Este jueves, un grupo de representante pertenecientes a distintas organizaciones en pro de la defensa de los derechos humanos, entregaron al Congreso de El Salvador un anteproyecto que tiene la misión de brindar protección a los activistas.
El documento, de acuerdo con la agencia de noticias EFE, está conformado por 70 artículos y exige la creación de al menos de dos entidades que brinden protección a quienes “a diario les son violentados sus derechos humanos y son víctimas de la criminalidad por la que atraviesa el país”.
La activista Alejandra Burgos dijo en rueda de prensa que las entidades cuenten con elementos pertenecientes a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República, la Cancillería y del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Las funciones de las entidades serían crear y ejecutar medidas que protejan a las organizaciones a quienes “el Estado no protege y los abandona, aún sabiendo la importancia de la labor que ejecutan”.
“Las personas defensoras de los derechos humanos realizan su labor en un contexto social de mucho riesgo en donde la violencia, las campañas de desprestigio y las persecuciones son el pan de cada día, por ello consideramos que es urgente que el Estado proteja a este sector”, sostuvo Burgos.
