar las reformas a la Ley de Responsabilidad Fiscal de manera que se revisen y actualicen las reglas de acuerdo con el Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales y se establezcan aquellas que tendrán prioridad.
El “tanque de pensamiento” aseguró que el presupuesto 2019 debería congelar el total del gasto público según el presupuesto modificado para 2018.
“Hace falta un análisis exhaustivo del gasto a manera de priorizar las áreas de salud, educación, seguridad y apuntalar la inversión en infraestructura con asocios público privados (APP)”, comentó Serpa.
